El caso Lem¨®niz

IBERDUERO HA paralizado las obras de la central nuclear de Lem¨®niz. La raz¨®n se debe a la falta de garant¨ªas para que se respeten las vidas del personal que trabaja en la realizaci¨®n del proyecto. Esta decisi¨®n acarrea, con car¨¢cter autom¨¢tico, la p¨¦rdida de los puestos de trabajo para quienes pertenec¨ªan a la plantilla de las empresas constructoras de la central. En definitiva, m¨¢s paro. Tambi¨¦n la industria suministradora de bienes de equipo del Pa¨ªs Vasco pierde un lote de contratos que, a raz¨®n de 10 a 15.000 millones de pesetas anuales, aportaba un complemento fundamental en esta situaci¨®n de crisis de las inversiones.A medio plazo la renuncia a una relativa independencia energ¨¦tica deja desguarnecida una zona industrial que depender¨¢ de suministros externos, probablemente caros y, en ocasiones, escasos. Si, adem¨¢s, ETA consigue imponer sus condiciones, la desconfianza en la fortaleza de las instituciones pol¨ªticas acelerar¨¢ la hu¨ªda de las industrias hacia otras regiones menos conflictivas y m¨¢s tranquilas.

El pasado mes de marzo, con la firma de una declaraci¨®n conjunta del Gobierno Central, del Gobierno Vasco e Iberduero se daba un paso necesario para la puesta en funcionamiento de Lem¨®niz. La propiedad de la central correspond¨ªa a Iberduero, en tanto que una sociedad de gesti¨®n del propio Gobierno Vasco se har¨ªa cargo del funcionamiento de las instalaciones. Se decid¨ªa, as¨ª mismo, la segregaci¨®n de la central nuclear del patrimonio de Iberduero, constituy¨¦ndose en una sociedad independiente.

Las dificultades pol¨ªticas hab¨ªan ido siendo superadas. En efecto, la comisi¨®n de encuesta nombrada por el Parlamento Vasco, en junio de 1980, presentaba a fines del pasado a?o ante el Pleno del Parlamento su dictamen favorable. En ¨¦l se declaraba por un lado, la necesidad de la central y, por otro, el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad. Es decir, que con el dictamen de la comisi¨®n y la declaraci¨®n conjunta Lem¨®niz quedaba legitimado por las autoridades del Pa¨ªs Vasco. Sin embargo, el asesinato por ETA Militar de Angel Pascual M¨²gica desbarataba todos los planes. La actual paralizaci¨®n de las obras confirma que la situaci¨®n es muy grave. Una sociedad an¨®nima es impotente para responder ante el terrorismo de ETA y esto supone pasar el testigo de la responsabilidad a las instituciones pol¨ªticas. En estas circunstancias ser¨ªa una equivocaci¨®n que el Gobierno Vasco o el Gobierno Central se permitiesen la f¨¢cil tentaci¨®n de seguir ocultando su responsabilidad detr¨¢s de la fachada de Iberduero. Ninguna empresa mercantil, es decir, ninguna instituci¨®n desprovista de la soberan¨ªa del Estado pueden y deben ejercitar la fuerza para conseguir sus objetivos. Iberduero no puede estar en guerra con ETA. Esta es una tarea del Estado a trav¨¦s del Gobierno Central y del Gobierno Vasco a quienes corresponde encontrar la soluci¨®n que haga prevalecer la autoridad sobre un grupo armado dispuesto a imponer sus objetivos. Y aunque la LOAPA u otros temas merezcan circunstancialmente una atenci¨®n prioritaria y dividan al Gobierno Central y al del Pa¨ªs Vasco, la falta de una soluci¨®n al caso Lem¨®niz no puede posponerse indefinidamente.

Por lo pronto, unas obras inmovilizadas del orden de los 225 mil millones de pesetas suponen ya un encarecimiento del coste de kilowatio en futuro y de modo inmediato significa el paro de los 1.500 trabajadores ocupados en las obras de la central nuclear. Pero adem¨¢s la renuncia a la energ¨ªa nuclear en el Pa¨ªs Vasco significar¨ªa una discriminaci¨®n para el resto de los espa?oles. No es posible en este terreno establecer diferencia alguna y no pueden las autonom¨ªas ricas aspirar a colonizar a las pobres, exportando hac¨ªa los eventuales riesgos de una energ¨ªa nuclear de cuyos frutos, en cambio, se beneficiar¨ªan.