Menos de 10.000 m¨¦dicos estar¨¢n sujetos a incompatibilidades entre los 60.000 pluriempleados en la Administraci¨®n

La exclusi¨®n de la mayor¨ªa de los m¨¦dicos en la nueva regulaci¨®n de incompatibilidades en el sector p¨²blico, que recoge el proyecto de ley dictaminado esta semana por la Comisi¨®n de Presidencia del Congreso de los Diputados, supone un retroceso respecto a la actuaci¨®n de la propia Administraci¨®n y el fortalecimiento de la actual estructura sanitaria, sobre la que el Gobierno de UCD ha se?alado reiteradas veces la necesidad de que sea reformada.Seg¨²n estimaciones fiables, dentro del margen de error que imponen las farragosas y laber¨ªnticas fuentes oficiales de datos administrativos, se pueden cifrar entre 3.000 y 10.000 los m¨¦dicos que se ver¨¢n afectados por las incompatibilidades, de un total de 80.000 m¨¦dicos que actualmente trabajan en Espa?a, la mayor parte en puestos de la sanidad p¨²blica y pluriempleados.

Antes de describir el proceso de las incompatibilidades m¨¦dicas es preciso se?alar que desde finales de 1980, y en tanto se llegaba a una nueva reglamentaci¨®n al respecto, la Administraci¨®n central sanitaria ven¨ªa aplicando un rudimentario sistema de incompatibilidades. A los titulares de nuevos puestos de trabajo se les hac¨ªa firmar un documento en el que textualmente se dice: "Don... Declaro no tener impedimento alguno para el ejercicio de la plaza de... que me ha sido adjudicada, as¨ª como no desempe?ar ninguna otra del Estado, provincia o municipio u organismos y entidades de la Seguridad Social con la cual resulte incompatible, en virtud de lo dispuesto por la disposici¨®n adicional cuarta de la Ley 42/79, de 29 de diciembre, publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1979". La situaci¨®n, tal como ha quedado planteada seg¨²n el texto aprobado el pasado martes en la Comisi¨®n de Presidencia del Congreso de los diputados, incluye menos incompatibilidades que las marcadas por el documento indicado m¨¢s arriba.

El proyecto de ley, que en su d¨ªa, habr¨¢ de ser remitido al Pleno del Congreso, presenta ahora el tema de las incompatibilidades de los m¨¦dicos reducido a aquellos que sean "funcionarios" del Estado y de la Seguridad Social y, aun en este caso, podr¨¢n ocupar dos puestos de trabajo cuando s¨®lo uno de ellos sea hospitalario y siempre que dependan de Administraciones p¨²blicas diferentes, o si as¨ª lo hacen necesario determinadas circunstancias excepcionales. Seg¨²n este texto, la mayor¨ªa de los m¨¦dicos que trabaja para la sanidad p¨²blica, ya sea dentro de la Seguridad Social o en otros estamentos estatales, queda fuera de la incompatibilidad porque no trabajan como funcionarios, sino como estatutarios. Y a aquellos que s¨ª afecta este proyecto legal se les da la citada posibilidad de un doble empleo. No obstante esta v¨ªa de escape al pluriempleo para los funcionarios que queden inmersos en el ¨¢mbito de incompatibilidades, se plantear¨¢ una situaci¨®n discriminatoria de hecho entre los funcionarios y los estatutarios: igual car¨¢cter de plaza en propiedad, similar funci¨®n laboral, pero distinto trato ante la ocupaci¨®n m¨²ltiple de puestos de trabajo.

Pluriempleo abundante

A principios del pasado mes de diciembre, en el transcurso de una mesa-coloquio celebrada en el sal¨®n de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas, se, hizo referencia a los datos recogidos por la revista del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social sobre 1978. Seg¨²n esta fuente, 165.000 puestos de trabajo diferentes y fijos (la pr¨¢ctica totalidad del sector p¨²blico) estaban cubiertos. Si se tiene en cuenta que la poblaci¨®n m¨¦dica en situaci¨®n de empleo en ese a?o era de 72.000 m¨¦dicos, la citada revista se?alaba una media de 2,3 puestos de trabajo por m¨¦dico. Est¨¦ porcentaje de pluriempleo se incrementa realmente en quienes lo practican, al descontar los 12.000 m¨¦dicos que, en esa fecha, se contabilizan con dedicaci¨®n exclusiva, as¨ª como los facultativos dedicados s¨®lo a trabajos privados, y que suponen un n¨²mero m¨ªnimo.

De tales n¨²meros se desprende que, en 1978, al menos unos 60.000 m¨¦dicos ocupaban m¨¢s de dos puestos de trabajo en la. sanidad p¨²blica. La situaci¨®n actual se estima proporcionalmente similar con respecto a una poblaci¨®n m¨¦dica empleada de 80.000.

Fuentes informativas m¨¢s pr¨®ximas en el tiempo (Informe econ¨®mico-funcional de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, Subdirecci¨®n General de Administraci¨®n) se?alan que trabajan en dichas instituciones 56.314 m¨¦dicos, de los cuales 36.226 lo hacen en instituciones abiertas y 20.088 en instituciones cerradas (hospitales); pero como tales funcionarios a los que afectar¨ªan las incompatibilidades s¨®lo, est¨¢n los inspectores m¨¦dicos, que son 381.

En ese contingente est¨¢n incluidos los m¨¦dicos de Asistencia P¨²blica Domiciliaria (tambi¨¦n llamados APD, rurales y de cabecera), cuya funci¨®n est¨¢ a caballo de la Administraci¨®n central y la local y cuyo status, a efectos de las incompatibilidades, no aparece claro, aunque quiz¨¢ ser¨ªa el grueso de los

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afectados por este proyecto de ley, puesto que pertenecen al Cuerpo de Funcionarios T¨¦cnicos del Estado al Servicio de la Administraci¨®n Local. En tal caso, se supone que las excepciones previstas en el texto de incompatibilidades beneficien a este sector, cuyo n¨²mero, seg¨²n la Memoria Estad¨ªstica del Instituto Nacional de Previsi¨®n 1976 es de 7.682.

La Administraci¨®n Institucional de la Sanidad Nacional (AISN) absorbe tambi¨¦n a un gran cantidad de m¨¦dicos, pero el n¨²mero de ¨¦stos con car¨¢cter de funcionarios s¨®lo es de 1.668, seg¨²n la documentaci¨®n editada por el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales de 1982. Esta misma fuente se?ala un n¨²mero de 561 forenses y 222 m¨¦dicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia, catalogados como funcionarios, entre los facultativos que emplea este departamento ministerial. Y, con respecto al Instituto Social de la Marina, apunta datos de los que se extraen como m¨¦dicos al servicio de esta instituci¨®n un millar, si bien s¨®lo una decena -no desglosada por esta documentaci¨®n- de inspectores m¨¦dicos caer¨ªa bajo el criterio de funcionarios. No se perfila todav¨ªa con claridad si las incompatibilidades m¨¦dicas alcanzar¨ªan a los estamentos militares, donde a trav¨¦s de la sanidad militar se cubre una amplia parcela de sanidad p¨²blica. En cualquier caso, el n¨²mero de facultativos funcionarios en este sector no se especifica en los citados Presupuestos.

En total, y con referencia a las ¨²ltimas estad¨ªsticas conocidas, cabe cuantificar el n¨²mero de m¨¦dicos funcionarios sujetos a relativas incompatibilidades, seg¨²n el proyecto, entre 3.000 y 10.000, de un total de 80.000 m¨¦dicos en ejercicio, en su mayor parte en puestos de la sanidad p¨²blica, y con un n¨²mero de m¨¦dicos en paro estimado entre 15.000 y 20.000, de los cuales unos 5.000 realizan trabajos de subempleo sustituyendo en los puestos menos gratificantes a los m¨¦dicos pluriempleados.

La dispersi¨®n administrativa

La actual dispersi¨®n administrativa de la sanidad tiene su origen en el r¨¦gimen pol¨ªtico anterior, durante el cual no se realiza una planificaci¨®n sanitaria global (s¨®lo exist¨ªa una Direcci¨®n General de Sanidad), sino que se dan respuestas a los problemas seg¨²n surgen (hospitales antituberculosos, Instituto Social de la Marina, instituciones de beneficiencia socio-sanitaria). La estructura as¨ª generada sigue igualmente dispersa, a pesar de los intentos de agrupaci¨®n.

En la actualidad, el Instituto Nacional de la Salud supuso la refundici¨®n del antiguo INP y las mutualidades laborales, fundamentalmente, as¨ª como otras instituciones de menor incidencia, como el Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es este organismo el de mayor capacidad de empleo.

Otro de los grandes estamentos de la sanidad p¨²blica es la Administraci¨®n Institucional de la Sanidad Nacional. Es un caj¨®n de sastre donde se incluyeron todos los centros sanitarios que depend¨ªan del Estado y que no ten¨ªan sitio org¨¢nico en otro lugar. Fueron ¨¦stos, principalmente, los antituberculosos, los psiqui¨¢tricos, los dispensarios antiven¨¦reos, algunos grandes hospitales de la Beneficencia del Estado (Gran Hospital de Madrid, y los hospitales del Rey y de Victoria Eugenia, situados tambi¨¦n en la capital de Espa?a), algunos de car¨¢cter especial (el Oncol¨®gico) y otros auxiliares de la investigaci¨®n (como los centros de Farmacobiolog¨ªa, Virolog¨ªa, Nutrici¨®n y Alimentaci¨®n de Majadahonda, Madrid). Por si la confusi¨®n fuera poca en este sector, el personal que trabaja en el mismo tiene diferente situaci¨®n org¨¢nica y laboral: unos son funcionarios del Cuerpo de Sanidad Nacional -cuerpo de ¨¦lite para la planificaci¨®n, prevenci¨®n y gesti¨®n sanitaria antes de que se creara la Seguridad Social, y hoy con menor incidencia-, otros son contratados laborales, y otros, de plantilla de la Seguridad Social, por citar los rasgos m¨¢s sobresalientes y prescindir de casu¨ªstica.

Las corporaciones locales constituyen un tercer bloque de esta dispersa estructura sanitaria. En ellas, los cabildos y las diputaciones suelen tener personal propio. Sin embargo, en los ayuntamientos la situaci¨®n es m¨¢s peculiar. El personal sanitario de ¨¦stos son sanitarios locales, pero el cuerpo en el que se integran los hace depender administrativa y econ¨®micamente de la Administraci¨®n central, a la par que funcionalmente depende de esa corporaci¨®n local. Es el caso de los m¨¦dicos APD, veterinarios, farmac¨¦uticos, practicantes y matronas titulados. Esta peculiaridad se establece con la centralizaci¨®n del franquismo y resulta especialamente expresiva en el caso de los m¨¦dicos rurales. La creaci¨®n del Seguro Obligatorio de Enfermedad y la seguridad social agraria y de aut¨®nomos, en los a?os cuarenta, transforma la funci¨®n de estos m¨¦dicos, antes dedicados a la necesidades de su ayuntamiento y a su consulta privada (con las famosas igualas o sin ellas), y a partir de entonces, a las necesidades de aquella primitiva seguridad social estatal. Es el momento en que a estos m¨¦dicos se les otorga un cupo del SOE, por lo que pasar¨¢n a ejercer de hecho un pluriempleo en dos administraciones p¨²blicas, la central y la local.

La Universidad, los tres ej¨¦rcitos, el Ministerio de Justicia y el Instituto Social de la Marina completan este esquema, en el que hay que destacar otro estamento: las mutuas patronales de accidentes de trabajo, las cuales, con fondos p¨²blicos con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, no dan directamente empleo sanitario, sino que conciertan su demanda de asistencia con la empresa privada.

A pesar de la amplitud de la estructura quedan importantes lagunas asistenciales actualmente poco cubiertas o en tremenda desconexi¨®n: planificaci¨®n familiar, psiquiatr¨ªa, toxicoman¨ªas, geriatr¨ªa, minusval¨ªas, epidemiolog¨ªa, etc¨¦tera, as¨ª como, parad¨®jicamente, se producen notables duplicidades en determinados aspectos asistidos desde diversos organismos sin apenas coordinaci¨®n.