La Prensa y el 23-F

EL DICTAMEN formulado por el fiscal en el proceso del 23 de febrero establece como hechos probados datos ya conocidos desde el pasado verano. Tampoco la petici¨®n contra los principales implicados en esos sucesos introduce modificaciones sustanciales ni en la calificaci¨®n penal de sus conductas ni en las penas solicitadas. Sin embargo, la puesta a disposici¨®n de los informadores de los sesenta y cinco folios del escrito de acusaci¨®n permite adivinar, a trav¨¦s de la utilizaci¨®n que una parte de la prensa est¨¢ haciendo de su contenido, al menos dos l¨ªneas generales del ambiente informativo que va a rodear la celebraci¨®n del juicio oral.De un lado, una concepci¨®n del periodismo digna de haber sido aprendida en las comedias norteamericanas lleva en ocasiones a desbordar los l¨ªmites de la noticia y a colorear de amarillo los titulares de algunas informaciones. Pese a la irritaci¨®n que pueda producir ese sensacionalismo, es preciso se?alar que en buena medida este es el tributo que la libertad de Prensa y el ejercicio de los derechos constitucionales han de pagar para garantizar la autenticidad de un sistema democr¨¢tico. Todos los reg¨ªmenes que implantan la censura de Prensa o que fuerzan a los periodistas a la autocensura suelen disfrazar con motivaciones elevadas su decisi¨®n de echar mano de la mordaza. Ni que decir tiene, sin embargo, que entre una Prensa que vocifere a destiempo con sus alaridos -siempre corregibles, por lo dem¨¢s, con un uso temperado y conveniente de las leyes comunes- y una Prensa que encubra bajo el manto de la responsabilidad su complicidad con el poder, la elecci¨®n no es dudosa. Un r¨¦gimen de libertades excluye la existencia de funcionarios p¨²blicos especializados, no se sabe en virtud de qu¨¦ carisma, en establecer qu¨¦ pueden leer y qu¨¦ deben ignorar los ciudadanos.

Ahora bien, existe la posibilidad de que los medios de comunicaci¨®n comprometidos con los valores del sistema constitucional -y entre ellos la propia libertad de expresi¨®n- renuncien a un tipo de frivolidad al que tienen derecho pero que puede poner en peligro, en un momento especialmente cr¨ªtico, el disfrute un¨¢nime de las libertades en nuestro pa¨ªs. Un acuerdo entre los profesionales de la informaci¨®n sobre la manera m¨¢s conveniente -para los intereses colectivos y el respeto a la legalidad constitucional- de tratar el juicio del 23 de febrero, a fin de que este proceso penal por rebeli¨®n militar no sea transformado en un juicio pol¨ªtico contra la Monarqu¨ªa parlamentaria, no podr¨ªa ser confundido con el recorte de la libertad de expresi¨®n.

Porque infinitamente m¨¢s grave que el atolondramiento sensacionalista es el lavado de cerebro que realiza la Prensa de la ultraderecha desde el mismo 24 de febrero pasado y que se ha hecho de nuevo visible con motivo del dictamen del ministerio fiscal. Con el absurdo pretexto de que cualquier noticia u opini¨®n en torno a los hechos del golpe de Estado frustrado significa prejuzgar las actuaciones del Consejo Supremo de Justicia Militar, los libelistas cercanos al golpismo est¨¢n realizando una campa?a para persuadir al universo castrense de que la Prensa democr¨¢tica es el veh¨ªculo de un juicio popular destinado a presionar a la justicia y a desprestigiar a las Fuerzas Armadas. As¨ª, a la vez que protestan por la constataci¨®n de unos hechos probados a trav¨¦s de la retransmisi¨®n en directo del criminal golpe de estado del pasado a?o, y a la vez que acusan a los medios de comunicaci¨®n de inmiscuirse en un asunto subjudice, no cesan de justificar el asalto al Palacio del Congreso mediante la teor¨ªa del contexto en que se produjo el golpe de Estado, ni de acumular eximentes y atenuantes en favor de los procesados por rebeli¨®n militar. Resulta as¨ª que los ide¨®logos del golpismo son los ¨²nicos que en realidad pretenden usurpar las funciones de los tribunales militares y prejuzgar la causa del 23 de febrero.

El juicio que se avecina, se ha dicho muchas veces, va a ser la piedra de toque de todo el proceso de la transici¨®n democr¨¢tica espa?ola. Si las sentencias fueran rid¨ªculas, si no satisfacieran las justas expectativas de la sociedad espa?ola, si no aplicaran una normativa penal que prev¨¦ severos castigos para quienes de forma tan grave atentaron contra la legalidad vigente, si albergaran sombra de componenda o si traslucieran una debilidad del poder emboscada tras la nobleza de la benevolencia, puede darse por seguro que se habr¨¢ minado la estabilidad del propio r¨¦gimen y de la monarqu¨ªa parlamentaria.

Ahora bien, para que las cosas sucedan como es debido, esto es, para que se juzgue en regla a los acusados, se garantice su derecho de defensa, se asegure una sentencia conforme a la ley y se consiga su aceptaci¨®n por la sociedad y -mal que les pese- por los sectores anticonstitucionales que en ella pululan, es preciso un ambiente de serenidad por parte de los medios de comunicaci¨®n. Es necesario, en suma, garantizar que los ciudadanos van a recibir toda la informaci¨®n sobre el juicio, que no les va a ser hurtado ning¨²n dato, que tengan derecho a conocer y que, en definitiva, no exista la menor sospecha de apa?o en torno a este proceso. Y tambi¨¦n, al mismo tiempo, es preciso no hacer el juego a los golpistas, no darles en los medios democr¨¢ticos otra tribuna que no sea la estrictamente informativa, no contribuir a la intoxicaci¨®n, no servir en una palabra de caja de resonancia a sus mentiras.

Hay que decir, por desgracia, que ¨¦sta no es hoy por hoy la actitud de toda la prensa y que los medios de comunicaci¨®n del Estado, por ejemplo, brillan por su confusi¨®n y por su manipulaci¨®n de estos temas, muchas veces en manos de sectores golpistas o de quienes les rodean. En las presentes circunstancias, una entrevista con los acusados o un art¨ªculo fruto de su imaginaci¨®n -aunque hablen del gazpacho o del clima de la piel de toro- no tienen el car¨¢cter de una primicia period¨ªstica sino los perfiles de un material intoxicador de primer orden al servicio de la estrategia golpista, moment¨¢neamente desactivada pero siempre dispuesta a retomar la ofensiva. Como tal es preparado ese supuesto material informativo como tal busca las v¨ªas para salir a la luz, como tal es concebido y urdido desde el principio. Es preciso, pues, hacer notar que las circunstancias de atribulamiento familiar o corporativo que el juicio a los rebeldes comporte interesan mucho menos que el discernimiento de la culpabilidad de los acusados por parte de los jueces.

En repetidas ocasiones, de forma p¨²blica y privada, los responsables de este peri¨®dico han afirmado la necesidad de que, durante la celebraci¨®n del consejo de guerra, se establezca un autocontrol voluntario de cuantos medios de comunicaci¨®n apoyen el sistema democr¨¢tico a fin de garantizar precisamente estas dos cosas: la primera, que toda la informaci¨®n ser¨¢ servida al p¨²blico, sin interferencias gubernamentales ni de otro g¨¦nero; la segunda, que en evitaci¨®n de las manipulaciones ideol¨®gicas de los sectores golpistas, se pondr¨¢ especial cuidado en rechazar maniobras tergiversadoras de esos sectores disfrazadas de libre opini¨®n o debate de ideas. Este pacto deber¨ªa limitarse exclusivamente a estos dos extremos y, de a?adidura, ser del conocimiento p¨²blico, hacerse bajo los auspicios del gobierno y las fuerzas pol¨ªticas, y no tener otra cauci¨®n que la propia voluntad de los profesionales del periodismo y de los empresarias de los medios. En una palabra, el autocontrol voluntario de la prensa democr¨¢tica no puede significar la implantaci¨®n de ning¨²n tipo de censura, consigna o dirigismo. En honor a la verdad es preciso decir que el ejecutivo, a quien corresponde un papel de primer orden en este terreno, ha sido incapaz hasta el momento de dar un solo paso importante al respecto y se ha dilu¨ªdo en consultas preliminares y en temores ante los medios de comunicaci¨®n injustificados, sobre todo si se tiene en cuenta que esos pudores brillan por su ausencia cuando se trata de ejercer presiones sobre la prensa en torno a intereses electorales o partidistas.

Ante esta inanidad bien merece la pena que desde EL PAIS se hagan al menos expl¨ªcitas para nuestros lectores nuestras pautas de actuaci¨®n, que son la ya tantas veces reiteradas en este editorial: No ocultar ninguna informaci¨®n, no prestarse a ning¨²n tipo de manipulaci¨®n, no ofrecer tribuna a los enemigos de la libertad -de otras tribunas disfrutan y ese es el m¨¦rito del r¨¦gimen democr¨¢tico-. Esta l¨ªnea de conducta no ha de ser modificada por el hecho de que diarios o medios de la competencia pretendan establecer una suicida carrera comercial de aumento de las ventas o de excitaci¨®n de la opini¨®n a trav¨¦s del tratamiento sensacionalista del juicio del 23-F. Estamos convencidos de que la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles comprometidos con las libertades entienden y apoyan esta postura y estamos tambi¨¦n seguros de que la misma es, a su vez, compartida por la inmensa mayor¨ªa de nuestros colegas. Esa actitud dubitante del poder pol¨ªtico para afrontar la amenaza que se le viene encima no nos extra?a. Pero puesto que tal amenaza acecha en realidad a todos los ciudadanos, pensamos que debemos combatirla en la medida de nuestras fuerzas.