Unas sorprendentes diligencias previas

LA NOTICIA de que la jurisdicci¨®n militar ha iniciado diligencias previas en torno a unas declaraciones de Alfonso Guerra sobre el juicio del 23-F resulta cuando menos sorprendente, y se enmarca en una especie de nueva desatenci¨®n a la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, de las que el viernes pasado hicimos un comentario editorial a costa del escaso respeto a las mismas que parecen tenerle ¨²ltimamente los propios diputados, socialistas incluidos. La inviolabilidad ampara a los parlamentarios "por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones" y mantiene al diputado socialista por Sevilla fuera del ¨¢mbito penal cuando se pronuncia -aunque sea de forma pol¨¦mica y hasta censurable- sobre problemas y aspectos de la vida p¨²blica. La inmunidad s¨®lo permite la detenci¨®n de diputados y senadores en caso de flagrante delito com¨²n, y exige una previa autorizaci¨®n del Congreso o del Senado para su procesamiento por presuntas conductas ilegales en su vida. El fuero especial de los diputados asigna al Tribunal Supremo la competencia en esas causas. Pero lo m¨¢s extra?o de la noticia aludida es que, tras la reforma del C¨®digo de Justicia Militar, la jurisdicci¨®n militar no tiene competencia para conocer de ese presunto delito incluso en el supuesto de que Alfonso Guerra no fuera diputado.En efecto, los art¨ªculos 6, 9 y 13 del C¨®digo de Justicia Militar detallan con precisi¨®n la competencia de la jurisdicci¨®n castrense por raz¨®n del delito, por raz¨®n del lugar y por raz¨®n de la persona responsable. Dado que Alfonso Guerra no pertenece a las Fuerzas Armadas, que el presunto delito que se le atribuye no se define como espec¨ªficamente militar y que su perpetraci¨®n no tuvo como escenario ninguno de los ¨¢mbitos detallados en la norma castrense, parece evidente que las diligencias previas que se hayan iniciado o se pudieran iniciar contra el diputado sevillano no tendr¨ªan otro destino que el de ser archivadas. ?Para qu¨¦, entonces, se instruyen? Porque incluso si las declaraciones de Alfonso Guerra ofrecieran indicios racionales de culpabilidad, supuesto absurdo dada la inviolabilidad parlamentaria que le protege, el caso ser¨ªa competencia de la jurisdicci¨®n ordinaria, previa concesi¨®n del correspondiente suplicatorio por el Congreso (cosa nada probable) y mediante la intervenci¨®n del Tribunal Supremo, por motivos de fuero procesal, para conocer la causa.

Algo hay de inquietante en el trasfondo de este asunto. Es cierto que Alfonso Guerra, a juzgar por sus actitudes, no parece resignarse al hecho de que un papel pol¨ªtico y social tan importante como la vicesecretar¨ªa del PSOE forzosamente tiene que limitar la capacidad de quien la desempe?a a la hora de repentizar declaraciones. Cuando Guerra habla de nacionalizaciones o dejuicios militares, sus palabras trascienden a su persona y comprometen al partido cuya vicesecretar¨ªa desempe?a, ya que la gente presta atenci¨®n a esas opiniones no porque expresen las ideas de un individuo singular, sino porque se supone que reflejan, a trav¨¦s de un autorizado portavoz, las reflexiones colectivas de los ¨®rganos dirigentes del PSOE.

Ahora bien, estos aspectos del problema suscitado por las declaraciones de Alfonso Guerra son algo que s¨®lo incumbe resolver a los propios socialistas, que dif¨ªcilmente podr¨ªan lograr sus objetivos de consolidar la democracia desde el poder -si es que lo obtienen- sin contar con el respeto de las Fuerzas Armadas. Pero la otra dimensi¨®n del asunto es que, al margen consideraciones jur¨ªdicas, las diligencias previas incoadas contra Guerra pueden traer consigo serias consecuencias pol¨ªticas para el entendimiento del juicio del 23-F y, m¨¢s all¨¢ de la conclusi¨®n de ese proceso, para el normal funcionamiento de nuestra vida p¨²blica. Alguien podr¨ªa ver en ese gesto, destinado al fracaso tanto por la condici¨®n de diputado de Guerra como por la delimitaci¨®n de competencias realizada por el C¨®digo de Justicia Militar, una ocasi¨®n para replantear los delicados conflictos creados en el pasado por la abolida ley de Jurisdicciones, que tan gravemente afect¨® a la estabilidad pol¨ªtica de la Restauraci¨®n. Pero, sobre todo, el caso amenaza con arrojar sobre los pupitres de los diputados y las p¨¢ginas de la Prensa una pol¨¦mica insensata sobre las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el principal partido de la oposici¨®n, pol¨¦mica a cuyos frutos electorales muy dif¨ªcilmente podr¨ªa sustraerse el partido del Gobierno. Ah¨ª radica la ingenuidad o la irresponsabilidad de Guerra al hacer sus declaraciones. Pero es preciso no embarrar m¨¢s el terreno de la opini¨®n p¨²blica, pendiente del juicio del 23 de febrero, y no de los episodios perif¨¦ricos con los que alguien parece interesado en distraerlo. Que la derecha pol¨ªtica, ante la inminencia de las elecciones andaluzas y la no tardanza de las generales, se beneficie del miedo generalizado a la repetici¨®n de una tentativa similar a la de febrero del a?o pasado es algo que resultaba previsible, aunque sea tambi¨¦n una t¨¢ctica ¨¦ticamente detestable. Cuestiones como las que merece este editorial contribuyen inevitablemente a ello, y bien podr¨ªa haberse mordido la lengua el vicesecretario general del PSOE antes de decir lo que dijo. Pero a la hora de juzgar actitudes concretas, el Gobierno no debe menospreciar el derroche de prudencia que la oposici¨®n en su conjunto y la opini¨®n p¨²blica en general vienen haciendo desde hace meses.