La Audiencia de Valladolid se interesa por el retraso de las nuevas elecciones municipales en Le¨®n
La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid ha remitido a la junta electoral de Le¨®n un oficio en el que se piden aclaraciones sobre el incumplimiento de una sentencia de enero de 1980, que anulaba las elecciones parciales por las que el PSOE perdi¨® la alcald¨ªa de Le¨®n en favor de UCD. La comunicaci¨®n se considera en medios jur¨ªdicos como un tr¨¢mite previo para instar al Gobierno a convocar nuevas elecciones, despu¨¦s de que ¨¦ste incumpliera los plazos fijados en la vigente normativa electoral por supuestos intereses pol¨ªticos.
Tanto el PSOE como el PCE han manifestado a trav¨¦s de sus secretarios provinciales, Angel Capdevila y Luis Garc¨ªa, que pedir¨¢n responsabilidades por el retraso en la ejecuci¨®n de la citada sentencia: m¨¢s de dos a?os, frente a los tres meses que fija la ley electoral. Este retraso contrasta con la rapidez con que se convocaron elecciones en 1978 como consecuencia de un contencioso similar presentado por CD, a resultas del cual la alcald¨ªa pas¨® a manos de la derecha. Los resultados de estas ¨²ltimas fueron anula dos nuevamente por la audiencia, quince meses despu¨¦s, por ilegales actividades propagand¨ªsticas de la Hoja del Lunes local a favor de CD.El control de la alcald¨ªa leonesa ha seguido una evoluci¨®n accidentada desde las primeras elecciones democr¨¢ticas: en abril de 1979 fue elegido alcalde el socialista Gregorio P¨¦rez de Lera; en octubre del mismo a?o la alcald¨ªa pas¨® a manos de UCD por menos de un centenar de votos, tras celebrarse elecciones parciales en cuatro mesas de la capital, cuyos resultados hab¨ªan sido anulados por la audiencia de Valladolid; y en enero de 1980 la audiencia anul¨® de nuevo los resultados.
Los partidos de izquierda hab¨ªan pedido la ejecuci¨®n de la sentencia en varias ocasiones desde hace dos a?os, la ¨²ltima el pasado 20 de marzo, mientras UCD y CD interpon¨ªan otros tantos recursos con ¨¢nimo de retrasar una nueva convocatoria, todos los cuales fueron rechazados.
En medios jur¨ªdicos se achaca el retraso a la inexperiencia de los tribunales en materia contencioso-electoral. Seg¨²n ha comprobado EL PAIS, ni la audiencia ni la junta electoral de Le¨®n comunicaron la ¨²ltima sentencia al Gobierno, ¨®rgano con competencia exclusiva para convocar elecciones.
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