Fuertes enfrentamientos en la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes por una controvertida concentraci¨®n parcelaria

En medio de un ambiente de fuerte crispaci¨®n los vecinos de Toral de los Guzmanes, a unos 45 kil¨®metros de Le¨®n, comenzaron hace una semana a organizar piquetes para ocupar las tierras que les han sido concedidas por el IRYDA despu¨¦s de once a?os de concentraci¨®n parcelaria. Un n¨²mero indeterminado de fincas han sido ya ocupadas por la fuerza y posteriormente recuperadas por sus antiguos propietarios, que se resisten a entregarlas y han pedido protecci¨®n a la Guardia Civil, a la vez que han denunciado la existencia de abundantes amenazas de muerte.

Las versiones que cada una de las partes da sobre la motivaci¨®n de los hechos difieren radicalmente, del mismo modo que el pueblo aparece dividido en dos bandos irreconciliables. La mayor¨ªa de los vecinos est¨¢ dispuesta a aceptar el proyecto del IRYDA como un mal menor, ante las fuertes p¨¦rdidas que supondr¨ªa mantener la situaci¨®n actual hasta que se fallen los recursos del otro grupo, todav¨ªa pendientes de sentencia en la Audiencia Nacional. Los veintisiete propietarios restantes, por su parte, basan su postura en un reciente auto de la Audiencia por el que se ordena la paralizaci¨®n de las ocupaciones de fincas hasta que se resuelvan los citados recursos, y alegan que la concentraci¨®n parcelarla est¨¢ viciada por tratos de favor hacia vecinos que ocuparon cargos municipales durante el antiguo r¨¦gimen.

Once a?os perdidos

Para el presidente de la C¨¢mara Agraria local, Ambrosio Huerga, y para la mayor parte de los vecinos, las fincas deben ser ocupadas ahora si se quiere impedir que se pierdan los cultivos. "Nosotros llevamos diez a?os callando", a?aden, "pero, si hubi¨¦ramos tenido salero para pedir los perjuicios que ha habido, alguno los pagar¨ªa. A nosotros tendr¨ªan que darnos mucho dinero si nos uni¨¦ramos". Los mismos vecinos acusan al grupo rival de negarse a negociar cualquier arreglo -"s¨®lo quer¨ªan deshacer la concentraci¨®n"- y de beneficiarse de la infraestructura de caminos y regad¨ªos construida por el IRYDA.Los vecinos reconocen haber formado grupos -"o piquetes, seg¨²n ustedes"- para ocupar por la fuerza las fincas, pero advierten que a ellos no les ha llegado ninguna orden de la Audiencia Nacional que se lo proh¨ªba, y s¨ª, en cambio, los documentos del IRYDA en los que se les autoriza a tomar posesi¨®n de las tierras. Acusan tambi¨¦n a su vez al otro grupo de utilizar la violencia: "Aqu¨ª, hasta el s¨¢bado, nunca hab¨ªa habido mala convivencia, pero ellos salen armados con herramientas, aunque vayan de dos en dos y nosotros de quince en quince".

En el otro extremo del conflicto, los propietarios que han recurrido contra las actuaciones del IRYDA acusan directamente a la Subsecretar¨ªa de Agricultura de ignorar la orden judicial por la nes y de enfrentar a unos vecinos con otros, siguiendo una pol¨ªtica de hechos consumados para sacarse de encima un problema originado por errores de la propia Administraci¨®n.

Los recurrentes afirman estar dispuestos a defender sus tierras "como sea", incluso si son agredidos por el resto del vecindario, y advierten que no van a entregar las fincas hasta que la Audiencia Nacional no pronuncie sentencia sobre sus reclamaciones.

Por su parte, el delegado del IRYDA en Le¨®n, Jos¨¦ Lozoya, manifest¨® a EL PAIS que su departamento no tendr¨ªa ninguna responsabilidad en cualquier eventual enfrentamiento entre los vecinos, "ya que", dijo, "nuestra actuaci¨®n en este tema concreto ha terminado". El discutido proyecto proyecto abarca una extensi¨®n de 21.117 hect¨¢reas de regad¨ªo, valoradas en unos 1.600 millones de pesetas, pertenecientes a un total de 676 propietarios de Toral de los Guzmanes y Algadefe.

El n¨²mero actual de parcelas es de 4.827, que se pretenden reducir a s¨®lo 841. El proyecto, iniciado en 1971, ha sufrido numerosas modificaciones, contra las que en algunos momentos llegaron a recurrir hasta 77 propietarios, sin que se pudiera llegar a acuerdos concretos entre ¨¦stos y el IRYDA, uno de cuyos funcionarios fue sancionado a?os atr¨¢s por introducir errores "voluntarios" en las mediciones de las fincas para favorecer a uno de los vecinos.