La colza y el Parlamento

EL PLENO de la colza, celebrado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, se sac¨® de encima este asunto, que en otras sociedades democr¨¢ticas hubiera bastado para derribar al Gobierno, con algunas medidas para indemnizar y proteger a las v¨ªctimas de la intoxicaci¨®n, inexcusable deber presentado bajo aires de magn¨¢nima beneficencia, y con la decisi¨®n de crear una Comisi¨®n parlamentaria destinada, entre otras cosas, a investigar las responsabilidades de la Administraci¨®n en esta hecatombe civil.La formaci¨®n de ese comit¨¦ mixto de encuesta, integrado por veinticinco diputados y senadores, fue atribu¨ªda a una iniciativa del Ejecutivo, pese a que el art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n concede a ambas C¨¢maras la potestad de "nombrar comisiones de investigaci¨®n sobre cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico". Si bien las conclusiones de estas encuestas no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, el resultado de sus trabajos puede ser comunicado al ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. De otro lado, la comparecencia ante esa Comisi¨®n de los cargos p¨²blicos, de los funcionarios y de los simples ciudadanos es obligatoria, como corresponde a la superioridad de las Cortes Generales como representante del pueblo espa?ol y poder encargado de controlar la acci¨®n del Gobierno. Como en tantas otras ocasiones, sin embargo, la te¨®rica relaci¨®n de subordinaci¨®n y dependencia del Ejecutivo respecto al Legislativo se invierte en la pr¨¢ctica, gracias a la eficaz mediaci¨®n de un grupo parlamentario que debe sus esca?os a las listas bloqueadas y cerradas. confeccionadas en su d¨ªa desde arriba, y las C¨¢maras, lejos de vigilar y exigir cuentas al equipo gubernamental, tienden a neutralizar o dar carpetazo a las denuncias sobre irregularidades, neglicencias y omisiones procedentes del banco azul

En este sentido, las informaciones en torno a los trabajos de la Comisi¨®n Mixta,(v¨¦ase EL PA?S 10-2-1982) no hacen sino poner de relieve su deficiente funcionamiento. La lentitud burocr¨¢tica de los tr¨¢mites dentro de las C¨¢maras, la falta de infraestructura material para sus tareas y la escasez de personal auxiliar, son males que tal vez pudieran remediarse dentro del ¨¢mbito de las Cortes Generales, con el criterio de asignar parte de los fondos hoy entregados a los grupos parlamentarios, y que estos administran a su aire, a los gastos generales de la actividad suprapartidista de diputados y senadores. De otro lado, la inasistencia o el poco entusiasmo mostrado por una parte de los miembros de la Comisi¨®n exigir¨ªa una severa intervenci¨®n de los responsables de cada grupo en el Congreso o en el Senado, ya que la funci¨®n de representaci¨®n popular de estos mandatarios y los honorarios que perciben por su ejercicio les obligan a cumplir con sus deberes tanto o m¨¢s que al resto de los ciudadanos.

Mucho m¨¢s preocupante y significativo resulta, empero, el eventual boicoteo de la Administraci¨®n para poner al servicio de la comisi¨®n investigadora las informaciones oficiales, los dict¨¢menes de los expertos, y los testimonios de los funcionarios y cargos p¨²blicos. La minicrisis ministerial del pasado diciembre expuls¨® del Gobierno al ministro de Sanidad, que desempe?¨® el papel de chivo expiatorio de las responsabilidades colectivas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el cese de Sancho Rof no puede servir para pasar la esponja sobre las eventuales responsabilidades del Ministerio de Comercio en este asunto, aunque el titular de ese departamento fuera elevado hace tres meses a la Vicepresidencia del Gobierno. Ser¨ªa lamentable que el ritmo lento de la Comisi¨®n Mixta parlamentaria se debiera, entre otras razones, a la voluntad del Gobierno de dar carpetazo a los asuntos inc¨®modos que ponen en peligro su prestigio y arrojan dudas sobre su eficacia y competencia. Porque, aunque los ministros lo hayan olvidado, de la memoria de la sociedad espa?ola no han desaparecido todav¨ªa los dos centenares largos de personas fallecidas no s¨®lo por culpa de unos desaprensivos comerciantes, sino tambi¨¦n por las negligencias y los fallos de una Administraci¨®n P¨²blica a la que los ciudadanos sufragan con sus impuestos pero que se muestra incapaz de proteger su salud y sus vidas.