Intervenci¨®n administrativa posible soluci¨®n para Lem¨®niz
La intervenci¨®n administrativa es la alternativa que, en estos momentos, se considera con m¨¢s posibilidades para reanudar la obras de la central nuclear de Lem¨®niz, paradas a ra¨ªz de la negativa de los t¨¦cnicos de la instalaci¨®n a acudir al trabajo tras el asesinato de Angel Pascual, ingeniero jefe del proyecto industrial.La intervenci¨®n administrativa ser¨ªa una soluci¨®n que, seg¨²n medios consultados por este peri¨®dico, evitar¨ªa la simple incautaci¨®n de la central nuclear y, por tanto, su eventual nacionalizaci¨®n. Esta soluci¨®n, discutida dentro de cinco posibles alternativas -incluida tambi¨¦n la militarizaci¨®n entre ellas-, requiere todav¨ªa negociaciones entre el Gobierno central, el Gobierno aut¨®nomo vasco y la sociedad propietaria de la instalaci¨®n, Iberduero.
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Los empleados de seguridad de Lem¨®niz, emplazados por ETA Militar a abandonar sus puestos de trabajo antes de un mes
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La intervenci¨®n administrativa, seg¨²n fuentes solventes, requerir¨ªa un estudio jur¨ªdico a fondo respecto a la forma de aplicarla y, en cualquier caso, necesitar¨ªa, tal como la incautaci¨®n, que Iberduero desgajase de su patrimonio la central, que quedar¨ªa bajo propiedad de una nueva sociedad con eventual participaci¨®n de la compa?¨ªa el¨¦ctrica.
Esta f¨®rmula de la intervenci¨®n se ha analizado dentro de, por lo menos, cinco alternativas diferentes para reanudar las obras de la central nuclear. Estas alternativas van desde el simple cierre indefinido de la instalaci¨®n a su incautaci¨®n directa o nacionalizaci¨®n por parte del Estado. Estas dos soluciones no cuentan con mucho apoyo en medios del sector el¨¦ctrico -por el precedente que significan- ni en la Administraci¨®n, que ve serias dificultades en traducir en t¨¦rminos econ¨®micos el coste de hacerse cargo de instalaci¨®n nuclear.
Aunque es prematuro hablar de soluciones definitivas para poner en marcha de nuevo las obras de la central nuclear, en fuentes solventes se ha apuntado una salida viable como puede ser la intervenci¨®n administrativa, bajo cuya f¨®rmula el Estado -o quien sus responsables designen- se har¨ªa cargo de la terminaci¨®n de las obras bajo la protecci¨®n de los cuerpos de Seguridad y Defensa de la naci¨®n.
Como en el caso de la incautaci¨®n, esta soluci¨®n forzar¨ªa la simple militarizaci¨®n de la central nuclear, cuya protecci¨®n pasar¨ªa a ser responsabilidad del Ej¨¦rcito, la Guardia Civil, la Polic¨ªa Nacional o una combinaci¨®n de las tres fuerzas. En el lado administrativo, la intervenci¨®n no encerrar¨ªa los riesgos que algunos sectores contemplan en la nacionalizaci¨®n.
Dentro del mismo abanico de alternativas se ha estudiado tambi¨¦n la posibilidad de hacer cumplir los acuerdos de la pasada primavera entre los Gobiernos central y vasco, pero con el apoyo firme de la militarizaci¨®n de la central. Aquellos acuerdos preve¨ªan la creaci¨®n de una sociedad de gesti¨®n, con mayor¨ªa vasca, que se encargarse de la puesta en marcha de la central. El problema para la adopci¨®n de esta alternativa es la terminaci¨®n de las obras.
Amenazas contra las familias
Por otra parte, seg¨²n informa Arantxa Elu desde Bilbao, la mayor¨ªa de los miembros que actualmente cubren el servicio de seguridad de la central nuclear vizca¨ªna de Lem¨®niz han sido amenazados de muerte a trav¨¦s de cartas firmadas por ETA Militar, en las que se les conmina a abandonar su puesto de trabajo en el plazo de un mes. En la misma comunicaci¨®n, recibida a mediados del pasado mes, ETAm anuncia la existencia de un comando de su organizaci¨®n especialmente creado para seguir los pasos del personal encargado de la seguridad de la central.
El personal de seguridad era, en la pr¨¢ctica, hasta estos momentos la ¨²nica parte del personal en activo de Lem¨®niz desde que el pasado mayo, a ra¨ªz de la muerte del ingeniero jefe de la central, Angel Pascual, por la misma organizaci¨®n armada, Iberduero decidiera la redistribuci¨®n de sus empleados dentro de su plan de paralizaci¨®n total del proyecto.
Una vez que los empleados de Iberduero dedicados al servicio de seguridad han comenzado a ocupar otros puestos, dentro del programa de reestructuraci¨®n de la plantilla que, seg¨²n fuentes de la empresa, afecta a ochocientos empleados del servicio de seguridad de la misma central, integrado inicialmente por 150 miembros, qued¨® a cargo de las empresas Prosesa y Prosegur, con un total de sesenta agentes, adem¨¢s de los servicios de protecci¨®n a la central por parte de la Guardia Civil.
Ambas empresas guardan silencio sobre las amenazas recibidas por sus empleados en la central nuclear de Lem¨®niz.
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