La distribuci¨®n de facultades de la futura universidad crea tensiones entre las provincias

La decisi¨®n parlamentaria de dar v¨ªa libre a uno de los m¨¢s viejos sue?os castellano-manchegos, poseer una universidad propia, no ha provocado, como cab¨ªa esperar, un un¨¢nime sentimiento de alegr¨ªa y satisfacci¨®n. Por el contrario, ha servido para poner en marcha una sorprendente disputa interprovincial que amenaza con destruir el escaso sentimiento de solidaridad regional conseguido desde que se inici¨® el proceso preauton¨®mico. En especial destaca la pugna entre Cuenca y Albacete por la facultad de Derecho.

Cast¨ªlla-La Mancha es la ¨²nica regi¨®n espa?ola que no dispone de universidad; las provincias que la integran est¨¢n distribuidas, a efectos acad¨¦micos, entre Murcia y las tres universidades madrile?as. Esta carencia ha sido el argumento b¨¢sico esgrimido por todas las fuerzas sociales y pol¨ªticas desde hace muchos a?os para reclamar la implantaci¨®n del ente universitario regional, postura que ha encontrado la sistem¨¢tica oposici¨®n de los dirigentes del Ministerio de Educaci¨®n.El estancamiento secular del proyecto de universidad castellano-manchega ha sido roto por el actual ministro, Federico Mayor Zaragoza, quien nada m¨¢s tomar posesi¨®n del cargo anunci¨® estar dispuesto a permitir la implantaci¨®n de la nueva universidad que, en efecto, ha empezado su recorrido legal por el Congreso, cuya Comisi¨®n de Educaci¨®n ha dictaminado favorablemente la proposici¨®n de ley presentada por UCD; el litigio entre las provincias ha surgido al introducir el propio grupo centrista una enmienda que fija ya la distribuci¨®n de los diversos centros acad¨¦micos, de la forma siguiente:

En Ciudad Real, el rectorado, las facultades de Ciencias y Medicina y la Escuela T¨¦cnica Superior de Ingenieros Agr¨®nomos.

En Albacete, la facultad de Farmacia, la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales.

En Cuenca, las facultades de Derecho y Ciencias Econ¨®micas y Empresariales, la Escuela Superior de Arquitectura y las Escuelas Universitarias de Ingenieros T¨¦cnicos Forestales, Inform¨¢tica e Idiomas.

En Toledo, las facultades de Filosof¨ªa y Letras.

En Guadalajara, las Escuelas Universitarias de Ingenieros T¨¦cnicos Industriales y de Obras P¨²blicas.

Esta distribuci¨®n fue negociada dentro del grupo regional de UCD y responde, b¨¢sicamente, a criterios pol¨ªticos, dentro de la permanente b¨²squeda de equilibrio entre los dirigentes de cada provincia para conseguir un ajustado reparto de poderes; entre ellas.

El PSOE, ¨²nico partido que, adem¨¢s del centrista, cuenta con representantes parlamentarios, se opone a esta distribuci¨®n y a cualquier otra, estimando que la ejecuci¨®n de la ley, en consecuencia, la adjudicaci¨®n de los centros, es competencia del Gobierno.

En el fondo de la pol¨¦mica surgi¨®, en un primer instante, si el criterio a aplicar deber¨ªa ser la concentraci¨®n de todos los estamentos universitarios en una sola ciudad o bien su distribuci¨®n entre las distintas capitales. La primera posibilidad fue rechazada sin demasiada discusi¨®n ante la realidad del hecho regional castellano-manchego, poco propicio a permitir la excesiva potenciaci¨®n de una sola de las provincias. Por el contrario, los partidarios de la distribuci¨®n entienden que una de las causas de la profunda depresi¨®n de estas ciudades es, justamente, la carencia de centros universitarios, por lo que este factor puede ayudar a un incipiente desarrollo socio-econ¨®mico.

Sin embargo, el n¨²cleo central de la disputa que en estos momentos agita a las capitales castellano-manchegas reside en Albacete, ciudad que aspira a conseguir la facultad de Derecho, adjudicada por ahora a Cuenca. En la discordia promovida, Albacete lleva claramente la iniciativa, a trav¨¦s de debates, comunicados y manifiestos de instituciones y entidades, e incluso el anuncio de una manifestaci¨®n p¨²blica, convocada por el Ayuntamiento.

En Cuenca, los organismos pol¨ªticos permanecen en silencio, mientras que la campa?a para defender la facultad de Derecho la llevan los empresarios de la ciudad, constituidos en una federaci¨®n de asociaciones, y dedicados a la captaci¨®n de firmas y a promover el env¨ªo de mensajes a las autoridades acad¨¦micas, reclamando la permanencia en Cuenca de lo que ha sido adjudicado.

La raz¨®n b¨¢sica que esgrime Albacete para exigir esta controvertida facultad es que, estando ubicada en dicha ciudad la Audiencia Territorial, parece el lugar m¨¢s l¨®gico para que se establezcan los estudios de Derecho. Sin embargo, los observadores estiman que, en realidad, lo que se intenta es, por esta v¨ªa, asegurar la permanencia all¨ª del futuro Tribunal Superior de Justicia, cuya sede tambi¨¦n desea alguna otra ciudad.

Las dem¨¢s provincias castellano-manchegas parecen aceptar de buen grado la distribuci¨®n de facultades y escuelas dictaminada por la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso, si bien hay que observar que Ciudad Real, sede del rectorado, se encuentra satisfecha, mientras que Tolejo y Guadalajara, por su cercan¨ªa respectiva a Madrid y Alcal¨¢ de Henares no conceden demasiada importancia a la ubicaci¨®n de centros universitarios.

La pol¨¦mica, as¨ª, aparece centrada entre Albacete y Cuenca y amenaza, como ha reconocido el nuevo presidente de la junta de comunidades, Gonzalo Payo, con introducir un factor de ruptura en el precario sentimiento regionalista de estas tierras, proclives m¨¢s a la defensa de intereses provinciales o locales. Quince d¨ªas despu¨¦s de haber sido dictaminado el proyecto, Albacete espera con optimismo y Cuenca con preocupaci¨®n el pr¨®ximo tr¨¢mite parlamenario, en el pleno del Congreso y luego en el Senado, instancias en las que cabe la posibilidad de que sea reformada la distribuci¨®n de los centros de la nueva universidad.