La foto fija de la transici¨®n/ 1
Durante los ¨²ltimos cuatro a?os, las relaciones industriales en nuestro pa¨ªs han estado presididas por la estrategia de la concertaci¨®n. Desde el 10 de julio de 1979, fecha en la que se firm¨® el Acuerdo B¨¢sico Interconfederal por Carlos Ferrer y Nicol¨¢s Redondo, hasta el 12 de febrero de 1981, fecha en la que se revis¨® con efectos hasta finales de dicho a?o el Acuerdo Marco Interconfederal, la concertaci¨®n ha disminuido de modo exclusivo entre las partes sociales, manteni¨¦ndose el Gobierno como observador a distancia. Sin embargo, el 9 de junio de 1981, el Gobierno, CC OO, UGT y CEOE suscriben el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) a modo de pacto social incompleto, o ratificaci¨®n solemne de la bondad de la concertaci¨®n para resolver las extremas dificultades; que afectan al empleo. Por primera vez se ensaya en Espa?a un, modelo de pacto integrador.Durante, los a?os de la transici¨®n ha constituido motivo evidente para muchos de esperanza contemplar de cuando en cuando, alrededor de una mesa, a los l¨ªderes nacionales afanados en firmar alegremente un acuerdo, La escena o foto fija de la transici¨®n reflejaba con exactitud la excesiva necesidad de consenso que el pa¨ªs padece. La foto fija de la transici¨®n ha saltado ya por los aires, aunque algunos parecen no haberse dado cuenta. Pero, a medida que el tiempo transcurre, se abre paso una convicci¨®n distinta: no cabe enga?arse acerca de la gravedad de los problemas que nos afectan, y frente a los mismos, las soluciones difieren en funci¨®n de las ideolog¨ªas y de los modelos de sociedad y comportamiento que unos y otros persiguen. Las gentes desean ser gobernadas y reclaman del que manda que ejerza el poder del que le ha dotado leg¨ªtimamente el sistema democr¨¢tico. Si el proceso no funciona, se reclamar¨¢n -inevitablemente cambios. En ello estamos abocados irremediablemente a una convocatoria de elecciones generales.
Las partes sociales, UGT y CEOE, estaban desempe?ando cQn alguna solvencia su papel cuando el Gobierno entr¨® en liza modificando sustancialmente el contenido de la concertaci¨®n. El precio del ANE corre a cargo del contribuyente; los empresarios obtienen con el mismo una banda salarial que, en todo caso, aunque hubieraque aplicar la cl¨¢usula de revisi¨®n semestral, como as¨ª ha sucedido, quedar¨ªa dos puntos por debajo del IPC previsible para 1982. Actuar sobre las rentas salariales era imprescindible para reducir los costes laborales unitarios, que, de- otra parte, hab¨ªan crecido entre 1975 y 1981 a una tasa anual del 20,4% frente, por ejemplo, al 10,5% de la CEE. Sin embarg¨®, no es esta la gran novedad del ANE, ya que el AMI hab¨ªa conseguido durante 1980 y 1981 que los costes laborales unitarios mantuvieran una evoluci¨®n similar a la del Mercado Com¨²n.
Por otro lado, la conflictividad laboral y los millones de horas perdidas se hab¨ªan visto reducidos durante los a?os 1980 y 1981 en el 60% y el 40%, respectivamente, con relaci¨®n a 1979.
El ANE, pues, aunque nace para mantener las grandes conquistas socioecon¨®micas capaces de coadyuvar a superar la crisis, pretende ser algo m¨¢s para los sindicatos y el Gobierno.
La concertaci¨®n interparitaria entre sindicatos y empresarios, ajuicio de los primeros, hab¨ªa agotado su posible virtualidad en. el AMI. El promedio de salarios pactados dentro de las bandas salariales concertadas casi agot¨® las previsiones durante 1980 (15,1% sobre 16), p¨¢ra descender en 1981 por debajo del IPC previsible para dicho a?o.
Ello alert¨® a los sindicatos: los, salarios no podr¨ªan ser en sucesivos a?os moneda de cambio de la concertaci¨®n social. Irremediablemente, para afrontar la grave crisis que padece la econom¨ªa espa?ola, es preciso reducir costes y ganar competitividad.
La lucha en favor del empleo se constituye en factor absolutamente prioritario en las.pol¨ªticas sindicales. El ANE ha de ser insertado. dentro de esa especial problem¨¢tica. Sin emabrgo, los,sindicatos no han resuelto buena parte de las contradicciones que subyacen en su espec¨ªfica visi¨®n de la crisis, examinada a la luz de las estrategias y reivindicaciones que han constituido desde hace muchos decenios la raz¨®n de ser y la justificaci¨®n ulterior de la existencia de estos mismos sindicatos.
Demasiado intervencionismo
El empresariado opina, en general, que el intervencionismo del Estado ha ido demasiado lejos, introduciendo en los mecanismos propios del sistema de mercado elementos extra?os al propio sistema, lo que ha bastardeado los procedimientos de formaci¨®n de precios e hinchado los costes de modo innecesario.
La coyuntura presiona sobre- las estructuras de las plantillas, por lo que, si ¨¦stas devienen en inamovibles por imperativo de las normas legales, al no poder competir con otros mercados mucho m¨¢s flexibles y con mayor capacidad de adaptaci¨®n a la coyuntura, a las empresas que padecen este infortunio s¨®lo les resta prepararse a bien morir u optar por un sistema econ¨®mico cerrado, seudomonopolista, sin libertad, con precios primados y con subvenciones, de modo que, al fin y al cabo, los contribpyentes: ayuden a soportar las plantillas excesivas.
La resultante de un proceso de cambio reducido evidentemente a un esquema simple, para hacerlo inteligible, es f¨¢cil de resumir en cifras: arrastramos un d¨¦ficit del Tesoro con el Banco de Espa?a superior a los dos billones de pesetas, y el previsible para el a?o en curso se aproximar¨¢, con toda seguridad, al bill¨®n. Asimismo, la mayor parte del gasto p¨²blico se consume en transferencias corrientes, con lo que la inversi¨®n p¨²blica, necesaria en el presente momento agudo de la econom¨ªa espa?ola, no se ve, beneficiada como ser¨ªa de desear.
El ANE, pues, ha sustituido para la izquierda la necesidad del Gobierno de coalici¨®n que no naci¨® el 27 de febrero de 1981, permiti¨¦ndole, de otra parte, al Gobierno, ampliar el consenso m¨¢s all¨¢ de las materias y contenidos propios de los acuerdos posibles entre sindicatos y organizaciones empresariales, para extender los acuerdos a servicios p¨²blicos, pensiones, funcionarios, desempleo, servicios sociales, etc¨¦tera.
Pelea por el empleo
La CEOE trat¨® de lograr en el ANE un inicio de compromiso que permitiera afrontar a medio plazo la necesaria reforma de la Seguridad Social. No hemos de olvidar que los empresarios espa?oles pagan el 76% de los gastos de la Seguridad Social, mientras sus colegas europeos apenas rebasan el 41%. Es evidente que los costes crecientes de la Seguridad Social encarecen extraordinariamente la creaci¨®n de empleo y dificultan su mantenimiento. Sin embargo, en este caso, reformar es volver atr¨¢s ,y replantear un sistema que aparentemente habr¨ªa producido m¨¢s beneficios para los trabajadores en el pasado que en el futuro. La comisi¨®n constituida en el ANE para afrontar tan delicada cuesti¨®n estaba destinada de inicio a fracasar. UGT y CC OO no se hallaban, evidentemente, dispuestas a abonar por el ANE m¨¢s precio que el importe de admitir que los salarios, en todo caso, crecieran durante 1982 dos puntos por debajo del IPC previsible para dicho a?o.
Sin embargo, en el ¨¢nimo de los sindicatos subyac¨ªa el deseo de transformar la negociaci¨®n de los convenios colectivos durante 1982 en una dura pelea por el mantenimiento y creaci¨®n de empleo. A cambio de un ANE salarialmente desmejorado, los sindicatos deseaban ofrecer a los trabajadores la sensaci¨®n de que el sacrificio econ¨®mico asumido val¨ªa la pena. Los empresarios, aunque quisieran, no pod¨ªan trocar una negociaci¨®n fundamentalmente salarial en nuevas expectativas de empleo, dependientes de. los mecanismos propios del sistema de mercado de libre empresa, y no conectadas exclusivamente con los salarios.
Sin embargo, el Gobierno se compromet¨ªa, en el. apartado I. 1 del ANE, a mantener al J 1 de diciembre de 1982 la misma poblaci¨®n ocupad a que a la firma del ANE (9 de junio de 1981).
Hace escasas fechas, sindicatos y Gobierno han coincidido en que es posible se cumpla tal compromiso. A los efectos de lograrlo, el Gobierno remiti¨® al BOE recientemente un real decreto-ley ampliando la inversi¨®n p¨²blica en 50.000 millones. Si vamos a los datos, observaremos que, examinando la encuesta de poblaci¨®n activa (EPA) correspondiente al primer semestre de 1982, los asalariados del sector p¨²blico han crecido un 8,3% sobre la cifra del 0,3% correspondiente a 1981, mientras que los respectivos del sector privado decrec¨ªan un 0,3%, cifra algo m¨¢s optimista que la del -3% de 1981. Es decir, el Gobierno, el INI y, en definitiva, el sector p¨²blico, no han tenido m¨¢s remedio que mantener el empleo e incluso incrementarlo, lo que ha motivado que las demandas de recursos del sector p¨²blico al Banco de Espa?a entre enero y mayo de 1982 se hayan elevado un 58%. con respecto al mismo per¨ªodo de 1981.
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