Desaparecidos

UN NUEVO delito de estado -all¨¢ donde los estados est¨¢n constituidos sobre una pr¨¢ctica delictiva- aflige especialmente a los pa¨ªses latinoamericanos: las desapariciones. Reunida en Lima una conferencia de delegados de la asociaci¨®n de familiares de detenidos y desaparecidos ofrece una cifra aproximada -el mism¨® car¨¢cter del delito impide la exactitud- de las v¨ªctimas de desapariciones en el subcontinente desde hace diez a?os: unas 90.000. El crimen as¨ª realizado tiene unas relativas garant¨ªas de impunidad. Las c¨¢rceles oficiales o improvisadas sierripre se prestan a recuentos, por mucho que se las oculte; los cad¨¢veres en las esquinas tambi¨¦n. Las ejecuciones oficiales, por aplicaci¨®n de pena de muerte, est¨¢n abolidas en la mayor parte de las constituciones como un tributo meramente formal a una civilizaci¨®n en la que no se cree: son eliminaciones en las que el estado no puede negar su participaci¨®n. La desaparici¨®n de enemigos reales o supuestos, de simples contradictores, o de personas desagradables tiene notables ventajas. Las polic¨ªas recogen cuidadosamente las denuncias y con el mismo cuidado las archivan; las responsabilidades se derivan hacia grupos supuestamente clandestinos, en todo caso a organizaciones parapoliciales o paramilitares ajenas al estado; los jueces suelen declararse incompetentes. Siempre cabe la hipocres¨ªa de achacar la desaparici¨®n a la propia voluntad del que se ha ido. El desaparecido es, simplemente, tina persona que no est¨¢, que se ha desvanecido. Los familiares que les buscan se encuentran con la nada, con el vac¨ªo, muchas veces con pistas falsas, y algunas con amenazas m¨¢s o menos veladas para que cesen sus pesquisas. Los espectadores de cine espa?oles tienen buen ejemplo de todo ello, para meditar, en la pel¨ªcula Missing.

La conferencia de Lima ha relatado c¨¢sos concretos. Cada una de estas 90.000 desapariciones es una tragedia de enorme envergadura humana. Pide, sobre esos relatos y sobre esas cifras, una definici¨®n clara del delito de desaparici¨®n por parte de las altas instancias jur¨ªdicas internacionales; los all¨ª reunidos pretenden que el tema de los desaparecidos se equipare al genocidio -para lo cual se basan principalmente en la desaparici¨®n de ni?os, incluso de reci¨¦n nacidos-, que se culpe directamente a los estados en que se practica. Se oponen a que los poderes bajo los cuales este genocidio se ha cometido o se est¨¢ cometiendo se indulten a s¨ª mismos o a que las oposiciones pacten un. olv¨ªdo a cambio de la modificaci¨®n del r¨¦gimen: este ¨²ltimo caso es de Argentina, que figura, con Chile, a la cabeza de esta delincuencia. Brasil, como paso previo a una probable suavizaci¨®n del r¨¦gimen en torno a las elecciones del pr¨®ximo d¨ªa 15, ha decretado ya una amnist¨ªa que si te¨®ricamente est¨¢ hecha para legalizar la oposici¨®n, en la pr¨¢ctica borra los delitos de desaparici¨®n y otros favorecidos por las estructuras oficiales. El Gobierno de Chile se amnigti¨® a s¨ª mismo en 1978. La asociaci¨®n teme que las investigaciones que ha iniciado Bolivia despu¨¦s del traspaso del poder de los m¨ªlitares a los civiles tengan que detenerse ante el miedo de provocar un nuevo golpe. Preocupa por otro lado que, en pa¨ªses donde conservan vivos pero ocultos a los desaparecidos, se apresuren a matarles para que su testimonio no alcance a los culpables.

Muchos pol¨ªticos de la oposici¨®n en esos pa¨ªses temen que este tema est¨¦ impidiendo el fin de algunas dictaduras: el miedo a la responsabilidad aferra a sus puestos, y a continuar ejerciendo la violencia, a quienes por otra parte estar¨ªan quiz¨¢ dispuestos a regresar a sus cuarteles como si no hubiera pasado nada y dejar a otros la administraci¨®n de la ruina en la que han dejado a sus propios pa¨ªses. Pero la asociaci¨®n de familiares de desaparecidos no quiere aceptar esa soluci¨®n. Porque, como dicen no pocos de sus delegados, un nuevo r¨¦gimen implantado sobre esa trist¨ªsima amnesia no estar¨ªa capacitado en ning¨²n caso para gobernar limpiamente.