"Defenderemos una Prensa p¨²blica de las comunidades aut¨®nomas"

"El aplazamiento de la venta, cuya convocatoria legal en principio sigue en pie, nos dar¨¢ oportunidad de negociar con el nuevo Gobierno una salida airosa", afirma Jos¨¦ Manuel Ponte, coru?¨¦s de 39 a?os, abogado, redactor jefe de La Nueva Espa?a, de Oviedo, y presidente del comit¨¦ intercentros que representa a los trabajadores de los veintisiete peri¨®dicos de la cadena Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado (MCSE).Ponte parece extremar la cautela verbal, como el boxeador que no quiere ensa?arse con el enemigo tendido sobre la lona.

Sostiene que "los trabajadores somos los primeros interesados en que estos peri¨®dicos no sigan como est¨¢n, y lo venimos reclamando desde hace siete a?os; pero las cosas no se pueden hacer de la forma brutal, y a lo que se ve il¨ªcita, que quiso emplear el moribundo Gobierno de UCD".

"El PSOE ha ofrecido p¨²blicamente tres opciones", explica el portavoz de los trabajadores: "formaci¨®n de sociedades an¨®nimas laborales capitalizadas con fondos del sector p¨²blico, adquisici¨®n de los medios por parte de las comunidades aut¨®nomas u otros entes p¨²blicos y, finalmente, si ninguna de la anteriores posibilidades llegara a materializarse, venta en subasta. Nosotros deseamos combinar las dos primeras alternativas, llegar a una Prensa p¨²blica de las comunidades aut¨®nomas con participaci¨®n y responsabilidad de los trabajadores y un estatuto de redacci¨®n similar, por lo menos, al que disfrutan los periodistas de Le Monde".

Para Ponte, antes de que el nuevo Gobierno adopte cualquier decisi¨®n hay que aguardar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda interpuesta por m¨¢s de medio centenar de senadores socialistas, a la que quieren a?adir sus alegaciones como coadyuvantes los propios trabajadores de la cadena MCSE, los sindicatos CC OO, UGT y USO y el PCE. "Esperamos esa decisi¨®n en una semana. Hay dos cuestiones decisivas por resolver. Si la ley de privatizaci¨®n de los peri¨®dicos debe ser org¨¢nica, por afectar al ejercicio de derechos fundamentales, como establece la Constituci¨®n, y si est¨¢ justificada la prohibici¨®n que UCD impuso a las comunidades aut¨®nomas y entes p¨²blicos en general para impedirles licitar en la subasta".

"La existencia de una Prensa p¨²blica de las comunidades aut¨®nomas es plenamente constitucional", asegura el portavoz de los trabajadores. "Est¨¢ contemplada en los estatutos de Catalu?a y Euskadi, que tienen rango de ley org¨¢nica, y por extensi¨®n es posible en todas las dem¨¢s. Esto es un hecho y hay que aceptarlo. En muchos casos, las comunidades podr¨ªan participar ,en el capital de sociedades an¨®nimas laborales, junto a los propios trabajadores del peri¨®dico; en otros, el medio puede ser de titularidad espec¨ªficamente p¨²blica, porque a una provincia o a una comunidad aut¨®noma le interesa mantener un peri¨®dico, en ocasiones el ¨²nico de su ¨¢mbito. Puede haber variantes".

Sobre las razones legales de la suspensi¨®n de la subasta, Jos¨¦ Manuel Ponte cree que "el factor decisivo ha sido un requerimiento de la Magistratura de Trabajo de Castell¨®n, que ordenaba la paralizaci¨®n de la venta de Mediterr¨¢neo a causa de la reclamaci¨®n de la plantilla sobre una parte de su patrimonio y como esa reivindicaci¨®n es com¨²n, la decisi¨®n judicial val¨ªa para todos los casos; la subasta podr¨ªa haber supuesto una estafa colosal, al enajenar el Estado bienes que en parte pudieran no pertenecerle; el Gobierno decidi¨® pasar la patata caliente al Consejo de Estado y buscar en su dictamen una cobertura legal que le permitiera volver sobre su decisi¨®n anterior".

"Nuestra f¨®rmula ha servido tambi¨¦n para garantizar y tutelar los derechos de los propietarios hist¨®ricos de bienes incautados", a?ade Ponte. "El Estado debe indemnizar a esos propietarios. El hecho de que la transici¨®n no implicara ruptura formal hace al Gobierno actual heredero de la legislaci¨®n anterior, y por ello podr¨ªa pensarse que legalmente los plazos de reclamaci¨®n legal han prescrito, pero existen evidentes razones ¨¦ticas y pol¨ªticas para apoyar el resarcimiento a quienes fueron expoliados por la dictadura".

En cuanto a las intenciones inmediatas de los trabajadores, Ponte asegura que "vamos a denunciar con pelos y se?ales toda la corrupci¨®n que subsiste en la cadena, y mantendremos todas las acciones legales, algunas por la v¨ªa penal, que hemos emprendido para depurar responsabilidades; y por ¨²ltimo, creemos que la nueva Administraci¨®n estar¨¢ dispuesta a incluir en la negociaci¨®n del nuevo convenio colectivo un estatuto de las redacciones, que venimos reivindicando hace a?os".