La Asamblea Regional de Cantabria demanda el control de la Caja Rural de Santander

La Asamblea regional de Cantabria aprob¨®, en la ma?ana de ayer, por mayor¨ªa absoluta la proposici¨®n no de ley presentada por el diputado del Partido de Acci¨®n Democr¨¢tica (PAD), Ciriaco D¨ªaz Porras, a la que se unieron las enmiendas propuestas por el grupo socialista por la que se solicita del Gobierno central la transferencia de competencias en materia de control de la Caja Rural de Santander a la instituci¨®n auton¨®mica.

Igualmente, se insta a la Administraci¨®n para que gestione ante el Banco de Espa?a la inhabilitaci¨®n del presidente y director de la citada entidad -cesados en sus cargos el pasado mes de marzo-, la readmisi¨®n de los trabajadores despedidos, as¨ª como la sustituci¨®n de la intervenci¨®n por parte del Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que administra provisionalmente la entidad, por funcionarios del Banco de Espa?a.El esperado debate en torno a la situaci¨®n de la Caja Rural de Santander que se celebr¨® ayer en la Asamblea regional de Cantabria, discurri¨®, en todo momento, y de acuerdo con lo pactado entre los grupos pol¨ªticos representados en la C¨¢mara regional, por cauces de la m¨¢s exquisita cortes¨ªa parlamentaria. En ninguna intervenci¨®n se vertieron acusaciones concretas contra las personas supuestamente vinculadas a las irregularidades de la entidad, una de las cuales, el diputado centrista Justo de las Cuevas, se encontraba presente en tanto que miembro de la Asamblea.

No obstante, el portavoz del grupo de UCD, Alberto Cuartas, el ¨²nico que se opuso a la aprobaci¨®n de la proposici¨®n no de ley, sali¨® en defensa, sin citarlo expresamente, del l¨ªder de su partido, utilizando para ello las manifestaciones realizadas la pasada semana en el debate en el congreso por el vicepresidente para Asuntos Econ¨®micos y ministro de Econom¨ªa y Comercio, Juan Antonio Garc¨ªa D¨ªez, en respuesta a la interpelaci¨®n presentada por el socialista c¨¢ntabro Jaime Blanco.

De las Cuevas, que pretendi¨® en varias ocasiones ¨¢ lo largo de los debates tomar la palabra, no fue autorizado a ello por el presidente de la Asamblea, que hizo valer el reglamento provisional de la C¨¢mara y los acuerdos adoptados por la mesa y la junta de portavoces, a los que s¨®lo se opuso el representante de UCD. Este se?al¨® que la Asamblea no ten¨ªa competencia para tratar el tema y que se trataba de una injerencia en los asuntos internos de una entidad privada.

El resto de los grupos pol¨ªticos -socialdem¨®crata, regionalista, mixto y socialista-, al igual que el portavoz del Gobierno regional, rechazaron esta supuesta incapacidad legal, por entender que el Estatuto establece competencias en materia de inspecci¨®n cooperativa, las cuales ser¨¢n transferidas el pr¨®ximo 1 de julio y que, por tanto, ¨¦stas afectan a la Caja Rural de Santander al tratarse de una entidad cooperativa de cr¨¦dito. El portavoz gubernamental, Jos¨¦ Ram¨®n S¨¢iz, consejero adjunto a la Presidencia, se?al¨® que "cuando no se controlan las instituciones se quiere negar las competencias de ¨¦stas", respondiendo al portavoz centrista.

El diput¨¢do socialdem¨®crata Ciriaco D¨ªaz Porras, autor de la proposici¨®n no de ley, intervino a lo largo de tres cuartos de hora explicando la historia de la caja rural y las, a su entender, irregularidades cometidas que, puntualiz¨®, "son bastantes m¨¢s que las recogidas en el informe del Banco de Espa?a". Blanco, en representaci¨®n del grupo socialista acus¨® al Gobierno central de falta de voluntad pol¨ªtica para acabar con la corrupci¨®n en la Administraci¨®n en la gesti¨®n p¨²blica, de la que, dijo, "existen claros indicios, no s¨®lo en la Caja Rural de Santander". Rebati¨® tambi¨¦n el argumento centrista de que este tipo de debates provoca el rechazo del electorado ante los pol¨ªticos, "en cualquier caso", precis¨®, "les har¨¢ sentir asco por algunos pol¨ªticos".

El zorro y las gallinas

Por parte del grupo mixto, formado por los ocho diputados de UCD expulsados del partido el pasado marzo, Ambrosio Calzada denunci¨® la actitud del Banco de Espa?a, que no hab¨ªa dado respuesta a la petici¨®n del Gobierno regional de los documentos y expediente que dieron lugar a las sanciones impuestas a los consejeros y director general de la Caja Rural de Santander. Este extremo fue criticado tambi¨¦n por el Gobierno regional, que tampoco pudo obtener, seg¨²n manifest¨® su portavoz, datos fiables en torno a la situaci¨®n econ¨®mica de la caja y que, extraoficialmente, se considera como particularmente grave. La proposici¨®n no de ley, que fue aprobada con veinte votos a favor y doce en contra, solicita al Gobierno que gestione ante el Banco de Espa?a la inhabilitaci¨®n del presidente del consejo rector y la del director general de la caja, Am¨®s Fern¨¢ndez y Tom¨¢s Mier, respectivamente, tal como en su d¨ªa propuso el letrado instructor del expediente y que, por razones no suficientemente aclaradas, fue sustituido por el Ministerio de Econom¨ªa por el cese en sus cargos. Asimismo, se solicita la readmisi¨®n de los trabajadores despedidos por la anterior direcci¨®n, el cese de la intervenci¨®n del Consorcio Nacional de Cajas Rurales -el diputado Jainie Blanco se?alar¨ªa en este sentido que la actual situaci¨®n es comparable con "aquello del zorro al que se encarga de cuidar las gallinas"- y su sustituci¨®n por funcionarios del Banco de Espa?a.