La Generalidad estudia la posible inconstitucionalidad en la adjudicaci¨®n de 120 emisoras de FM

La Generalidad de Catalu?a encarg¨® a un equipo de juristas el estudio de una demanda de inconstitucionalidad, a presentar en su caso ante el Tribunal Constitucional, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre por el que se adjudicaban 120 emisoras de Frecuencia Modulada (FM) en cumplimiento de la primera fase del plan de radiodifusi¨®n de la mencionada frecuencia.

En aquella adjudicaci¨®n no se concedi¨® ninguna emisora para Catalu?a debido a que la competencia en esta materia est¨¢ en litigio ante el Tribunal Constitucional, por demanda del Gobierno central contra un decreto de la Generalidad. Fuentes de esta ¨²ltima instituci¨®n manifestaron a este diario que el Tribunal Constitucional dictar¨¢ sentencia muy en breve, y que ¨¦sta ser¨¢ favorable a la Generalidad, seg¨²n les indicaron en medios pr¨®ximos al citado tribunal.En su d¨ªa fueron presentadas ante la Generalidad. de Catalu?a 252 solicitudes de concesi¨®n de emisoras comerciales de FM y 92 de emisoras institucionales, tambi¨¦n de FM. Dada la existencia del litigio, 170 promotores de emisoras comerciales en Catalu?a y 46 de institucionales presentaron paralelamente sus solicitudes ante la Administraci¨®n.

Dentre del procedimiento judicial, el Tribunal Constitucional dict¨® el pasado mes de noviembre un auto por el cual dispon¨ªa que la Administraci¨®n central remitiese a la Generalidad los expedientes relativos a concesiones en Catalu?a. Este auto permanece hasta ahora Incumplido, seg¨²n fuentes de la Generalidad.

Una vez hecha p¨²blica la sentencia del Tribunal Constitucional, puede darse otra confrontaci¨®n respecto. al n¨²mero de emisoras que deban corresponder a Catalu?a. Seg¨²n el criterio dominante en la Administraci¨®n central, deber¨ªan adjudicarse unas treinta emisoras, mientras que la Generalidad estima que el n¨²mero total no debe ser inferior a 45, adem¨¢s de las ocho o nueve emisoras que pondr¨¢ en marcha directamente la Generalidad, en el ejercicio de su derecho a crear una red de emisoras de titularidad auton¨®mica.

La cantidad de temas a debatir y la posibilidad de obstrucciones administrativas permiten suponer que, al tiempo que la Generalidad estudia realmente la presentaci¨®n de una demanda ante el Tribunal Constitucional, tambi¨¦n intenta hallar un acuerdo pol¨ªtico que no retrasara la puesta en funcionamiento de algo absolutamente vital para la lengua y cultura catalanas. En este sentido, es de indicar que, por lo que respecta a la televisi¨®n, Catalu?a se encuentra en una fase inferior a la del Pa¨ªs Vasco, donde el Gobierno aut¨®nomo de aquella comunidad decidi¨® crear su propia televisi¨®n sin someterse a los tr¨¢mites legislativos que enmarcan el tercer canal auton¨®mico, existente como posibilidad tanto en el estatuto catal¨¢n como en el estatuto vasco, si bien el redactado de este ¨²ltimo es m¨¢s favorable para los poderes auton¨®micos.