Al denuncia malos tratos a detenidos y recortes al ejercicio de la libertad de expresi¨®n en Espa?a

Malos tratos a detenidos y limitaciones de la libertad de expresi¨®n son las mayores preocupaciones de Amnist¨ªa Internacional (Al) en el apartado sobre Espa?a de su informe anual publicado hoy en Londres. La ausencia de una actuaci¨®n judicial independiente y eficaz en la aplicaci¨®n de las leyes antiterroristas y la detenci¨®n de personas incomunicadas han llevado a torturas y malos tratos. La organizaci¨®n internacional pro derechos humanos apunta tambi¨¦n a los procesos "por expresiones antimon¨¢rquicas y nacionalistas de naturaleza en absoluto violenta".El informe anual, publicado ayer, dedica tres p¨¢ginas a la situaci¨®n de los derechos humanos en Espa?a a lo largo del a?o 1981. Este apartado termina con la menci¨®n de la declaraci¨®n espa?ola, en julio de 1981, sobre la posibilidad para los particulares de acceder a la Comisi¨®n Europea de Derechos Humanos, bajo la convenci¨®n europea durante dos a?os.

Amnist¨ªa Internacional se?ala que la violencia pol¨ªtica se prosigui¨® durante 1981, con enfrentamientos entre grupos de izquierda y derecha, autonomistas, polic¨ªa y Guardia Civil, especialmente en el Pa¨ªs Vasco. "Las cifras oficiales muestran que el n¨²mero de muertos cay¨® de 126 en 1980 a 49 en 1981", indica el informe.

El informe se?ala que en 1981 se produjo por vez primera la participaci¨®n de las Fuerzas Arrnadas en la lucha antiterrorista. Los cambios en las leyes antiterroristas no han mermado la anterior preocupaci¨®n de Amnist¨ªa Internacional sobre el arresto de personas, incomunicadas hasta diez d¨ªas y derecho a la asistencia de un abogado. Amnist¨ªa Internacional "piensa que esta pr¨¢ctica y la falta de supervisi¨®n judicial eficaz (a pesar de las disposiciones legales para esta supervisi¨®n) condujo a la pr¨¢ctica de los malos tratos".

El informe anual cita el caso de Jos¨¦ Arregui, supuesto miembro de ETA ("un grupo autonomista", seg¨²n Amnist¨ªa internacional) que muri¨® en custodia tras permanecer nueve d¨ªas incomunicado. Tambi¨¦n recoge los casos de Tom¨¢s Linaza y del padre Juan Jos¨¦ Camarero N¨²?ez Goenaga. El primero, arrestado el 14 de mayo de 1981, fue puesto tras nueve d¨ªas en libertad por el juez que vio el caso.

Linaza aleg¨® tortura y malos tratos a manos de la Guardia Civil, en Bilbao y en Madrid. Junto a ¨¦l fue detenido Camarero N¨²?ez, que plante¨® similares alegaciones.

En abril de 19861 Amnist¨ªa Internacional hizo una campa?a para que las autoridades aplicaran las recomendaciones de su informe de 1979. El 23 de octubre de 1981 el presidente del Comit¨¦ Ejecutivo Internacional de Amnist¨ªa, Jos¨¦ Zalaquet, se entrevist¨® con el ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, para replantear el tema.

Amnist¨ªa Internacional se muestra preocupada por los enjuiciam¨ªentos a personas que publican "declaraciones o art¨ªculos que critican al Estado, a sus representantes o a sus instituciones". En este contexto sit¨²a el informe el juicio contra cinco concejales de Larrabetzu miembros de Herribatasuna. Fueron acusados de insultar p¨²blicamente al Jefe del Estado. Un observador, de Amnist¨ªa Internacional, presente en la vista de este caso en diciembre en la Audiencia Nacional, "no critic¨® el modo en que se llev¨® la vista, sino la argumentaci¨®n del fiscal". Para Amnist¨ªa, "los acusados no quer¨ªan insultar al Rey como Jefe del Estado, sino criticar en t¨¦rminos pol¨ªticos las instituciones de la Monarqu¨ªa. Parec¨ªa que la acusaci¨®n estaba aplicando el c¨®digo penal de modo a penar a los concejales por haber expresado una opini¨®n pol¨ªtica en contira de la Monarqu¨ªa".

Amnist¨ªa Internacional menciona el caso del historiador y sacerdote Francisco Carballo, condenado en julio de 1981 a seis meses de c¨¢rcel y una multa por su libro Historia de Galicia, en el que se refer¨ªa a "una ola de terror" en Galicia en 1975, que culmin¨® en el asesinato de Xos¨¦ Ram¨®n Reboiras Noia, un l¨ªder de la Uni¨®n do Pobo Galego. El autor atribuy¨® el asesinato a la polic¨ªa espa?ola. El 23 de abril de 1981 entr¨® en vigor la ley de la Defensa de la Constituci¨®n, y en este contexto el informe tiene tres l¨ªneas sobre el 23 de febrero. Amnist¨ªa teme que esta ley sea utilizada para encarcelar a personas "por el leg¨ªtimo ejercicio de la libertad de expresi¨®n, al informar o comentar sobre acontecimientos".