Se ampl¨ªa la investigaci¨®n sumarial sobre el 'caso Sofico'

Antiguos miembros del Consejo de Administraci¨®n del grupo de empresas Sofico han declarado recientemente ante el juez que investiga el caso Sofico en el marco de una serie de pruebas solicitadas por numerosos perjudicados con el objetivo de determinar m¨¢s estrictamente, y en su caso ampliar, las responsabilidades penales y civiles derivadas de este esc¨¢ndalo econ¨®mico-financiero surgido en el a?o 1974.Estas pruebas -18 en total- fueron acordadas por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a propuesta de los abogados Jaime Gil Robles y Manuel Jim¨¦nez de Parga, que defienden los intereses de una parte de los 16.000 perjudicados por el caso Sofico. La decisi¨®n adoptada por la citada sala de la Audiencia Nacional supuso de hecho la reapertura del sumario abierto en 1974, a ra¨ªz de descubrirse el esc¨¢ndalo, que hab¨ªa sido concluido en octubre de 1981 sin ampliar los procesamientos a otras personas que a las inicialmente procesadas, concretamente, Eugenio Peydr¨® Salmer¨®n y su hijo Eugenio Peydr¨® Brillas, presidente y consejero delegado, respectivamente, del grupo de empresas Sofico.

En el marco de la pr¨¢ctica de dichas pruebas han declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional los procesados Eugenio Peydr¨® Salmer¨®n y Eugenio Peydr¨® Brillas y los miembros del consejo de administraci¨®n, ¨¦stos en calidad de testigos, Rafael Cabanilles Prosper, teniente general, e Hip¨®lito Jim¨¦nez y Jim¨¦nez Coronado, abogado, asistidos por los abogados Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun y Jos¨¦ Antonio Ferrer Sama.

La competencia de la Audiencia Nacional en la investigaci¨®n penal del caso Sofico -a este tribunal le corresponde investigar, entre otros, los delitos de naturaleza compleja, incluidos los de car¨¢cter econ¨®mico- se produjo despu¨¦s de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiese en 1977 que no le correspond¨ªa investigar este caso por estimar que los presuntos indicios de criminalidad s¨®lo alcanzaban a las dos personas ya procesadas y no se extend¨ªan a otras que, por su condici¨®n o cargo en la Administraci¨®n del Estado, estaban sujetas a su jurisdicci¨®n. El caso Sofico hab¨ªa sido remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en diciembre de 1976, por el primer juez especial nombrado para investigar las responsabilidades penales derivadas del esc¨¢ndalo, quien consider¨® que dichas responsabilidades pod¨ªan extenderse a otros consejeros del grupo de empresas Sofico, algunos de los cuales eran militares o pertenec¨ªan a la carrera judicial

Estado de cuentas

Entre las pruebas cuya pr¨¢ctica se ha iniciado ahora para ampliar la investigaci¨®n de posibles responsabilidades penales figuran, adem¨¢s de la declaraci¨®n de los cuatros directivos del grupo de empresa Sofico citados, varias de car¨¢cter pericial y documental, tendentes a clarificar el estado de las cuentas de las sociedades. Fundamentalmente el inter¨¦s de los perjudicados es determinar el ¨¢mbito de las responsabilidades civiles derivadas del esc¨¢ndalo, ya que los bienes intervenidos a las sociedades no son suficientes para cubrir la devoluci¨®n de los 5.500 millones de pesetas reconocidos judicialmente a los antiguos inversores de Sofico Inversiones y Sofico Renta.Los inversores de la primera sociedad todav¨ªa no han percibido ninguna cantidad, mientras que los segundos han empezado a percibir a cuenta s¨®lo un 5% de las cantidades invertidas. La diferencia deber¨ªa ser cubierta, seg¨²n los asesores jur¨ªdicos de los perjudicados, con el patrimonio personal de los administradores de las sociedades que en su d¨ªa formaron el grupo Sofico.