Una propuesta pacificadora

LA PROPUESTA socialista para someter al control previo de inconstitucionalidad el proyecto de la LOAPA, una vez concluida su tramitaci¨®n en ambas C¨¢maras y antes de que sea promulgada por el Rey, ha sido aceptada por el Gobierno y recibida con cierta satisfacci¨®n por la Minor¨ªa Catalana. El momento elegido por Felipe Gonz¨¢lez para hacer p¨²blica la iniciativa y las palabras que la han justificado son merecedoras de elogio. Y el Gobierno merece igualmente un aplauso por la r¨¢pida aceptaci¨®n de la propuesta. El sentido pacificador de ¨¦sta deber¨ªa tener adem¨¢s como corolario una mayor apertura para la negociaci¨®n de los art¨ªculos m¨¢s fuertemente impugnados por catalanes y vascos. El Pleno del Congreso y los tr¨¢mites de ponencia, comisi¨®n y pleno en el Senado pueden ofrecer oportunidades para el entendimiento.El Tribunal Constitucional, al ser requerido para ejercer el control previo sobre la constitucionalidad del proyecto, tendr¨¢ atribuciones decisorias inapelables. De su fallo depender¨¢ que el texto de la LOAPA aparezca en el Bolet¨ªn Oficial del Estado en los t¨¦rminos aprobados por el Parlamento. El Tribunal ha demostrado sobradamente, en sus (los a?os de funcionamiento, su neutralidad y su competencia como guardi¨¢n de nuestra norma fundamental, as¨ª como su compromiso con los valores democr¨¢ticos que la inspiran. Pero la circunstancia de que los magistrados designados por el Congreso, el Senado y el Gobierno hayan tenido el visto bueno de UCD y PSOE, pero no de las minor¨ªas nacionalistas, aconsejar¨ªa, como medida de prudencia pol¨ªtica, que centristas y socialistas agotaran todas las posibilidades, en el Pleno del Congreso o en los tr¨¢mites del Senado, para reducir a la m¨ªnima expresi¨®n los componentes pol¨ªticos de sus discrepancias con vascos y catalanes y descartar las ambig¨¹edades e imprecisiones en el articulado del proyecto. Porque ser¨ªa conveniente que el Tribunal Constitucional tuviera que resolver exclusivamente cuestiones de ¨ªndole jur¨ªdica y no se viera forzado a interpretar un texto intencionadamente escurridizo o a instalarse en las fronteras que delimitan el mundo del derecho y el universo de las ideolog¨ªas pol¨ªticas.

La ¨²nica raz¨®n concluyente para declarar bastarda a la LOAPA ser¨ªa su desbordamiento del marco constitucional y su embozado prop¨®sito de eludir los mecanismos de reforma -que incluyen la convocatoria de refer¨¦ndum popular- establecidos para la modificaci¨®n tanto de nuestra norma fundamental como de los Estatutos ya en vigor. Las minor¨ªas catalana y vasca afirman que la LOAPA es un soterrado procedimiento para alterar por la puerta falsa el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, y una manera de vaciar los Estatutos de Sau y de Guernica. Los discrepantes tambi¨¦n impugnan el car¨¢cter org¨¢nico de la nueva ley, ya que el art¨ªculo 81 de la Constituci¨®n reserva esas normas para otros supuestos, y niegan que se puedan armonizar, de acuerdo con el art¨ªculo 150, disposiciones normativas de las Comunidades Aut¨®nomas que no hayan sido efectivamente promulgadas. Convergencia y PNV atribuyen a la resaca del 23 de febrero el fervor armonizador de centristas y socialistas y recuerdan a ¨¦stos, no sin raz¨®n, que fueron las pugnas electoralistas entre UCD y PSOE y la manipulaci¨®n de los agravios comparativos por el Gobierno -incluida la manipulaci¨®n del PSA en las elecciones de 1979- las grandes responsables del desbordamiento del proceso auton¨®mico cuya reconducci¨®n, parad¨®jicamente, tendr¨ªa que ser pagada por las instituciones de autogobierno de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco. Si estas l¨ªneas de razonamiento fueran correctas, y si centristas y socialistas no rectificaran a tiempo sus planteamientos, al convencerse de que la prepotencia aritm¨¦tica en las Cortes Generales de nada sirve cuando es puesta al servicio de proyectos inconstitucionales, resulta dif¨ªcil pensar que el Tribunal Constitucional pudiera dar luz verde a tan desgraciada LOAPA.