El saneamiento de la sanidad espa?ola

LAS ELECCIONES a la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos, convocadas para hoy, ser¨¢n un reflejo de las elecciones a las juntas directivas de los colegios provinciales celebradas a lo largo de los ¨²ltimos meses, puesto que corresponde a los presidentes de los distintos colegios provinciales designar al presidente del Consejo General. El r¨¦gimen electoral adolece de serios defectos, ya que un presidente provincial votado por el 15% de los colegiados de su provincia tendr¨¢ el mismo peso espec¨ªfico, a la hora de depositar su sufragio, que otro presidente designado por el 85% de colegiados.El desarrollo de las elecciones provinciales ha arrojado resultados. favorables a las candidaturas de signo conservador y ha registrado un notable abstencionismo de los m¨¦dicos j¨®venes. La organizaci¨®n m¨¦dica colegial, que re¨²ne en su seno a distintos colectivos no siempre concordantes en sus intereses, corre el riesgo de que sus espec¨ªficas tareas deontol¨®gicas, profesionales y docentes sean desplazadas hacia objetivos pol¨ªticos y sindicales. El efecto m¨¢s perjudicial ser¨ªa el choque de alg¨²n grupo de colegiados con su organizaci¨®n profesional cuando los directivos de la instituci¨®n optaran por tomar partido en conflictos de car¨¢cter ideol¨®gico o laboral. Igual o mayor gravedad revestir¨ªa olvidar el problema de varios miles de m¨¦dicos j¨®venes en situaci¨®n de paro o forzados a malvivir en un r¨¦gimen leonino de suplencias o subarriendos. Por esa raz¨®n resulta obligado plantear a los profesionales de la medicina algunas cuestiones que preocupan a los ciudadanos como pacientes de los servicios sanitarios p¨²blicos y como contribuyentes que los sufragan con sus impuestos.

Basten dos, ejemplos -la situaci¨®n de la sanidad tinerfe?a y el caso de? doctor Rivera- para mostrar la veracidad de esas preocupaciones, ante las que los m¨¦dicos, por razones deontol¨®gicas profesionales y por conciencia c¨ªvica, no deben anteponer una interpretaci¨®n de sus intereses corporativos. Hace unas semanas, EL PAIS public¨® un reportaje donde se narraban algunas irregularidades de la administraci¨®n y el funcionamiento de la sanidad canaria. Buena parte de los datos proced¨ªan de dos informes oficiales realizados por un inspector de los servicios centrales del Insalud y por el director social de Instituciones Sanitarias del Insalud, a quien su deseo de honestidad le cost¨® el puesto. Mientras en la residencia sanitaria Nuestra Se?ora de la Candelaria se produce una infrautilizaci¨®n de equipamientos y de camas, buen n¨²mero de enfermos es desviado a cl¨ªnicas privadas de las que son empleados o accionistas m¨¦dicos de la propia residencia. Tambi¨¦n se registran incumplimientos de asistencia por parte de algunos m¨¦dicos, que acuden regularmente a otros trabajos privados dentro del horario comprometido con la Seguridad Social, pero que siguen cobrando sus sueldos. Algunos costosos y complicados aparatos de la residencia no han sido nunca utilizados, otros llevan averiados varios a?os y los inventarios registran la desaparici¨®n de instrumental. Lo m¨¢s triste de todo es que, mientras el Ministerio de Sanidad y el Insalud han guardado silencio ante la revelaci¨®n p¨²blica de los hechos, el Colegio de M¨¦dicos de Tenerife, por un deformado sentimiento de solidaridad profesional, ha apoyado a los denunciados. Los derechos de los enfermos, el dinero de los contribuyentes, las obligaciones de los funcionarios y las nobles tradiciones de la moral hipocr¨¢tica, ?d¨®nde quedan?

Tambi¨¦n las reacciones de una parte de la profesi¨®n m¨¦dica ante la sanci¨®n administrativa aplicada por la Diputaci¨®n de Madrid al doctor Rivera son otra manifestaci¨®n de esa plaga de corporativismo que amenaza con enchiquerar a la sociedad espa?ola en compartimientos gremiales dignos de la Edad Media. La tendencia de los funcionarios p¨²blicos a patrimonializar sus empleos, esto es, a considerar que los cargos desempe?ados y los sueldos percibidos les pertenecen en propiedad aunque no acudan al trabajo, es una gangrena que impide a nuestra Administraci¨®n p¨²blica esos m¨ªnimos de eficacia que la sociedad espa?ola necesita y que los contribuyentes, aut¨¦nticos propietarios del Estado, tienen derecho a exigir. La cuesti¨®n es m¨¢s grave cuanto que muchos otros funcionarios y, en este caso, much¨ªsimos m¨¦dicos honestos y cumplidores de sus obligaciones salen pagadores de la irresponsabilidad y el descaro ajenos ante la opini¨®n p¨²blica. Si a alguien debe interesar, aun a costa de sacrificar determinados intereses econ¨®micos indefendibles, clarear la situaci¨®n es a la propia profesi¨®n m¨¦dica. Con ellos se facilitar¨ªa, adem¨¢s, el acceso y la integraci¨®n en la misma de millares de j¨®venes doctores relegados al paro o al subempleo, incapacitados de desarrollar sus conocimientos, de investigar y de aportar su trabajo a la sociedad.

Los abusos de Tenerife, amparados hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, y el caso del doctor Rivera, sancionado por la Diputaci¨®n de la capital, demuestran, por ¨²ltimo, que el doble lenguaje se halla ampliamente difundido en la vida espa?ola. Los lamentos de los medios conservadores ante la baja productividad, el absentismo laboral y la indisciplina en el trabajo solamente llevan aparejados peticiones de medidas rectificadoras cuando tales males afectan al sector privado. Medios de opini¨®n que reclaman libertad para el despido barato en las empresas o exigen dr¨¢sticos reajustes en sectores industriales denuncian ret¨®ricamente los despilfarros del sector p¨²blico y la falta de eficacia de las prestaciones del Estado. Pero cuando la Administraci¨®n aplica las medidas necesarias para llevar a cabo esa tarea de saneamiento, tal y como ha ocurrido cuando la Diputaci¨®n de Madrid ha sancionado al doctor Rivera, ponen el grito en el cielo y acusan de politizaci¨®n y malas artes. La reforma de la Administraci¨®n -y, dentro de ella, la reforma de la Administraci¨®n sanitaria- no se podr¨¢ hacer sin mano de hierro que elimine abusos, ataje indisciplinas y obligue a cumplimientos. La profesi¨®n m¨¦dica, que hoy decide sobre sus m¨¢ximos ¨®rganos gestores, ha de saber que la sociedad espa?ola, tradicionalmente orgullosa de tantas y tan buenas aportaciones como la medicina espa?ola ha hecho a la historia de la humanidad, anhela una transformaci¨®n de las prestaciones sanitarias y del comportamiento de determinado sector de esa misma profesi¨®n. Si los vencedores en las elecciones de hoy son conscientes de ello podr¨¢n contribuir no s¨®lo a mejorar sus condiciones y prestigio profesionales, sino a establecer un sistema de di¨¢logo que haga menos traum¨¢tico y m¨¢s efectivo el saneamiento de la sanidad en nuestro pa¨ªs.