Intervencionismo: t¨®picos y falacias
Seg¨²n los autores, conforme avanza la campa?a electoral, los portavoces de la opini¨®n m¨¢s conservadora mezclan los consabidos t¨®picos de siempre con nuevas falacias sobre el tema de la intervenci¨®n del Estado en la econom¨ªa. Es un ejercicio -dicen- de tosca demagogia, en el que las peticiones ideol¨®gicas de principio se superponen a una interesada falta de memoria respecto de la naturaleza y la paternidad de las pr¨¢cticas intervencionistas en la Espa?a contempor¨¢nea. Adem¨¢s de las inconsecuencias entre las medidas propuestas y las l¨ªneas de actuaci¨®n de pol¨ªtica econ¨®mica para hacer frente a la crisis.
Lo primero que se debe subrayar si se desea poner al descubierto esa t¨¢ctica es que el intervencionismo que se ha practicado en Espa?a -con todos sus aciertos y con todas sus servidumbres- no se ha debido a idearios ni a Gobiernos socialistas.Puede decirse incluso que es durante el primer bienio de la II Rep¨²blica cuando se aflojan m¨¢s visiblemente algunos de los r¨ªgidos mecanismos de intervenci¨®n que ven¨ªan siendo habituales en fechas anteriores, los mismos resortes que despu¨¦s cobrar¨¢n renovada efectividad en los decenios posteriores a la guerra civil.
El intervencionismo que en Espa?a se ha practicado hasta hoy, dig¨¢moslo con otras palabras, ha sido una pol¨ªtica que ha tenido que ver m¨¢s con la derecha que con la izquierda y, desde luego, m¨¢s con el autoritarismo que con las posiciones pol¨ªticas que han abanderado la lucha por el progreso y la libertad.
Dicho con rigor, ha sido una pol¨ªtica de protecci¨®n, fomento, ordenaci¨®n y promoci¨®n de empresas que ha respondido b¨¢sicamente a los postulados de un nacionalismo econ¨®mico entendido la mayor¨ªa de las veces por los dirigentes del conservadurismo espa?ol con evidente falta de perspectiva.
Memoria hist¨®rica
No puede dejar, pues, de sorprender que no se hable ahora de intervencionismo sino para desautorizar ciertas propuestas de la izquierda. Con un poco m¨¢s de memoria, se recordar¨ªa, por ejemplo, c¨®mo uno de los m¨¢s l¨²cidos y emprendedores dirigentes de las burgues¨ªas espa?olas de nuestro siglo, Francesc Camb¨®, a quien se deben algunas de las m¨¢s importantes innovaciones legislativas en el campo de la actividad financiera y mercantil de toda la historia contempor¨¢nea de este pa¨ªs, se jactaba, a la altura de 1918, de defender dentro del Gobierno "un sentido de intenso estatismo, de intervencionismo del Estado muy acentuado" (discurso en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 1918).
Y con menos lagunas en el recuerdo, tampoco se habr¨ªa hoy olvidado que uno de los m¨¢s activos partidarios de la intervenci¨®n del Estado durante el decenio de 1960, y de una intervenci¨®n que ten¨ªa a¨²n muchos ingredientes de simplismo arbitrista y de voluntarismo regeneracionista (am¨¦n del estilo autoritario propio de la ¨¦poca y del personaje), fue Manuel Fraga, que llev¨® el impulso intervencionista hasta actividades en principio tan reacias a estrictas regulaciones como son el turismo y diversos aspectos de la creaci¨®n cultural.
La segunda lecci¨®n que se deduce de una mirada retrospectiva sobre la Espa?a de nuestro tiempo es que el intervencionismo descrito no se ha debido a ninguna oscura conjura de grises bur¨®cratas, sino a las constantes demandas de protecci¨®n formuladas e impuestas por patronales y grupos de presi¨®n empresarial.
Es m¨¢s, los excesos y deficiencias en que han incurrido y han ocasionado las pr¨¢cticas de intervenci¨®n hay que ponerlos en relaci¨®n m¨¢s con dichas presiones, realizadas de forma unilateral por empresas y sectores concretos (sin atender a los posibles efectos contradictorios o neutralizadores de otras actuaciones similares con protagonistas distintos) que con hipot¨¦ticas incapacidades o incompetencias de funcionarios.
Excesos y deficiencias, en definitiva, m¨¢s achacables a una primitiva confusi¨®n entre lo p¨²blico y lo privado, y a una vieja concepci¨®n paternalista de la actuaci¨®n estatal, que al avance del sector p¨²blico en una econom¨ªa moderna.
Las recetas de AP
Si algo destaca del programa econ¨®mico de Alianza Popular (y nos fijamos en ¨¦l porque quienes lo postulan repiten sin cesar estos d¨ªas los t¨®picos y las falacias a las que se ha hecho referencia), es precisamente su falta de modernidad y su absoluta falta de coherencia en punto a la intervenci¨®n del Estado.
En efecto, como ya se ha destacado con agudeza y oportunidad en comentarios editoriales aparecidos en estas mismas p¨¢ginas, las enf¨¢ticas declaraciones a favor de la libertad de mercado de dicho programa (que parecen, por lo dem¨¢s, no tener m¨¢s apoyatura te¨®rica que la convicci¨®n de Adam Smith de que haciendo cada uno su inter¨¦s particular, "resulta el inter¨¦s de todos") se contradicen a rengl¨®n seguido con un sinf¨ªn de prop¨®sitos que recuerdan los h¨¢bitos dirigistas de la derecha autoritaria espa?ola de los sombr¨ªos tiempos pasados y que, en resumidas cuentas, no perfilan sino una apretada competici¨®n por la caza y apropiaci¨®n de toda clase de apoyos y subvenciones estatales para actividades y sectores determinados.
Bastar¨¢n algunos ejemplos. As¨ª, en el mismo texto que se propugna "la libre competencia de productores y consumidores privados ante unos precios relativos reales de productos y f¨¢ctores", se defiende la ampliaci¨®n de las actuales pr¨¢cticas reguladoras de los productos agropecuarios, lleg¨¢ndose en el caso del vino a condenar "las adversas campa?as publicitarias" que estimulan "el consumo de bebidas for¨¢neas".
En el mismo texto en que se afirma que los precios han de corresponder "a la escasez relativa real de productos y factores", se sostiene "la necesidad de abaratar los precios del gas¨®leo mediante subvenciones" en el sector pesquero, para el que se proyecta, adem¨¢s, un Forppa particular (el Fondo de Regulaci¨®n y Ordenaci¨®n de los Productos del Mar).
Tratos de favor
En el mismo texto en que se atribuye a la "hipertrofia del Estado" la m¨¢xima responsabilidad de la gravedad de la crisis econ¨®mica actual, se acude a la envejecida f¨®rmula proteccionista de "industria naciente" para justificar ciertos tratos de favor a algunas l¨ªneas de la producci¨®n fabril, olvidando, sin duda, esas palabras que tienen m¨¢s de un siglo del autor del Arancel con mayor vocaci¨®n librecambista de todo el XIX, Laureano Figuerola: "?Industria naciente! Hace sesenta a?os que oigo hablar de ruina y de industrias nacientes. ?Vaya beb¨¦ de sesenta a?os!".
Y en el mismo texto program¨¢tico que se jalea a las peque?as y medianas empresas privadas, se aboga por la creaci¨®n de "poderosas compa?¨ªas de trading" bajo la tutela del Instituto Nacional de Industria, a las que se encomienda la tarea de realizar las ventas en el exterior "de las heterog¨¦neas y peque?as producciones de las pyme y gestionar al mismo tiempo las importaciones compensatorias", por lo que estas grandes empresas de comercio exterior gozar¨¢n de una "exenci¨®n total de impuestos en sus cinco primeros a?os y podr¨¢n en los cinco siguientes amortizar completamente sus inversiones".
Alarde de incoherencia
Mercado e intervenci¨®n, pues, se prescriben en la misma receta, en un alarde de incoherencia y desprop¨®sitos, que revela, tal vez, m¨¢s que ninguna otra cosa, un rancio sentido patrimonial del Estado, propio de quienes han controlado y utilizado los recursos p¨²blicos para servicio de intereses privados.
Como rancia es, a pesar de sus envoltorios novedosos, la pol¨ªtica que AP propugna en el terreno de la fiscalidad y de las prestaciones sociales. Ese es el calificativo que cuadra a unas medidas que, en un intento de hacer reversibles largos y costosos procesos de evoluci¨®n, aboga, declarada o encubiertamente, por reducir el peso de la imposici¨®n directa (supresi¨®n del impuesto sobre el patrimonio, limitaci¨®n de la presi¨®n fiscal de las rentas altas, supresi¨®n del gravamen de plusval¨ªas no especulativas...), aumentando el de los impuestos indirectos, y por reducir, igualmente, los servicios p¨²blicos, propugnando en particular la privatizaci¨®n de la Seguridad Social, volviendo a esquemas de gesti¨®n privada en cuya liquidaci¨®n durante los a?os sesenta el propio Fraga particip¨® desde el Gobierno (pi¨¦nsese en las compa?¨ªas de seguros de accidentes de trabajo, suprimidas en 1963). Una pol¨ªtica rancia y abiertamente desigualitaria, pues, como ha dicho Galbraith, "cualquier forma de ataque general a los servicios p¨²blicos debe tomarse por lo que es: un ataque al nivel de vida de los pobres".
es el seud¨®nimo colectivo de J. L. Garc¨ªa Delgado, Juan Mu?oz y Santiago Rold¨¢n, catedr¨¢ticos de Estructura Econ¨®mica.
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