El Tribunal Constitucional y la LOAPA

CON LA admisi¨®n a tr¨¢mite del Tribunal Constitucional de los cinco recursos previos de inconstitucionalidad, presentados el 2 de agosto, se ha cerrado una etapa en la conflictiva vida de la ley org¨¢nica para la Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico. El enfrentamiento pol¨ªtico entre UCD y PSOE, de una parte, y las minor¨ªas nacionalistas m¨¢s los comunistas, de otra, se aplaza as¨ª con este expediente que da ins¨®lita entrada al alto tribunal. No es exagerado decir, conocido el trasfondo que mueve a los grupos pol¨ªticos para proceder de este modo, que en definitiva se est¨¢ utilizando el amparo de esta instancia judicial para diferir la soluci¨®n de un conflicto hasta tiempos electorales m¨¢s oportunos.La dichosa LOAPA fue aprobada por el Congreso, tras sucesivos aplazamientos y rectificaciones, el pasado 30 de junio. Y fue aprobada a su vez, en el Senado, con la suma abrumadora de votos centristas y socialistas, un mes m¨¢s tarde. A partir de entonces, es decir, a partir del 30 de julio, se abr¨ªa, seg¨²n es preceptivo, un plazo de quince d¨ªas para que el Rey sancionara la ley e inmediatamente fuera publicada en el BOE. El procedimiento, sin embargo, se ha interrumpido al ser aceptado a tr¨¢mite el recurso de inconstitucionalidad que desde el llamado frente anti-LOAPA (parlamentarios nacionalistas, comunistas y andalucistas) hasta los Gobiernos vasco y catal¨¢n han presentado. De esta manera se paraliza autom¨¢ticamente el procedimiento legislativo y la ley no entrar¨¢ en vigor, en el supuesto m¨¢s r¨¢pido, es decir, en el caso de ser declarada constitucional, hasta que se produzca el fallo del tribunal, lo que previsiblemente no acontecer¨¢ antes de tres meses. Por a?adidura, si a ello se a?ade lo previsto en la disposici¨®n final del texto de la LOAPA, donde se fija que la citada ley no tendr¨¢ efecto hasta cinco meses despu¨¦s de su publicaci¨®n en el BOE, es evidente que de antemano los diferentes partidos pol¨ªticos parecen haber obrado como tratando de demorar la vigencia de esta norma. Tal como si temieran la llegada de unas circunstancias legales harto conflictivas, que sin duda ni uno ni otro frente desean.

La ley se encuentra ahora paralizada a efectos pol¨ªticos. Pero igualmente, por mediaci¨®n de los efectos pol¨ªticos, se puede recibir la sensaci¨®n de que el Tribunal Constitucional ha sido utilizado menos como una instancia de apelaci¨®n coherente, en este caso, que como una c¨¢mara de hibernaci¨®n. Suerte de frigor¨ªfico que mantiene encerrado y eventualmente neutralizado el problem¨¢tico e incomestible cuerpo de la LOAPA. No parece, pues, que se est¨¦ haciendo el mejor uso de esa alta magistratura y menos oportuno parece que el primer uso que del derecho al recurso previo de inconstitucionalidad se haga venga te?ido de una sospechosa carga de oportunidad pol¨ªtica.

Como es bien sabido, la LOAPA, que corrige algunos aspectos de los aprobados estatutos auton¨®micos de Guernica y de Sau, fue suscitada por los temores a una supuesta extralimitaci¨®n de las competencias auton¨®micas, en detrimento de los poderes de la Administraci¨®n central. La acusaci¨®n que de centralistas hacen los del frente anti-LOAPA a los socialistas y centristas es paralela a las acusaciones de localistas y faltos de responsabilidad sobre la comunidad espa?ola que hacen los segundos a los primeros. Nadie habr¨¢ de dudar que bajo unas y otras imputaciones laten tanto unas diferentes concepciones de la forma que se elige para el Estado espa?ol y, tambi¨¦n, claro est¨¢, las diferentes conveniencias de cada partido, seg¨²n su implantaci¨®n y ascendencia. La distinta ponderaci¨®n de otras circunstancias pol¨ªticas generales, la valoraci¨®n de los llamados poderes f¨¢cticos, las dificultades t¨¦cnico-administrativas y sus resonancias en el poder, etc¨¦tera, todo ello son aspectos que corresponden al ¨¢mbito de un lenguaje eminentemente pol¨ªtico. Y efectivamente dentro de ese lenguaje y la relaci¨®n de fuerzas que en ¨¦l subyace se redactaron los estatutos (de Guernica y de Sau) que se tratan de reformar. Desplazar ahora lo que ha sido el resultado de una negociaci¨®n pol¨ªtica, acaso estimada como perdida por los loapistas, al terreno de la t¨¦cnica estrictamente jur¨ªdica es aberrar el esp¨ªritu que animaba los acuerdos y abrir, en consecuencia, este frente de lucha enconada por el que ha discurrido la atormentada vida de la LOAPA.

La pol¨¦mica ley se encuentra ahora bajo la decisi¨®n del Tribunal Constitucional y s¨®lo cabe ya esperar su pronunciamiento. Pero su fallo, sea el que fuere, no servir¨¢ sino para poner de manifiesto, a trav¨¦s de esa misma presencia del poder judicial, la incapacidad de las fuerzas pol¨ªticas para llegar a acuerdos duraderos que contribuyan a un decidido y coherente desarrollo democr¨¢tico de Espa?a.