Tasas y subvenciones de las universidades p¨²blicas

La realidad, sin embargo, sigue por los cauces habituales. El Consejo de Ministros del d¨ªa 14 del corriente, seg¨²n la informaci¨®n publicada por la Prensa, decidi¨® arbitrar f¨®rmulas de urgencia para las finanzas universitarias: subvenciones extraordinarias cifradas en 2.300 millones de pesetas para 1980 y 6.400 millones para 1983. Quiz¨¢ convenga recordar recientes contactos entre los rectores de universidad y las autoridades del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia dada la similitud de las cifras apuntadas con las que se barajan en el Informe sobre la situaci¨®n presupuestaria de las universidades p¨²blicas, que public¨® en octubre del a?o pasado la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado.Seg¨²n el informe citado, la capacidad de gasto de las universidades p¨²blicas ha sufrido un notable deterioro en los ¨²ltimos a?os. El alumnado ha pasado desde 336.734 alumnos en 1971-1972 hasta 633.455 en 1979-1980. En t¨¦rminos reales (1972=100), las tasas acad¨¦micas, por curso completo, aumentaron en un 327%, y la subvenci¨®n media decreci¨® en un 9,1% durante el per¨ªodo 1972-1980. Dado el mayor peso relativo de las subvenciones, el gasto medio por alumno era en 1980 el 50%. del correspondiente a 1974. Con las tasas acad¨¦micas en vigor y los 8.420,5 millones de pesetas del proyecto de presupuesto de las universidades, en 1982 har¨ªan falta 7.500 millones de pesetas para alcanzar las cifras de gasto medio por alumno de 1974. Este d¨¦ficit deber¨ªa ser eliminado mediante un aumento en las subvenciones de 2.500 millones para 1982 y aumentos en cantidades iguales -en pesetas de 1982- para 1983 y 1984.

Las cifras del informe son reveladoras. De los datos publicados cabe concluir que el gasto p¨²blico se asigna a las universidades con una falta de transparencia y rigor notables. Se aprecia -igualmente que esta situaci¨®n hace muy dif¨ªcil. para los rectores la gesti¨®n de las universidades. Como bot¨®n de muestra, las grandes diferencias, no analizadas, entre gastos iniciales presupuestados, gastos definitivos y gastos realizados, que en 1980, y en millones de pesetas, fueron, respectivamente, de 1.576,6, 4.084 y 1.957,5.

La falta de transparencia y rigor en la asignaci¨®n, gasto y control de los presupuestos del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia parece end¨¦mica, como ya se indicaba en el informe elevado al Gobierno por la comisi¨®n evaluadora de la ley general de Educaci¨®n y Financiamiento de la Reforma Educativa elaborado en 1977.

Con la petici¨®n de una subvenci¨®n adicional de 7.500 millones de pesetas se quer¨ªa volver a las cifras de gasto medio por alumno de 1974. Tal empe?o tan s¨®lo se apoya en que la cantidad de 1974 es la m¨¢s elevada de los ¨²ltimos a?os. Sin embargo, la demanda merece una argumentaci¨®n m¨¢s s¨®lida. Habr¨ªa que referirla -como m¨ªnimo- a las prioridades expl¨ªcitas o impl¨ªcitas existentes en el ¨¢mbito de la ense?anza universitaria, por ejemplo, en relaci¨®n a la remuneraci¨®n del profesorado. No obstante, lo adecuado ser¨ªa partir de un orden de prioridades de gasto entre niveles educativos. No parece, sin embargo, que se haya hecho as¨ª en los proyectos de ley de Autonom¨ªa Universitaria y de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria y en los libros blancos sobre la reforma de las ense?anzas medias publicados el pasado a?o. En los debates que han tenido lugar dentro y fuera del Parlamento se ha puesto en evidencia la limitada importancia que los diferentes grupos pol¨ªticos asignan a los aspectos econ¨®mico y financiero, hasta el punto de que no existe estudio alguno de los costes alternativos de las posibles reformas de las v¨ªas de financiaci¨®n.

El acercamiento de las tasas acad¨¦micas a los costes medios de la ense?anza superior, unido a un. aumento en las ayudas directas a los alumnos, constituye una f¨®rmula alternativa a la subvenci¨®n creciente a las universidades p¨²blicas. Con ello se podr¨ªa conseguir que el alumnado y sus familiares -y el profesorado- tuvieran un incentivo adicional en la buena marcha de la ense?anza -particularmente con la eliminaci¨®n de las limitaciones a la movilidad estudiantil ligada a la existencia de distritos universitarios-. Las subvenciones y los pr¨¦stamos a los alumnos atender¨ªan a quienes carecieran de medios. Adem¨¢s, estudios sobre otros pa¨ªses suelen destacar que la principal criba de alumnos carentes de recursos econ¨®micos se da al comienko y a lo largo de la ense?anza media no obligatoria. Argumento este que ilustra la importancia de las prioridades entre los diferentes ¨¢mbitos del sistema educativo cuando se trata de subvencionar.

Hay quienes argumentan que la competencia entre centros educativos, derivada de la creciente financiaci¨®n v¨ªa tasas acad¨¦micas, provocar¨ªa una p¨¦rdida en la calidad de la ense?anza: carreras o asignaturas m¨¢s f¨¢ciles en aquellos centros donde los alumnos no acudan en n¨²mero suficiente para cubrir los presupuestos. Tal eventualidad no debe descartarse, pero tampoco hay que llevarse a enga?o con la f¨®rmula actual. El n¨²mero de alumnos tambi¨¦n pesa decisivamente en la distribuci¨®n de las subvenciones. Quienes viven de cerca la situaci¨®n conocen m¨²ltiples casos de diferencias de calidad en la ense?anza y de su repercusi¨®n en la expansi¨®n, o pervivencia, de los centros de formaci¨®n universitaria. Es decir, el peligro de deterioro de la ense?anza por el cambio de f¨®rmula de financiaci¨®n no puede ser un argumento decisivo.

El argumento de la descapitalizaci¨®n cultural tampoco es concluyente. La cantidad de educaci¨®n -como cultura- debe competir con otros usos de los recursos econ¨®micos tales como la salud o la seguridad ciudadana, y no es f¨¢cil saber si un poco menos de educaci¨®n y un poco m¨¢s de, por ejemplo, medicina preventiva resultar¨ªa econ¨®mica y socialmente me nos ventajoso. Tampoco caben afirmaciones tajantes en relaci¨®n al valor laboral de un poco menos de educaci¨®n para un conjunto de la poblaci¨®n. Existen ya funda mentadas razones para pensar en una cierta sobreeducaci¨®n para la gama de empleos que ofrece una econom¨ªa como la espa?ola.

Para concluir, quiz¨¢ sea conveniente no perder de vista que, independientemente de las ventajas o desventajas de las diferentes f¨®rmulas para financiar la ense?anza superior, el informe de la Conferencia de Rectores confirma que hay que seguir la investigaci¨®n y debate p¨²blico de la realidad econ¨®mica de las universidades p¨²blicas. Adem¨¢s, la retirada de la ley de Autonom¨ªa Universitaria de las Cortes, las subvenciones recientemente anunciadas, la cercana discusi¨®n de la ley de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria y la publicaci¨®n de los libros blancos sobre las ense?anzas medias ofrecen -a todos, y no s¨®lo al Gobierno- una oportunidad excelente para analizar y debatir las prioridades, los costes y la financiaci¨®n de los diferentes niveles educativos.