Precios agr¨ªcolas

LOS PLANTEAMIENTOS de los agricultores y del Gobierno en la reciente negociaci¨®n sobre precios agrarios de los productos intervenidos, son, como es natural, antag¨®nicos. Los agricultores, espoleados por un supuesto testamento del se?or Lamo de Espinosa, reclaman resarcirse de las incurias de una meteorolog¨ªa adversa e incluso, recuperar parte de las repercusiones que las alzas del precio del petr¨®leo han tenido en fertilizantes y carburantes.La reclamaci¨®n puede parecer l¨®gica, pero, sin duda, es irreal. Nadie acepta de buen grado perder renta real porque los precios de los productos que obtiene han subido menos que los que compra. Pero si esta pretensi¨®n prospera y se generaliza, los productores de petr¨®leo devolver¨¢n la pelota con unas alzas en los precios que reconstruir¨¢n su posici¨®n. Tampoco es posible conceder a un sector un trato favorable sin aislarlo del resto del mundo econ¨®mico. Precios m¨¢s altos a la agricultura que los del mercado internacional equivalen a mayores subvenciones y a mayores protecciones comerciales. Las ayudas ser¨¢n crecientes y las distorsiones ser¨¢n continuas.

Los agricultores piden un incremento de precios equivalente a la. tasa de inflaci¨®n de 1981, es decir, un 14,15%. Esta elevaci¨®n, junto a un aumento esperado de la producci¨®n en 1982 del 2,5% , supone un incremento de las rentas nominales del 17,4%. El Gobierno calcula que el incremento de la producci¨®n, en 1982, despu¨¦s de un a?o catastr¨®fico, puede ser m¨¢s optimista que el previsto por los agricultores, por ejemplo, un 4-5%. Si a este mayor volumen se le aplica un incremento de precios del 11% las rentas nominales se aproximar¨ªan a un 15,5%, que son muy superiores a las que van a obtener la mayor parte de los asalariados y de las empresas. Si prospera la propuesta de los agricultores, las esperanzas del ANE como mecanismo de contenci¨®n de las rentas se disipar¨¢n con toda. certeza.

Tampoco cabe olvidar que los mecanismos vigentes al tiempo que garantizan el precio de los productos agr¨ªcolas aseguran su adquisici¨®n. Todo el trigo o el aceite que sale de los productores lo adquieren, a los precios fijados, los organismos de intervenci¨®n del Ministerio de Agricultura. Resulta curioso que a pesar del inter¨¦s primordial que supone para el sector agrario la entrada de Espa?a en la CEE, no se hayan todav¨ªa introducido las m¨ªnimas dosis de mercado en la regulaci¨®n de las campanas agr¨ªcolas. En la proteccionista CEE el trigo y la cebada, por ejemplo, tienen su mercado y la intervenci¨®n s¨®lo se produce para las cantidades que no encuentran comprador. Esto abarata el coste de intervenci¨®n y estimula la producci¨®n de las calidades m¨¢s demandadas. Pero, en Espa?a, seguimos con unos trigos cuyas caracter¨ªsticas planicables son cada vez m¨¢s remotas.

La pol¨ªtica de altos precios agrarios ejerce un espejismo laboral a corto plazo, por el mayor n¨²mero de votos de las zonas campesinas, olvid¨¢ndose de los menores votos urbanos. Precios m¨¢s altos para los productos alimenticios se traducen, enseguida, en alzas salariales, en dificultades para las empresas y, en definitiva, en un paro m¨¢s intenso en la industria y en los servicios. Pero, precisamente, han sido las cotizaciones sociales de estos sectores las que han permitido financiar el r¨¦gimen de una seguridad social agraria, cuyo d¨¦ficit, en 1981 se elev¨® a 370 mil millones de pesetas que puede alcanzar este a?o los 420 mil millones. El testamento del se?or Lamo es quiz¨¢ un arma de doble filo para el campo y, por supuesto, el enterramiento de las expectativas de una pol¨ªtica de rentas que consiga reducir los niveles de inflaci¨®n en este a?o de 1982.