Un juez de Matar¨® toma declaraci¨®n a 2.000 negros que trabajan en Ias explotaciones agrarias del Maresme
Unos dos mil trabajadores negros, empleados en las plantaciones agr¨ªcolas del Maresme, prestaron declaraci¨®n ayer sobre su situaci¨®n jur¨ªdica y laboral ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Matar¨®. El colapso organizado, por la magnitud del n¨²mero de declarantes, oblig¨® a suspender los tr¨¢mites, por lo que hoy y ma?ana se seguir¨¢n tomando declaraciones. La iniciativa ha partido del juez Rafael Gimeno, con la intenci¨®n de abrir un proceso "contra el esclavismo y los negreros", en una clara denuncia a diversos empresarios agr¨ªcolas que tienen contratados ilegalmente a cerca de cuatro mil negros en la comarca del Maresme.
La situaci¨®n de "ilegalidad y opresi¨®n laboral" en la que se desenvuelven los cuatro mil trabajadores de raza negra asentados en la comarca ha sido denunciada repetidamente en medios pol¨ªticos y sindicales del Maresme. Simult¨¢neamente a este movimiento de protesta, el juez instructor del Juzgado n¨²mero 2 de Matar¨®, Rafael Gimeno, inici¨®, hace unas semanas una serie de actuaciones, que culminaron el pasado viernes con una batida, a cargo de efectivos de la Polic¨ªa Judicial y la Guardia Civil de toda la comarca, a fin de tomar declaraci¨®n a todos los trabajadores de raza negra que se pudieran localizar, seg¨²n ha explicado a este peri¨®dico el mismo juez.Los intentos de tomar declaraci¨®n a los trabajadores negros en los mismos campos donde est¨¢n empleados resultaron especialmente ¨¢rduos, ya que muchos hu¨ªan aterrorizados al ver los veh¨ªculos de la Guardia Civil. Pese a estos inconvenientes y a las aglomeraciones que se han registrado hoy en los juzgados, se estima que se ha conseguido tomar declaraci¨®n a unos dos mil personas, lo que viene a suponer un 50% de la poblaci¨®n negra del Maresme. Durante todo el d¨ªa de ayer se registr¨® un movimiento inusual en las estaciones de ferrocarril del Maresme, originado por el temor de muchos negros a prestar declaraci¨®n, por lo que abandonaron sus habituales lugares de residencia.
M¨²ltiples situaciones
La situaci¨®n de estos trabajadores es diversa. Mientras una minor¨ªa se encuentra en condiciones de completa normalidad (con contratos, cartas de residencia y sueldos seg¨²n convenios), otro peque?o grupo se encuentra en una situaci¨®n parad¨®jica: los empresarios que les dan trabajo est¨¢n dispuestos a someterse a la legislaci¨®n laboral, pero la ilegalidad de su estancia en Espa?a impide la soluci¨®n. El mayor contingente lo constituyen quienes viven en la m¨¢s absoluta ilegalidad, en condiciones calificadas por el juez de "esclavistas".Rafael Gimeno, que ha recorrido los campos del Maresme antes de decidir las acciones legales iniciadas ayer, explic¨® a EL PAIS que vivi¨® experiencias espeluznantes, como el hecho de comprobar que algunos empresarios descuentan a los trabajadores dos mil pesetas diarias en concepto de comida, a pesar de que les alimentan s¨®lo con arroz "porque la carne les hace da?o". El juez est¨¢ dispuesto a abrir expedientes individuales a cada empresario, con especial rigor en aquellos en los que se observe intencionalidad. Las penas por un delito de violaci¨®n de los derechos laborales de la persona (art¨ªculo 499, bis, del c¨®digo penal) oscilan entre uno y seis meses de prisi¨®n, y de veinte mil a cuatrocientas mil pesetas de multa. En medios sindicales del Maresme se especulaba ayer con la posibilidad de que una supuesta sentencia contraria a los empresarios podr¨ªa obligar a estos a indemnizar a sus asalariados, equiparando las pagas al salario completando las pagas para equilibrarlas al salario m¨ªnimo. El juez afirm¨® que en su recorrido por los campos de la comarca comprob¨® que los trabajadores negros suelen recibir sueldos de 125 pesetas por hora y, en algunos casos, de cien pesetas por hora. La mayor¨ªa de estos trabajadores ilegales proviene de Gambia, Senegal, Nigeria y Camer¨²n. Rafael Gimeno afirma que cualquier despido constar¨¢ en el expediente abierto al empresario, y que la detenci¨®n, por parte de la polic¨ªa, de alguno de los trabajadores llamados a declarar significar¨ªa una violaci¨®n de la Ley, ya que se hallan bajo protecci¨®n judicial.
Fuentes del sindicato Uni¨® de Pagesos han se?alado que est¨¢n de acuerdo con la acci¨®n judicial y que, a pesar de que el sindicato ha promovido entre sus afiliados la idea de que no se contrate a trabajadores negros cediendo a la tentaci¨®n de la rentabilidad econ¨®mica, obligar¨¢ a cualquiera de sus miembros que hayan contratado trabajadores en estas condiciones a legalizar su situaci¨®n.
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