"Los objetivos de modernizaci¨®n de la justicia no se han alcanzado", declara Sainz de Robles

La necesidad de que el Estado democr¨¢tico asuma la importancia que tiene la justicia como instituci¨®n estable y estabilizadora de la vida social, y otorgue al juez los medios adecuados para llevar a cabo las tareas que le encomienda la Constituci¨®n de tutelar los derechos individuales y las liberta des p¨²blicas y de controlar los actos de la Administraci¨®n p¨²blica, fue nuevamente reclamada ayer por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, con motivo de presentar a la opini¨®n p¨²blica la segunda memoria remitida a las Cortes Generales y al Gobierno de la Naci¨®n.

Federico Carlos Sainz de Robles, a quien acompa?aba el portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Casado, insisti¨® en la necesaria dimensi¨®n econ¨®mica que tiene todo plan de perfeccionamiento y de modernizaci¨®n del sistema judicial, que ha sido cifrada en unos 50.000 millones de pesetas. Este plan, que deber¨ªa implantarse a lo largo de cinco a?os, requiere un conjunto de reformas en las ¨¢reas siguientes: planta de tribunales; plantillas y demarcaci¨®n judicial; medios materiales; instalaciones; organizaci¨®n de la oficina judicial y estatuto de jueces y magistrados, secretarios y dem¨¢s personal al servicio de la justicia.A ello hay que a?adir la reforma de la actual legislaci¨®n procesal, formalista y proclive a la ineficacia, y la promulgaci¨®n de una nueva ley org¨¢nica del Poder Judicial, cuyo proyecto gubernamental ha quedado paralizado en el Congreso.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial se felicit¨® de que dicho proyecto no hubiera salido adelante, ya que, a su juicio, no ten¨ªa en cuenta el cambio cuantitativo y cualitativo que la justicia y el juez han tenido como consecuencia de las nuevas tareas que les encomienda la Constituci¨®n. Cuando se aborde en la pr¨®xima legislatura esta cuesti¨®n, el presidente del Consejo General del Poder Judicial espera que tanto los diversos colectivos profesionales de la justicia como la opini¨®n p¨²blica puedan exponer sus criterios sobre un modelo de organizaci¨®n de justicia m¨¢s actual.

El Consejo General del Poder Judicial es consciente de que ha arraigado en la clase pol¨ªtica, en los poderes p¨²blicos, en los ciudadanos y en el colectivo judicial la definici¨®n constitucional de que la justicia es un poder del Estado, pero es, asimismo, consciente de las dificultades que entra?a poder llevar esa aspiraci¨®n constitucional a la realidad. A este respecto se recuerda que los objetivos m¨ªnimos se?alados en la primera memoria presentada en junio de 1981 no han sido alcanzados.

Crisis de credibilidad

Como retrato de esta realidad, que expresa, por otra parte, la crisis de credibilidad en que se mueve la administraci¨®n de justicia, la memoria ofrece los datos de la encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas, a instancias del Consejo General del Poder Judicial. As¨ª, esta encuesta revela que s¨®lo un 13% de los encuestados consideran a los tribunales de justicia como muy justos eficientes, y un 46% se?ala que los jueces ejercen su funci¨®n honesta y honradamente.

La encuesta es el resultado de 4.985 entrevistas a, una muestra representativa de oblaci¨®n nacional de m¨¢s de dieciocho a?os, con un margen de error, seg¨²n sus autores, de m¨¢s o menos el 1,5% y un grado de confianza del 95%.

Independencia judicial

Respecto de la ?independencia de la justicia, la idea que tienen los espa?oles de ella es: muy elevada o elevada, el 33%; baja o muy baja, el 27%; no se pronuncia, el 40%. A la pregunta de si el cambio de sistema pol¨ªtico ha afectado a la idea que los espa?oles tienen de la independencia judicial, un 39% de los encuestados responden: ha aumentado; un 20%, que m¨¢s o menos igual; un 5% que ha empeorado, y un 36% no responde. El 74% de los encuestados piensan que la democracia beneficia a la justicia y esta creencia es m¨¢s intensa cuanto m¨¢s ideol¨®gicamente a la izquierda se encuentra el entrevistado. El 57% opina que en una democracia se tiende a aumentar el grado de influencia y control que sobre la sociedad ejerce la administraci¨®n de justicia. La concepci¨®n positiva que el sistema democr¨¢tico tiene del papel de la justicia se observa tambi¨¦n en la propensi¨®n al acatamiento indiscutido de la ley a medida que el sistema democr¨¢tico va consolid¨¢ndose.

As¨ª, si en el a?o 1976 el 60% de los espa?oles cuestionaban la validez de una ley en funci¨®n de su racionalidad, mientras que en 1982 este porcentaje ha descendido al 35%.

En resumen, los. tribunales de justicia, como categor¨ªa abstracta y gen¨¦rica, inspiran a los espa?oles un considerable sentimiento de respeto, pero la valoraci¨®n es menos entusista en el plano cotidiano de la administraci¨®n de justicia