La Seguridad Social refuerza su plan contra morosos

Los planes de inspecci¨®n contra morosos en la Seguridad Social (SS) ser¨¢n reforzados dentro de dos meses, con el prop¨®sito de situar el nivel de impagados en el 11,5%, de las facturaciones mensuales. Para 1982, los responsables de la SS esperan que el aumento de las medidas de control sobre las empresas sujetas a cotizaci¨®n en el R¨¦gimen General incremente los ingresos en 24.600 millones de pesetas. Pero su versi¨®n discrepa notablemente de las procedentes de medios empresariales, fuentes oficiosas de la Administraci¨®n y expertos en la materia, m¨¢s pesimistas en cuanto al nivel de mora y posibilidad de cobro.

Seg¨²n el tesorero general de la SS, Juan Vi?as, dentro de dos meses la inspecci¨®n podr¨¢ empezar a trabajar con m¨¦todos m¨¢s cient¨ªficos. Ello ser¨¢ posible gracias a la depuraci¨®n del censo que se ha iniciado a principios de a?o.Con los datos introducidos en ordenadores sobre las 700.000 empresas y 7,5 millones de trabajadores afiliados, se podr¨¢n obtener las principales desviaciones, que ser¨¢n analizadas en visitas a las empresas por cuatrocientos inspectores.

Morosidad moderada

Juan Vi?as afirma que "la morosidad es moderada" y "la situaci¨®n no es tan mala como parece", despu¨¦s de haber conseguido bajar el nivel de impagados desde el 5% de hace dos a?os a algo menos del 2% en los ¨²ltimos meses.

Unidos a las oscilaciones propias de cada a?o, los avances en este campo han contribuido a incrementar los ingresos del sistema. En febrero y marzo las entradas (por cotizaciones de enero y febrero) han sido de 161.050 y 133.400 millones de pesetas, el 15 y 20% superiores a las de iguales meses de 1981, respectivamente

Sin embargo, los datos sobre morosidad que aporta el tesorero general discrepan con las estimaciones empleadas por sindicatos y expertos de la Administraci¨®n, que hablan de una deuda acumulada en medio bill¨®n de pesetas.

A¨²n sin entrar en vol¨¢tiles especulaciones del fraude al sistema, que algunos cifran en un indemostrable 30%, un documento de trabajo del Ministerio de Econom¨ªa reafirma dicha estimaci¨®n (v¨¦ase cuadro adjunto).

Las diferencias de presi¨®n, como consecuencia de la morosidad y del nivel de ingresos existente para cada uno de los reg¨ªmenes de la Seguridad Social, acent¨²an la ya amplia discriminaci¨®n a la hora de soportar las cargas generales.

Seg¨²n datos macroecon¨®micos correspondientes a 1975, la agricultura soportaba una presi¨®n efectiva del 17,1%, la ganader¨ªa del 13,2% y la pesca otra del 15,6%. En las mismas fechas, la presi¨®n general media era del 20,5%, cifra l¨®gicamente inferior a la de la industria y los servicios, que financian parte de las carencias.

Amplio fraude

Adem¨¢s de subrayar que existe un "amplio fraude" (sobre todo por ocultaci¨®n de altas, inclusi¨®n de trabajadores en una categor¨ªa inferior, ocultaci¨®n parcial de la base de cotizaci¨®n y altas ficticias), el citado documento repite que el fen¨®meno provoca mayor presi¨®n sobre el resto de las empresas.

En consecuencia, estas pueden sentirse incitadas a ocultar parte de las bases e incurrir en "econom¨ªa subterr¨¢nea". Concretamente, en 1980 se esperaba recaudar por horas extras el triple de los 6.000 millones de pesetas conseguidos.

Seg¨²n Vi?as, la morosidad mensual es hoy d¨ªa de unos 3.000 millones de pesetas, frente a los 5.000 de 1979. En cuanto a las cifras acumuladas, las sit¨²a en cerca de 240.000 millones de pesetas.

De esta cifra, entre 120.000 y 140.000 millones de pesetas proceden de deudas acumuladas sin regularizar, otros 70.000 millones de las regularizaciones acogidas al decreto 22/1979, y otros 30.000 millones de pesetas de aplazamientos posteriores como consecuencia de las reconversiones industriales.

Pero incluso otros departamentos de la SS han manejado cifras mayores. Concretamente, los redactores de la memoria financiera de los Presupuestos 1982 han reconocido que, seg¨²n los datos que relacionan los trabajadores cotizantes con los dados de alta en el R¨¦gimen General, donde se detectan fundamentalmente los impagados, hay una morosidad del orden del 5,53%.

Estas cifras les llevaron a deducir que durante el a?o se dejar¨ªan de ingresar al R¨¦gimen 86.581 millones de pesetas, lo que colocar¨ªa los ingresos en 1.479.095 millones.

Las discrepancias pueden empezar a explicarse en que, para el tesorero general, "las econom¨ªas que no est¨¢n bajo control oficialmente no existen". En su opini¨®n, las empresas y trabajadores que act¨²an dentro de la econom¨ªa oculta "son un problema social, pero no financieros". "No le generan ingresos, pero tampoco gastos".

Medidas correctoras

Los redactores de la memoria estiman que, gracias a los medios inform¨¢ticos puestos ya en marcha y a las ¨²ltimas medidas sobre inspecci¨®n y recaudaci¨®n, podr¨¢ ser reducida la morosidad en un punto y medio.

Tales medidas son la Ley 40 de 1980 y el Decreto-Ley 10 de 1.981, que complementaron el efecto del Decreto 2.299 de 1.979, al cual se acogieron aplazamientos excepcionales hasta 1983 por valor inicial de 78.849 millones de pesetas.

Seg¨²n Vi?as, tras el Decreto-Ley de junio de 1981 la morosidad resulta cara a las empresas. Y como cada vez hay menos margen de actuaci¨®n, es bastante dif¨ªcil llegar a un objetivo deseable del 1 %.

Frente al anterior recargo inicial ¨²nico del 10%, que se incrementaba al 20%, al entrar en asunto en v¨ªa ejecutiva, la disposici¨®n introdujo un recargo del 20%, que se incrementa en otro 20% al a?o, a lo que se a?ade otro 25% de costas si el asunto entra en v¨ªa de apremio.

Para el tesorero general de la SS, el cambio ha resultado tan decisivo como la mecanizaci¨®n de los requerimientos a las empresas a trav¨¦s del ordenador. Estos empezaron a cursarse con mayor rapidez que anteriormente a mediados del a?o pasado.

Paralelamente, fue iniciada la potenciaci¨®n de los planes de inspecci¨®n. Ya en 1981 se levantaron el triple de actas que el ejercicio anterior. "Aunque todav¨ªa estamos lejos de lo que ser¨ªa de desear, el camino es importante", dice Vi?as.

En tercer lugar, el personal dedicado a gestionar la v¨ªa ejecutiva en las magistraturas de Trabajo ha aumentado, y en los ¨²ltimos meses se ha conseguido doblar la recaudaci¨®n. Los ingresos por este concepto han pasado de 4.500 millones de pesetas a 8.000 millones. Ahora se pretende desde instancias oficiales acelerar dicha v¨ªa, pues algunas empresas no pagan hasta que sienten pr¨®xima la amenaza del embargo de bienes.

En CEOE se dice que pocos atienden los apremios

Uno de los altos cargos de la CEOE coment¨® recientemente en privado que, de los 50.000 procedimientos de apremio emitidos mensualmente, las empresas s¨®lo atienden 2.000 ¨® 3.000, y que muchas ofrecen a los cobradores que se lleven las m¨¢quinas. El tesorero general afirma que no sabe de d¨®nde pueden haber salido dichas cifras, cuya inexactitud es notoria a la vista de los datos facilitados.

Pero en otros medios del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social se ha registrado verdadero temor a que los procedimientos de pago provoquen por s¨ª mismos la ruina de las empresas, causando da?os mayores a los trabajadores y al Estado.

El propio documento de Econom¨ªa dice que, ante la elevada morosidad e impago de cotizaciones, unas veces por la alta presi¨®n y otras por el bajo coste de la morosidad, "en general, la Administraci¨®n no ha ejecutado los descubiertos, procurando no crear dificultades adicionales a las empresas en crisis, para tratar de evitar cierres"

Tales impresiones coinciden con las obtenidas recientemente de una intervenci¨®n de Juan Antonio Sagardoy, en un debate sobre la SS organizado por la Fundaci¨®n de El F¨¦nix Mutuo. El catedr¨¢tico de derecho del trabajo dijo que, como ciudadano, le sonroja que los asuntos de C¨®digo Penal deban ser llevados a las mesas de negociaci¨®n para la reforma.

Medidas en negociaci¨®n y decisi¨®n

En este sentido, una de las 78 medidas propuestas por el documento de s¨ªntesis que elabor¨® el profesor Fuentes Quintana al terminar los trabajos de la comisi¨®n surgida del Acuerdo Nacional de Empleo para la mejora y racionalizaci¨®n de la SS dec¨ªa textualmente: "La gesti¨®n de los ingresos espec¨ªficos se inspirar¨¢ en los mismos criterios y normas que los ingresos tributarios del Estado.

Se establecer¨¢n medidas de coordinaci¨®n entre ambas gestiones y se mejorar¨¢ la inspecci¨®n de cotizaciones".

Asimismo, de las 65 medidas estudiadas por el Gobierno dentro de los actuales proyectos de mejora y racionalizaci¨®n del sistema figuran cinco relativas al control de ingresos: un decreto regulador de la responsabilidad empresarial por incumplimiento de obligaciones, otro que determina el procedimiento de recaudaci¨®n en v¨ªa voluntaria, una instrucci¨®n que refuerza la inspecci¨®n sobre afiliaciones y cotizaciones, actuaciones concretas para el control inform¨¢tico de cotizaciones y expedici¨®n informatizada de certificados de descubierto, y un decreto para agilizar los procedimientos ejecutivos por descubiertos, en coordinaci¨®n con los servicios del Estado.

Tambi¨¦n parece que tratar¨¢n de ser corregidas la insuficiente dotaci¨®n de medios materiales y humanos, as¨ª como la falta de especializaci¨®n de los inspectores. Ambos factores y la escasa idoneidad de la Magistratura de Trabajo como agente gestor de la recaudaci¨®n en v¨ªa ejecutiva eran comentados en el documento de la Administraci¨®n como fen¨®menos explicativos del fraude.

Las deudas de cada empresa se mantienen en secreto

En cualquier caso, los responsables de la SS se niegan a dar datos concretos y pormenorizados sobre las deudas de las empresas.

El propio tesorero General dice que, seg¨²n un dictamen jur¨ªdico, es anticonstitucional, pues el p¨¢rrafo 4 del art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n se?ala que "la ley limitar¨¢ el uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".

Para reforzar esta opini¨®n es esgrimido el Art¨ªculo 14 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1974), que s¨®lo preve dar informaci¨®n sobre los datos referentes a ellos a "los empresarios y los trabajadores, bien por s¨ª o a trav¨¦s de las unidades sindicales en que est¨¦n encuadrados".

Y ni siquiera sobre el nivel de ejercicio de este derecho ha sido posible obtener informaci¨®n.