Trabajo y Seguridad Social

EL ACTUAL Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el que mayor movilidad de titulares ha tenido en los tres a?os largos de legislatura. Cinco ministros (Calvo Ortega, S¨¢nchez Ter¨¢n, P¨¦rez Miyares, Sancho Rof y Rodr¨ªguez Miranda) han dirigido la actividad de un departamento cuya denominaci¨®n tambi¨¦n ha variado con excesiva rapidez, como si el Gobierno vacilara a la hora de bautizar su contenido o de delimitar sus fronteras: Trabajo a secas, primero; Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, en el intermedio; y Trabajo y Seguridad Social, en la actualidad.Rafael Calvo Ortega, que represent¨® la continuidad entre ambas legislaturas, arranc¨® con el compromiso claro de modificar el marco de relaciones laborales, el m¨¢s enquistado en las pr¨¢cticas del anterior r¨¦gimen, y adecuarlo al modelo de una democracia moderna y de una sociedad industrial. Se trataba de acabar con el reglamentismo gironiano y avanzar en paralelo al cambio pol¨ªtico y al cambio econ¨®mico definido por la Constituci¨®n. Las variaciones normativas m¨¢s significativas han sido el Estatuto de los Trabajadores y Ley B¨¢sica de Empleo.

El Estatuto de los Trabajadores, fruto de una negociaci¨®n entre UCD y el PSOE vigorosamente combatida por los comunistas y vista con recelo por los nacionalistas, represent¨® un giro copernicano en las relaciones laborales existentes al menos hasta 1977. El prop¨®sito fundamental de ese nuevo marco legal fue flexibilizar el mundo de la empresa. Sin embargo, casi tres a?os despu¨¦s de la promulgaci¨®n del Estatuto, parte de su contenido espera todav¨ªa el correspondiente desarrollo normativo. La eventualidad de una victoria socialista en las pr¨®ximas elecciones abre, por lo dem¨¢s, una interrogante acerca de los nuevos rumbos que un Gobierno del PSOE podr¨ªa emprender, a la vista de las experiencias de los a?os transcurridos, para la instrumentaci¨®n de esa importante ley org¨¢nica.

La Ley B¨¢sica de Empleo, impuesta unilateralmente por UCD sin negociaci¨®n con los socialistas y orientada a descargar el d¨¦ficit p¨²blico mediante la limitaci¨®n de las prestaciones de desempleo, ha tenido efectos pr¨¢cticos negativos para la poblaci¨®n desocupada. Los trabajadores despedidos reciben ahora menor protecci¨®n y el per¨ªodo para la percepci¨®n de los subsidios ha sido recortado. Desde la entrada en vigor de esta ley, el n¨²mero de perceptores del seguro de paro disminuy¨® de forma notable. Estas adversas repercusiones s¨®lo han podido ser corregidas de manera temporal por el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), cuya vigencia termina con el a?o en curso. En cualquier caso, a medida que se van agotando los plazos de sustituci¨®n del viejo sistema por otro nuevo, el n¨²mero de familias carentes de cualquier tipo de subsidio ha aumentado. Por otra parte, la reforma del empleo comunitario para las comunidades de jornaleros, siempre anunciada y siempre postergada por los sucesivos Gobiernos de UCD, queda como tarea pendiente para la pr¨®xima legislatura. Parece evidente que el empleo comunitario, rechazado por los propios beneficiarios como generador de "vagos y maleantes", no es la f¨®rmula adecuada para paliar eficazmente el desempleo agr¨ªcola. El segundo ministro de Trabajo de la ¨¦poca, Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n, tuvo que soportar la primera huelga de hambre de todo un pueblo, Marinaleda, en pleno verano.

En cualquier caso, el dato por el que los sucesivos ministros de Trabajo de UCD durante este per¨ªodo ser¨¢n recordados, con independencia de que su responsabilidad sea s¨®lo parcial en el desastre, es el impresionante crecimiento de la cifra de parados. Al celebrarse las elecciones de 1979 se acababa de traspasar por vez primera la barrera del primer mill¨®n de desempleados. Tres a?os m¨¢s tarde, esta cifra se ha duplicado y los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica reflejan la realidad de m¨¢s de dos millones de personas en paro. Esta espectacular cifra, que refleja en t¨¦rminos friamente estad¨ªsticos el drama humano de tantas familias espa?olas, coloc¨® te¨®ricamente el problema del paro en el primer lugar de la pol¨ªtica econ¨®mica de los Gobiernos de UCD. Se sucedieron los pactos sociales, bajo distintos nombres, hasta llegar a la forma de factura m¨¢s cl¨¢sica: el Acuerdo Nacional de Empleo, firmado a tres bandas por las centrales sindicales, la patronal y el Gobierno, cuya clave era la renuncia de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo de los salarios con la contrapartida solidaria de que se generasen puestos de trabajo. Complementariamente, la firma del ANE signific¨® institucionalizar la presencia de las fuerzas sociales -asociaciones patronales y centrales sindicales- en la vida administrativa del pa¨ªs, notable avance respecto a los antiguos Pactos de la Moncloa de la anterior legislatura, firmado por los partidos-pol¨ªticos. Sin embargo, el intento del ANE de potenciar el tejido social no ha logrado llevar a cabo su objetivo principal: la creaci¨®n de empleo suficiente para rectificar la l¨ªnea ascendente del paro. As¨ª, dos meses antes de finalizar la vigencia del pacto social a tres bandas, la opini¨®n generalizada es que el sacrificio salarial de los trabajadores no ha ido acompa?ado por un esfuerzo paralelo del Gobierno -a trav¨¦s de la inversi¨®n p¨²blica- y de los empresarios -a trav¨¦s de la inversi¨®n privada- para generar empleo y que tampoco se ha contenido el proceso inflacionista, hasta entonces atribuido monocausalmente a los costes salariales. Tarea primordial de quien gobierne tras las elecciones legislativas ser¨¢ cambiar la sensaci¨®n de amargura y decepci¨®n de trabajadores y de los parados ante el hecho de que la contenci¨®n salarial establecida por el ANE no haya impulsado la creaci¨®n de emple¨®. En materia laboral, el periodo comprendido entre 1977 y 1982 ha sido, en ¨²ltima instancia, el escenario de una sostenida escalada del paro, proceso que ha tenido su reflejo en el desplazamiento de la conflictividad desde las luchas reivindicativas para aumentar o mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores hasta las batallas defensivas para conservar los puestos de trabajo.