El lunes pr¨®ximo, 400.000 funcionarios elegir¨¢n representantes en Muface
El pr¨®ximo lunes unos 400.000 funcionarios civiles del Estado acudir¨¢n a las urnas. Motivo de esta tercera prueba de fuerza entre las representaciones del sector ser¨¢ renovar a 107 de los 253 puestos de la Asamblea en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Tema central de los programas: el futuro de la Seguridad Social de los convocados y su medio mill¨®n largo de familiares beneficiarios.
Como en las dos convocatorias anteriores -asamblea constituyente de 1977 y primera renovaci¨®n parcial de hace dos a?os-, el colectivo con mayor poder de decisi¨®n son los maestros; cuentan con menos de la tercera parte de los votos, pero con la mitad de los puestos a cubrir. Fueron ¨¦stos, seg¨²n fuentes de Muface, quienes en 1978 inclinaron el voto hacia opciones contestatarias, cuya mayor¨ªa no organizada fue ganada luego por los independientes. Por ello, la batalla electoral se espera m¨¢s dura en la ense?anza; de hecho, es el subsector de funcionarios donde m¨¢s siglas concurren.Los independientes presentan a los ense?antes dos formaciones: la ANP (Asociaci¨®n Nacional de Profesores de EGB), vinculada a CSIF (Confederaci¨®n Sindical Independiente de Funcionarios), la gran organizaci¨®n de independientes, y con la adhesi¨®n de agregados de BUP, profesores de Formaci¨®n Profesional, directores escolares e inspectores, y la FESPE (Federaci¨®n de Sindicatos de Profesorado Estatal de EGB), organizaci¨®n de tendencia dem¨®crata-crist¨ªana. CC OO y UGT acuden por separado (como se sabe, el primer sindicato ha firmado el convenio de la ense?anza y UGT no), pero una Candidatura Democr¨¢tica y Progresista (CDP) pretende superar las diferencias entre ambos sindicatos e incorpora a hombres de los dos y a independientes. La otra alternativa, UCSTE (Uni¨®n Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Ense?anza), se sit¨²a m¨¢s a la izquierda.
Para el resto de los funcionarios, los contrincantes son la candidatura profesional e independiente CSIF y la Candidatura Democr¨¢tica y Progresista. Se da la circunstancia, no obstante, que la primera, pese a ser mayoritaria en los ¨²ltimos a?os, rechaza el anteproyecto de Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. La CDP, por el contrario, lo apoya, al incluirlo como uno de los logros de los ganadores de las elecciones de noviembre de 1977. El texto ha sido informado por la asamblea y est¨¢ a la espera de la decisi¨®n final del Ministerio de la Presidencia.
Los antecedentes
Muface y los hechos que han dado lugar al anteproyecto de ley se remontan a 1975, a?o en que funcionarios civiles empezaron a tener un sistema de protecci¨®n social propio y organizado. Tradicionalmente, las pensiones de la gran mayor¨ªa de los funcionarios, procedentes del cap¨ªtulo "clases pasivas" de los Presupuestos Generales del Estado han sido escasas.
As¨ª, cada grupo o cuerpo necesitaba un sistema complementario, en forma de mutualidades, que en total eran una treintena. Las tribus mejor situadas en una Administraci¨®n p¨²blica que presenta al respecto muchos ribetes selv¨¢ticos eran las m¨¢s pr¨®ximas a las arcas p¨²blicas. Las modalidades de financiaci¨®n y prestaciones de cada mutualidad eran innumerables.
En 1975 la ley de Muface trat¨® de absorber y unificar tales mutualidades. La tarea result¨® poco ¨²til y muy costosa para los contribuyentes. Por una parte, importantes sectores vieron llegar la intenci¨®n del legislador (asumir p¨¦rdidas y administrar las entidades), con lo cual se apresuraron a diversos tipos de repartos y aumento de prestaciones; de otro lado, doce mutualidades decidieron no integrarse. Entre estas, l¨®gicamente, destacaron las de cuerpos tan distinguidos e influyentes como el de diplom¨¢ticos, t¨¦cnicos comerciales del Estado y funcionarios de Hacienda, que desv¨ªan una parte de las tasas por sus servicios hacia su respectiva mutualidad.
Una veintena de mutualidades dependientes de Muface, casi todas deficitarias, iban a necesitar entre 1975 y 1985 cerca de 20.000 millones de pesetas adicionales. Hacienda trat¨® de ahorrar: a finales de 1978 un decreto del Gobierno reconoce ¨²nicamente el nivel de prestaciones reconocidas en 1973. La CSIF se carg¨® de razones y adhesiones en la reivindicaci¨®n de derechos adquiridos.
Como el Gobierno ten¨ªa dificil respuesta, dio una de cal y otra de arena en la Ley de Presupuestos del Estado para 1981: por un lado, asumir paulatinamente las diferencias entre los niveles de 1973 y los de diciembre de 1978; por otro, comprometerse a que antes de terminar 1981 ser¨ªa regulado el r¨¦gimen especial de la Seguridad Social para los funcionarios civiles. El proyecto escam¨® desde el principio a los de CSIF y esperanz¨® a las representaciones de izquierda, empe?adas en la racionalizaci¨®n, justicia y suficiencia de las pensiones.
Asamblea pol¨¦mica
El anteproyecto fue redactado en el segundo semestre del pasado a?o por una comisi¨®n, e informado por una reciente asamblea general.
La comisi¨®n de direcci¨®n estuvo integrada por altos cargos de la Administraci¨®n y por los directores de dos grupos de trabajo, uno para el estudio de las ¨¢reas de mutualismo y otro para la de clases pasivas. Pero fue rechazado por CSIF y defendido por los representantes de izquierda. La asamblea, en principio tumultuosa, confirm¨® la reacci¨®n que esperaban los redactores, seg¨²n ¨¦stos. El borrador fue acusado de ofrecer prestaciones insuficientes. En general, sus novedades (unificaci¨®n e incompatibilidad de pensiones con un trabajo remunerado u otras pensiones, junto a un nivel del 70 o 75% de los ¨²ltimos ingresos) chocaron con la resistencia al cambio que suscita todo proyecto de este tipo.
El inicial rechazo de la mayor¨ªa de los asamble¨ªstas no fue admitido, sin embargo, por el representante de Presidencia, quien record¨® que no cab¨ªan enmiendas a la totalidad.
El diagn¨®stico de los redactores, de cara a la defensa del texto, queda reflejado en los siguientes p¨¢rrafos de un informe interno:
"Actualmente, las prestaciones m¨¦dicas, hospitalarias y farmac¨¦uticas est¨¢n aseguradas por Muface, en un nivel de cobertura y funcionamiento aceptable. Se financian con cuotas de los funcionarios (21%) y con subvenciones a cargo de los Presupuestos del Estado (65%). El mutualista puede optar libremente entre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la de las entidades de seguros m¨¦dicos privadas, lo cual representa una evidente ventaja en relaci¨®n con los asegurados del sector privado".
"La situaci¨®n es m¨¢s complicada en materia de pensiones ( ... ). Existen treinta mutualidades distintas, con pensiones de jubilaci¨®n que pueden variar entre 250 pesetas y 120.000 pesetas mensuales., si bien la media no sobrepasa 5.000 pesetas al mes, que 'protegen' a menos de la mitad de los funcionarios civiles y cuyos recursos proceden de la m¨¢s variopinta muestra de ingenio de nuestros bur¨®cratas: venta de impresos (de utilizaci¨®n obligatoria), sellos voluntarios (inexorablemente adheridos a los impresos), recursos p¨²blicos que antes de llegar al Tesoro producen intereses en la banca privada, participaci¨®n en multas... No menos de 6.000 millones de pesetas anuales cuesta al contribuyente mantener esta corte de milagros que ni siquiera resulta beneficiosa para los 400.000 funcionarios civiles, ya que las pensiones dignas son patrimonio de apenas unos centenares".
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