Una soluci¨®n para Presur

EN DIVERSAS zonas de Espa?a se est¨¢ produciendo un estallido de reivindicaciones contra el Gobierno para que impulse con fondos p¨²blicos y en pura p¨¦rdida el desarrollo econ¨®mico. En ¨¢reas deprimidas como Extremadura se invoca la existencia de recursos minerales inexplotados que, sin embargo, no encuentran inversores privados o cooperativas de productores dispuestos a ofrecer una estructura de costes que facilitara la realizaci¨®n del proyecto, si fuera viable. La presi¨®n indirecta para conseguir que el Estado financie con fondos subvencionados, pagados por todos los contribuyentes, la planta de pelletizaci¨®n tiene su origen en poderosos grupos econ¨®micos privados que tratan de repetir, bajo la democracia, las rentables operaciones de socializaci¨®n de las p¨¦rdidas y privatizaci¨®n de las ganancias que les enriquecieron durante el anterior r¨¦gimen. Pero la superficie de esa manipulaci¨®n subterr¨¢nea ofrece el dram¨¢tico panorama de los encierros de mineros y sus familias, agobiados por el paro y desencantados por promesas que no se cumplen, empujados a unas acciones de protesta que los futuros beneficiarios de esos proyectos aplauden con insolente demagogia. Resulta, as¨ª, que tan reales son los abusivos prop¨®sitos de los promotores como el hambre y la desesperaci¨®n de los mineros que presionan en favor de la aprobaci¨®n de las aplazadas inversiones. Por esa raz¨®n, al Gobierno corresponde no solo el deber de rechazar el proyecto si este no es viable y de desenmascarar ante la opini¨®n p¨²blica a sus padrinos -aunque sean dirigentes de UCD- sino tambi¨¦n la obligaci¨®n de explicar a los trabajadores en paro su postura y de ofrecerles una soluci¨®n alternativa a su problema. Tambi¨¦n le toca explicarles a estos y a la opini¨®n p¨²blica por qu¨¦ el gabinete se dedic¨® alegremente a hacer promesas que no pod¨ªa cumplir, y exigir responsabilidades a quienes empujaron sin fundamento a aquella actitud que ha dejado en evidencia al propio presidente del gobierno.Pero no s¨®lo Extremadura es escenario de esa sorprendente convergencia de intereses contrapuestos que se al¨ªan en la pr¨¢ctica a la hora de conseguir dinero gratis del Tesoro p¨²blico. Est¨¢ reciente la suspensi¨®n de actividades del complejo minero-metal¨²rgico de Aznalc¨®llar, propiedad del Banco Central, sin duda por falta de un estudio claro sobre sus posibilidades. Quiz¨¢ con subvenciones y la absorci¨®n de p¨¦rdidas por el Estado, Aznalc¨®llar se podr¨ªa reflotar; bastar¨ªa con aguardar el turno en el caso de que la pol¨ªtica de reindustralizaci¨®n prosiguiera su camino de despilfarrar recursos mediante la irracionalidad de su asignaci¨®n y en beneficio de sectores privados, intereses locales o metas electoralistas. En Asturias, la petici¨®n generalizada, respaldada por una huelga de envergadura, reclama m¨¢s inversi¨®n p¨²blica en Ensidesa. El foco de la reclamaci¨®n es la instalaci¨®n en Asturias de un nuevo tren de bandas de laminaci¨®n a costa de la factor¨ªa Sagunto. Los promotores del estallido no se plantean el esfuerzo del resto de la comunidad espa?ola para financiar unas inversiones p¨²blicas modern¨ªsimas que por el momento no han tirado de otras industrias para impulsar el proceso de desarrollo. Por el contrario, los altos sueldos y la garant¨ªa del empleo en el sector p¨²blico han erigido en el Principado una especie de sucursal industrial de la burocracia del Estado, desanimando la introducci¨®n de nuevas industrias, y provocando una especie de vac¨ªo industrial y ganadero a su alrededor.

Exigencias de este tipo aumentan el d¨¦ficit presupuestario y logran que el precio del dinero, ante una oferta de ahorro decreciente, sea empujado hacia arriba. Los proyectos de inversi¨®n sin subvenci¨®n p¨²blica sufren, de esta manera, la competencia de quienes consiguen el favor del Estado. De prosperar esa estrategia, los medios y los fines elegidos terminar¨ªan por llevar a la bancarrota al Estado, cuyo d¨¦ficit y endeudamiento exterior provocan expl¨ªcitas advertencias por parte de los organismos econ¨®micos internacionales. Entre tanto, crece el temor de aquellos ciudadanos conscientes de que ninguna colectividad puede sobrevivir gastando por encima de sus posibilidades.

No se trata empero de desincentivar la inversi¨®n p¨²blica, sino de hacer esta m¨¢s coherente y tambi¨¦n m¨¢s rentable, tanto en los aspectos estrictamente econ¨®micos como en el social. Se trata sobre todo de evitar que al albur del dinero del Tesoro, y so pretexto de empujar el desarrollo, se hagan grandes negocios especulativos privados, bien sea en la venta e instalaci¨®n de bienes de equipo, con destino a inversiones de dudosa rentabilidad, bien sea en el mantenimiento ficticio de industrias ruinosas mediante la permanente subvenci¨®n del erario de todos. El modelo de crecimiento franquista no fue otro: capitalismo proteccionista; nacionalizaci¨®n de p¨¦rdidas, privatizaci¨®n de beneficios, mantenimiento de circuitos privilegiados de financiaci¨®n. A lo mejor algunos l¨ªderes de los sindicatos de izquierda a?oran hoy aquel modelo, porque ten¨ªa efectos demag¨®gicos y populistas sobre sectores de la poblaci¨®n trabajadora y porque en ocasiones ofrec¨ªa el pan para hoy, a¨²n a costa del hambre para ma?ana. Y eso en tiempo de elecciones siempre ayuda. Pero el ma?ana ha llegado y la crisis que padecemos es en gran parte fruto de la imprevisi¨®n y el abuso de las dos ¨²ltimas d¨¦cadas de la dictadura. Las inversiones p¨²blicas de la democracia deben ser conducidas con uri criterio m¨¢s racional y menos depredador. No siempre pueden nl tienen por qu¨¦ ser econ¨®micamente rentables, pero nunca han de convertirse en un despilfarro alegre, sufragado, a¨²n si ellos no lo saben, por los propios mineros y huelguistas de hambre que reclaman hoy su realizaci¨®n.

Por eso, frente a la dial¨¦ctica de una opci¨®n capciosa y absurda -o los pellets o el caos-, la obligaci¨®n de las autoridades econ¨®micas es buscar respuestas urgentes imaginativas a las necesidades de creaci¨®n de empleo en la zona del litigio. No se puede volver la cara al drama social y humano de esos mineros encerrados en Extremadura, ejemplo extremo de la situaci¨®n que amenaza a los dos millones de trabajadores desempleados en nuestro pa¨ªs. Y resulta incomprensible que cuando se est¨¢ dispuesto a invertir nada menos que diecis¨¦is mil millones de pesetas en la planta de pelletizaci¨®n no se estudien proyectos alternativos, quiz¨¢ menos costosos y m¨¢s factibles, que generen la misma o a¨²n mayor capacidad de empleo. El secreto del enigma, sin embargo, es f¨¢cil de desentra?ar. Esos proyectos alternativos no interesar¨ªari a los sectores y grupos de presi¨®n econ¨®micos que, agitando la pobreza y el desempleo ajenos, tratan de enriquecerse con la aprobaci¨®n de cuantiosas inversiones p¨²blicas destinadas adem¨¢s a recibir una eterna subvenci¨®n del Estado.

En cualquier caso, el Gobierno debe dar respuesta a la situaci¨®n creada y afrontarla de una vez. La soluci¨®n de ganar tiempo mediante el truco de estudiar de nuevo el problema es rid¨ªcula. La actitud de puertas cerradas mantenida con los alcaldes y las autoridades locales que vinieron a Madrid a reclamar lo que entienden son sus derechos -al fin y al cabo solo ped¨ªan que se cumplieran promesas concretas hechas por el gobierno- no hizo sino empeorar las cosas. Un di¨¢logo con ellos quiz¨¢ hubiera podido aclarar muchas cuestiones y servir para encontrar soluciones viables. Claro que estas soluciones valdr¨ªan para convencer a los mineros de abandonar sil encierro y para ofrecer esperanzas de recuperaci¨®n a una zona deprimida, pero no tendr¨ªan la rentabilidad electoral que unos cuantos caciques de la derecha asilvestrada y nacional sindicalista buscan. Ni satisfar¨ªan tampoco los apetitos ego¨ªstas de quienes tratan de enriquecerse bajo el paraguas protector del dinero de todos los espa?oles.