La LAU y la patrimonializacion del Estado

LA RETIRADA por el Gobierno del proyecto de Ley de Autonom¨ªa Universitaria, ya dictaminado por segunda vez en Comisi¨®n 31 en puertas de ser debatido en el Pleno del Congreso, constituye una de las estampas m¨¢s bochornosas de un periodo -de m¨¢s de un a?o de duraci¨®n caracterizado por las concesiones del Poder Ejecutivo frente a las posesiones extraparlamentarias y por las humillaciones y desprecios infligidos a la soberan¨ªa de las Cortes Generales. La pretensi¨®n del Gobierno de que, se?alada ya la fecha para el Pleno del Congreso, el grupo parlamentario socialista, cuyos votos son necesarios para aprobar la LAU como ley org¨¢nica, aceptara veintitr¨¦s modificaciones de un texto negociado hasta el aburrimiento a lo largo de varios a?os entre UCD y PSOE se halla cerca de la provocaci¨®n.Cab¨ªa suponer que Federico Mayor Zaragoza, un pol¨ªtico que pod¨ªa. haber aprendido la cortes¨ªa de las formas civilizadas y la virtud de la seriedad durante su estancia en la Unesco, estaba limpiando los cajones de su mesa de despacho, ya que su dimisi¨®n como ministro de Educaci¨®n y Ciencia era previsible. Su compromiso en favor de la LAU, su p¨²blica promesa de abandonar la cartera si el proyecto fuera retirado por el Gobierno, y su activo papel en las negociaciones con el PSOE, en las que llev¨® la voz cantante precisamente por su competencia profesional, hac¨ªan ineludible que Federico Mayor, la gran esperanza blanca de UCD desde diciembre, eligiera el camino del respeto hacia s¨ª mismo y hacia la palabra empe?ada y no permitiera que su nombre y su prestigio sufrieran el mismo irreparable deterioro de aquellos ministros de la colza que se resistieron como gatos panza arriba a presentar una dimisi¨®n exigida por un m¨ªnimo sentido del decoro. Vana esperanza. El ministro no solo no se apea del coche oficial sino que explica su acomodamiento al sill¨®n en virtud de que la Universidad que no es capaz de reformar por ley va a ser reformada, en lo m¨¢s urgente, por decreto. La pol¨ªtica espa?ola, en general, y el centrismo, en particular, necesitan personalidades p¨²blicas armadas de principios. Este espect¨¢culo de ayer ser¨ªa casi bufo si no resultara tr¨¢gico comprobar c¨®mo y por qu¨¦ se toman las decisiones.

Los socialistas habr¨¢n podido comprobar el despilfarro de fuerzas y la inutilidad que supuso su deslucida y claudicante aceptaci¨®n, tras el golpe de Estado del 23 de febrero y la defenestraci¨®n de Luis Gonz¨¢lez Seara como ministro de Universidades, del ultim¨¢tum lanzado por el Gobierno Calvo Sotelo, hace un a?o, en circunstancias casi id¨¦nticas a las actuales. El primer proyecto de la LAU qued¨® dictaminado por la Comisi¨®n del Congreso en diciembre de 1980, y s¨®lo la interrupci¨®n invernal del periodo de sesiones impidi¨® su aprobaci¨®n inmediata por el Pleno de la C¨¢mara Baja. El entonces portavoz del grupo parlamentario socialista acept¨®, en abril de 1981, tras la sustituci¨®n de Su¨¢rez por Calvo Sotelo, la exigencia del Gobierno de interrumpir el tr¨¢mite parlamentario y devolver a comisi¨®n el discutido texto, que hizo su camino de regreso a la fase de ponencia mediante el conocido procedimiento del bar¨®n de M¨¹chhaussen: salirse del pozo tirando hacia arriba de la propia cabellera. El rechazo, en abril de 1982, de una maniobra similar, demuestra que el PSOE aprende con la experiencia, pero no le exonera de la dejaci¨®n de principios parlamentarios implicada en su abdicaci¨®n hace un a?o.

Se ha escrito tanto sobre la desventurada LAU, cuyos defectos empalidecen y se achican al compararlos con la ruinosa y desprestigiada situaci¨®n actual de nuestras universidades, que no merece la pena practicar la autopsia de su cad¨¢ver, enterrado en medio de la desbordante alegr¨ªa de los beneficiarios de esos intereses corporativistas que se sent¨ªan amenazados por sus discretas re formas. Sin embargo, merece la pena resaltar la vejaci¨®n de que han sido objeto las Cortes Generales, despojadas de su soberan¨ªa legislativa por las abiertas presiones ejercidas sobre el poder ejecutivo por funcionarios p¨²blicos -esta vez de la ense?anza superior- y por grupos e instituciones que pretenden favorecer a las universidades eclesi¨¢sticas. En las ocasiones en que algunas movilizaciones populares pretendieron alterar el curso de los trabajos legislativos, las voces en defensa del fuero parlamentario y en contra de las manifestaciones sociales llegaron a los cielos. No parece que el trabajo de zapa realizado dentro del Poder Ejecutivo por funcionarios que, te¨®ricamente, son servidores del Estado, pero que en la pr¨¢ctica se consideran sus propietarios, haya merecido igual repulsa. Ha bastado con que unos pocos centenares de catedr¨¢ticos, que s¨®lo se representan a ellos mismos (ni siquiera a los profesores agregados) y a sus intereses gremialistas, hayan utilizado su prestigio profesional y sus relaciones con los ministros algunos catedr¨¢ticos y la gran mayor¨ªa funcionarios p¨²blicos para que el art¨ªculo 66 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cu¨¢l las Cortes Generales "ejercen la potestad legislativa del Estado" y "controlan la acci¨®n del Gobierno", se haya convertido en una ficci¨®n ret¨®rica.

La explicaci¨®n, naturalmente, es que el Gobierno tampoco ejerce esa funci¨®n de dirigir la Administraci¨®n civil y militar del Estado que la Constituci¨®n le asigna en su art¨ªculo 97, sino que expresa y defiende en ocasiones como esta los limitados intereses de los altos cuerpos de la Administraci¨®n que simultanean sus escalafones con el ejercicio de la profesi¨®n pol¨ªtica. El Estado espa?ol presenta todav¨ªa el rasgo semifeudal de la patrimonializaci¨®n de los cargos por las carreras y cuerpos que los desempe?an, dispuestos siempre a utilizar todos los recursos -tambi¨¦n estatales- en su mano para proteger su posici¨®n de propietarios. En esta ocasi¨®n, han sido algunos catedr¨¢ticos, pero sobran los ejemplos, a lo largo de los ¨²ltimos a?os, de ese secuestro de la pol¨ªtica del Estado, que debe representar en ¨²ltima instancia la voluntad de todos los ciudadanos, por funcionarios que hacen compatible la hipot¨¦tica condici¨®n de servidores del Estado con la concreta situaci¨®n de due?os de su aparato.

S¨®lo a los ingenuos puede sorprender, por ejemplo, que la Reforma de la Administraci¨®n -a cuyo frente estuvo como ministro invisible precisamente uno de los animadores del linchamiento de la LAU- sea el cuento de la buena pipa que UCD desgrana tan aburrida como ineficazmente. El asunto de la colza ya nos ilustr¨® sobre los poderosos lazos gremiales o familiares que ampararon a determinados funcionarios del Ministerio de Comercio que hab¨ªan mostrado negligencia en el desempe?o de sus tareas. El desarrollo del debate de la ley de incompatibilidades puso igualmente de manifiesto que buena parte de los diputados de UCD prestan mayor atenci¨®n a sus intereses corporativos que a las necesidades generales y al mandato de los electores. Ser¨ªa improbable -por poner un ejemplo clarificador- que una eventual reforma del estatuto de derechos y deberes de los abogados del Estado, los t¨¦cnicos comerciales, los registradores de la propiedad o los notarios pudiera llegar a puerto si perjudicara, de un lado, los intereses globales de esos cuerpos, y si el Gobierno, de otro, estuviera compuesto de abogados del Estado, t¨¦cnicos comerciales, registradores de la propiedad y notarios. Y, sin embargo, la modernizaci¨®n de la sociedad espa?ola exige como paso previo la de un aparato estatal cuya reforma ser¨¢ imposible mientras que los defensores de los enquistados intereses corporativos dentro de la Administraci¨®n P¨²blica sean, a la vez, quienes tengan la responsabilidad pol¨ªtica de dirigirla desde el Gobierno. La LAU, el futuro del saber y la investigaci¨®n en este pa¨ªs, ha sido en esta ocasi¨®n la v¨ªctima.