El Tribunal Constitucional admite un recurso de amparo del senador Castels
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite por decisi¨®n de la secci¨®n cuarta de su sala segunda, el recurso de amparo presentado por el equipo de defensores del senador de Herri Batasuna (HB) Miguel Castels contra la decisi¨®n de la sala segunda del Tribunal Supremo, que deneg¨® la toma en consideraci¨®n de un escrito de recusaci¨®n contra cuatro de sus cinco magistrados.
Por otra parte, los defensores del Castels han presentado ante la sala citada del Tribunal Supremo el escrito de calificaci¨®n provisional y propuesta de prueba en el sumario contra el senador abertzale, por un supuesto delito de injurias al Gobierno y a clase cualificada del Estado, por el que se le piden seis a?os y un d¨ªa de prisi¨®n. La causa es un art¨ªculo publicado por la revista Punto y hora de Euskal Herr¨ªa el 14 de junio de 1979, en torno a presuntas implicaciones gubernamentales en actividades violentas de la extrema derecha.La admisi¨®n del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional no es suspensiva del procedimiento que sigue el Tribunal Supremo contr¨¢ el senador, pero en caso de prosperar, podr¨ªa llevar consiga la nulidad de lo actuado. La reclamaci¨®n de los defensores de Castels se refiere a la negativa de la sala segunda del Tribunal Supremo a admitir a tr¨¢mite una recusaci¨®n contra los magistrados, Fernando D¨ªaz Palos (presidente de la misma sala), Jos¨¦ Hijas (ponente) y los vocales, Luis Vivas y Benjam¨ªn Gil, fundamentada en el hecho de que su actuaci¨®n durante el r¨¦gimen anterior en tribunales de car¨¢cter pol¨ªtico, como la Audiencia Nacional, o la confirmaci¨®n en el Tribunal Supremo de sentencias por delitos pol¨ªticos emit¨ªdas desde aqu¨¦l, les inhabilita en la situaci¨®n actual para juzgar un presunto delito que tambi¨¦n presenta implicaciones pol¨ªticas.
Por otra parte, los defensores del senador de HB I?aki Esnaola y Enrique Vllla, explicaron ayer, en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en el Colegio de Abogados de San Sebasti¨¢n, el contenido del escrito de calificaci¨®n provisional que han presentado. La defensa sostiene la inocencia de su patrocinado, y, seg¨²n se deduce de su calificaci¨®n de los hechos, tratar¨¢ de probar en el juicio que la denuncia efectuada por Castels en su art¨ªculo es cierta.
Para ello la defensa se propone, entre otras cosas, requerir a los gobiernos civiles de Guip¨²zcoa, Vizcaya, Navarra y Alava para que certifiquen si fueron identificados y puestos a disposici¨®n judicial quienes tomaron parte en la muerte de veintitr¨¦s personas, fallecidas todas ellas en Euskadi durante los ¨²ltimos siete a?os, bien en atentados de la extrema derecha o en actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Otro de los argumentos de la defensa trata de demostrar que la deiiuncia publicada por Miguel Castels en el art¨ªculo incriminado forma parte de sus compromisos pol¨ªticos con la fracci¨®n del electorado que le eligi¨®, y se sit¨²a en el terreno de los derechos y obligaciones reconocidos con car¨¢cter internacional a los parlamentarios, en un sistema democr¨¢tico.
La prueba testifical propuesta incluye la citaci¨®n de 52 personas, entre las que se encuentran el presidente del Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzallus; el titular de la cartera de Interior del Gobierno vasco, Luis Mar¨ªa Retolaza; el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Jos¨¦ Mar¨ªa Txiki Benegas; los diputados Jos¨¦ Mar¨ªa de Areilza y Fernando Sagaseta, el senador Tirso Pons, diez periodistas espa?oles, varios altos mandos policiales y representantes de la Uni¨®n Sindical de Polic¨ªas y hasta veintiocho diputados o senadores belgas, italianos, franceses, ingleses, irlandeses y daneses.
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