Sofisticado material sanitario permanece embalado en pasillos de la residencia de Las Palmas

La Consejer¨ªa de Sanidad de la Junta de Canarias, ante la deficiente situaci¨®n sanitaria, se limita a organizar durante el verano campa?as de limpieza de playas con grandes alardes publicitarios se est¨¢ produciendo un continuo deterioro de los hospitales p¨²blicos para dar paso a un r¨¢pido proceso de privatizaci¨®n de la medicina en toda la provincia de Gran Canarias, una de las que presenta mayor ¨ªndice de analfabetismo del pa¨ªs y con un alto porcentaje de parados. Sin embargo, esta operaci¨®n de un grupo reducido de m¨¦dicos para hacerse cargo del control sanitario dej¨® de ser un tema de pasillos en los hospitales para ser conocida ampliamente por la opini¨®n p¨²blica canaria tras las denuncias de la Asociaci¨®n Pro Hospitales P¨²blicos de Las Palmas, la Coordinadora de la Salud P¨²blica y el grupo de Salud del Partido Socialista Canario (PSOE).Veinticinco m¨¦dicos fueron represaliados por su actitud y el Insalud decidi¨® abrir expediente disciplinario al doctor Alguacil, jefe del servicio de anatom¨ªa patol¨®gica de la residencia sanitaria, por defender los intereses p¨²blicos.

Despu¨¦s de un per¨ªodo de renovaci¨®n durante los a?os 1978 y 1979, en donde se producen mejoras en el seno de la residencia (servicios de radiolog¨ªa modernos nuevos profesionales, m¨¦todos m¨¢s racionales) que chocan con la mentalidad de algunos m¨¦dicos que quer¨ªan conservar estructuras arcaicas y caciquiles. El detonante de esta situaci¨®n se produjo en 1980, cuando el entonces funcionario-director de la residencia decide transferir la citolog¨ªa del departamento de Tocoginecolog¨ªa al de anatom¨ªa patol¨®gica, seg¨²n la ley de especialidades de 1978 y tras un informe t¨¦cnico favorable de los servicios centrales del Insalud. El doctor Rueda, jefe del mencionado departamento y delegado provincial del partido Fuerza Nueva en Las Palmas, consider¨® esta decisi¨®n t¨¦cnica como una ofensa: ser¨ªa el detonante final para defenestrar al director y el inicio de la operaci¨®n encaminada controlar el Insalud local. Meses despu¨¦s, el funcionario-director pidi¨® traslado, tras fuertes presiones, a otro hospital de la Pen¨ªnsula.

Juicio de faltas

Posteriormente fue nombrado director de la residencia el doctor Luis Martel, anestesista de la cl¨ªnica privada San Roque, de Las Palmas, y relacionado con otras iniciativas sanitarias de car¨¢cter privado, como Sanitas. Los tres candidatos fueron propuestos tras una tumultuosa junta facultativa, donde el doctor Diego Falc¨®n, miembro del comit¨¦ de empresa, fue, al parecer, agredido f¨ªsicamente por el doctor Rueda. Este incidente provoc¨® un juicio de faltas contra el doctor Rueda por iniciativa de Diego Falc¨®n que precisamente se ha celebrado esta semana y est¨¢ pendiente de sentencia.

Meses m¨¢s tarde es nombrado director del hospital maternoinfantil, que entrar¨¢ en funcionamiento pr¨®ximamente, el citado doctor Rueda, que, adem¨¢s de ser el jefe del departamento de Tocoginecolog¨ªa de la residencia de la Seguridad Social, es propietario de un centro m¨¦dico privado y accionista de la cl¨ªnica Cajal.

Diputados de la izquierda canaria han realizado preguntas al ministro de Trabajo y Seguridad Social en relaci¨®n a las irregularidades en la compra de material -por valor de muchos millones- para el nuevo centro, que lleva, personalmente, el director.

Por ¨²ltimo, es nombrado, en julio del pasado a?o, como director provincial del Insalud, el doctor Garc¨ªa Talavera, jefe del servicio de Hematolog¨ªa de la residencia sanitaria y, hasta entonces, copropietario de unos laboratorios privados a menos de cincuenta metros de este centro hospitalario. Semanas antes de este nombramiento, veinticinco m¨¦dicos expresaron p¨²blicamente el deseo de desvincular la sanidad p¨²blica de los intereses privados y denunciaban que "el doctor Garc¨ªa Talavera est¨¢ claramente alineado en sus posturas con un importante grupo de m¨¦dicos de la residencia que tiene muy importantes intereses mercantiles en la medicina privada". Tres meses m¨¢s tarde, los veinticinco m¨¦dicos firmantes, tras ser interrogados individualmente, ser¨ªan sancionados con amonestaci¨®n, con constancia en el expediente.

Paralelamente, nace la Asociaci¨®n Pro Hospitales P¨²blicos, que denuncia supuestas irregularidades de todo tipo en la residencia, desde incumplimiento de horarios a concursos p¨²blicos, pasando por la utilizaci¨®n del centro para cuestiones privadas. Como medida, al presidente de la asociaci¨®n, el doctor Antonio Alguacil, se le abre expediente disciplinario. Como juez instructor se nombr¨® al inspector Jos¨¦ Oriol Sevilla Vallejo, miembro de Fuerza Nueva de Madrid, quien propuso tres a?os de suspensi¨®n de empleo y sueldo. Esta propuesta mereci¨® un informe por parte del Colegio de m¨¦dicos de Las Palmas, favorable al doctor Alguacil, rechazando todos los cargos, entre otras razones, porque "se aprecia en la tramitaci¨®n del expediente la existencia de una cierta animosidad y predeterminaci¨®n contra el doctor Alguacil". En la actualidad, la propuesta de sanci¨®n sigue pendiente de resoluci¨®n definitiva por parte del subsecretario de Sanidad.

Suspendida una investigaci¨®n

Como consecuencia de estas irregularidades, continuamente denunciadas, el Grupo Socialista del Congreso solicit¨® una auditor¨ªa en la residencia sanitaria Nuestra Se?ora del Pino y el Hospital materno-infantil que abarcara los aspectos administrativos, sanitarios y econ¨®micos. Con tal motivo, el pasado mes de abril se desplaza a Las Palmas un grupo de inspectores del Insalud para realizar la investigaci¨®n, y durante unos diez d¨ªas se dedican a recabar datos Sin embargo, cuando iban a pasar a la fase de las investigaciones, es suspendida la auditor¨ªa y los inspectores que participaron fueron destinados a diversos puntos del pa¨ªs por orden del Insalud. El comit¨¦ de empresa de la residencia Nuestra Se?ora del Pino a¨²n no ha recibido una explicaci¨®n sobre la decisi¨®n. de suspender bruscamente el informe solicitado por el Congreso.

"Sabemos ¨²nicamente dos cosas: que se logr¨® confirmar que mientras la residencia se ha ido deteriorando progresivamente, los conciertos con cl¨ªnicas y gabinetes privados realizados por la direcci¨®n provincial ascendieron de 1.500 a 2.000 millones de pesetas en el ¨²ltimo a?o, y, en segundo lugar, que algunos de los inspectores que vinieron a realizar la auditor¨ªa han sido represaliados", manifest¨® un miembro del comit¨¦ de empresa a este peri¨®dico.

Entre los temas que los inspectores enviados de Madrid por el Insalud hab¨ªan investigado figuraba la utilizaci¨®n de la residencia y de sus trabajadores como consultorio privado de un amplio grupo de m¨¦dicos; la utilizaci¨®n de sus laboratorios para realizar an¨¢lisis particulares; la salida de material quir¨²rgico de traumatolog¨ªa para ser utilizado en cl¨ªnicas privadas, y la infrautilizaci¨®n de abundante material de radiodiagn¨®stico, por valor de unos cien millones de pesetas, que permanece almacenado, mientras se incrementan los conciertos con cl¨ªnicas, laboratorios y gabinetes radiol¨®gicos relacionados con m¨¦dicos que ocupan altos cargos jer¨¢rquicos en los servicios y gesti¨®n de la residencia.

Todas estas anomal¨ªas hace unos tres a?os que vienen siendo denunciadas constantemente ante los organismos locales y nacionales del Insalud, as¨ª como ante la opini¨®n p¨²blica canaria. Sin embargo, la ausencia de medidas es total, lo que ha provocado el ¨¦xodo de profesionales de la residencia hacia diversos hospitales de la Pen¨ªnsula.

Para combatir esta situaci¨®n ha sido creada la Asociaci¨®n pro Hospitales P¨²blicos, de la que es presidente Antonio Alguacil, jefe del servicio de Anatom¨ªa Patol¨®gica de la residencia Nuestra Se?ora del Pino de Las Palmas. Alguacil afirma que su asociaci¨®n pretende recatar el concepto de hospital p¨²blico y propugna la dedicaci¨®n exclusiva de los m¨¦dicos.