Fernando Ledesma: "El cambio radica en que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la justicia"

Pregunta. ?Qu¨¦ criterios ha tenido usted en cuenta para la selecci¨®n de su equipo?Respuesta. En primer lugar, una coincidencia ideol¨®gica con el programa socialista en t¨¦rminos generales; en segundo lugar, una impecable trayectoria democr¨¢tica; despu¨¦s, una honestidad profesional y personal, y finalmente, com petencia t¨¦cnica, esp¨ªritu de trabajo y capacidad para trabajar en equipo, porque, en definitiva, ser¨¢ en equipo como trabajemos.

P. Usted es el ¨²nico miembro independiente, en cuanto no afiliado a ning¨²n partido, del Gobierno. ?Qu¨¦ significado tiene la palabra independiente en su caso?

R. Si por independiente se quiere significar no tener un carn¨¦ de partido, no tener una militancia activa en un partido, efectivamente yo soy independiente, y lo soy, como he dicho en otras ocasiones, en cumplimiento de la Constituci¨®n, que me prohibe, en cuanto magistrado que soy, pertenecer a un partido pol¨ªtico.

Pero desde hace muchos a?os siempre he estado en la l¨ªnea de la lucha por un sistema democr¨¢tico, por el reconocimiento, el respeto y el amparo de los derechos de las personas, de las libertades p¨²blicas, y en esa lucha he estado implicado, creando juntamente con otras personas Justicia Democr¨¢tica, a la que me incorporo cuando inicio mis funciones en la carrera fiscal y en la que trabajo para extender sus principios y sus ideas por toda Espa?a.

Quiero decir, por tanto, que mi compromiso con la lucha por la democracia ha sido permanente y que, en concreto, mi coincidencia con los planteamientos socialistas es tambi¨¦n desde hace muchos a?os. En ese sentido, yo, que me considero dependiente de mis ideas, no puede decirse que sea en absoluto independiente del programa, de la escala de valores y del proyecto de sociedad socialista.

P. Un antiguo miembro de Justicia Democr¨¢tica ha llegado a ser ministro de Justicia. Este hecho hist¨®rico exige que se explique p¨²blicamente lo que signific¨® este movimiento de jueces, magistrados y fiscales en los ¨²ltimos a?os de la dictadura, y si el programa que propugn¨® se ha realizado en el Estado democr¨¢tico.

R. Justicia Democr¨¢tica signific¨® la coincidencia de un amplio grupo de jueces, magistrados y fiscales, que comprenden pronto que no era posible realizar plenamente la funci¨®n judicial en el contexto de una dictadura y que solamente se puede ser juez que ampara derechos fundamentales all¨ª donde los derechos fundamentales est¨¢n reconocidos.

La incomodidad que significaba el ejercicio de la funci¨®njudicial en un contexto completamente antag¨®nico a esa idea fue la que estimul¨® la agrupaci¨®n de esos jueces y fiscales que desde el primer momento plantean la necesidad de contribuir con su esfuerzo, con su lucha y con su responsabilidad, a la instauraci¨®n en Espa?a de un sistema democr¨¢tico.

Por ello, juntamente con otras organizaciones ciudadanas y con los entonces proscritos y perseguidos partidos pol¨ªticos, Justicia Democr¨¢tica se implica, corriendo graves riesgos, en una actuaci¨®n para tratar de traer a Espa?a lo que finalmente lleg¨® con la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978.

En cuanto al programa y a las ideas de Justicia Democr¨¢tica, sustancialmente est¨¢n recogidas en la Constituci¨®n. Justicia Democr¨¢tica siempre habl¨® de la independencia del poder judicial e incluso propuso la creaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, y felizmente eso se recogi¨® en la Constituci¨®n. Pero una justicia democr¨¢tica es una justicia que siempre est¨¢ en proceso de avance, que nunca es una realidad acabada, y en ese sentido no se puede decir que a lo que nosotros aspir¨¢bamos est¨¦ en estos momentos totalmente realizado.

P. ?En qu¨¦ aspectos podr¨ªa concretarse el cambio propugnado por el partido socialista en el ¨¢rea de la justicia?

R. Para eso hay que partir de una indagaci¨®n realista y aut¨¦ntica de la situaci¨®n actual. La situaci¨®n actual revela que existe una crisis de confianza respecto de la Administraci¨®n de justicia. El cambio radica en recuperar esa confianza. En recuperar la confianza de los ciudadanos, en volver a ilusionar a todos aquellos que sirven a la justicia, en hacer que toda la maquinaria judicial se ponga a funciona precisamente para aquello para lo que est¨¢ destinada; es decir, que sea realmente un aparato, una organizaci¨®n que sirva para llevar a los ciudadanos mayores niveles de libertad y de igualdad. El cambio radica incluso en que los jueces y tribunales tengan conciencia de que la Constituci¨®n les compromete en la tarea de remover los obst¨¢culos que se oponen a la realizaci¨®n de esos valores. El cambio consiste en que los jueces comprendan que a trav¨¦s de la justicia se transforma la sociedad, se avanza, que las leyes no cierran todas las soluciones, que hay espacios abiertos a la interpretaci¨®n creadora y progresista del juez, y en ese sentido tiene que realizarse el cambio.

Naturalmente que este cambio exige tambi¨¦n,que en la escala de prioridades que est¨¢ en la base de la programaci¨®n econ¨®mica de cualquier Gobierno se coloque a la justicia en el nivel que le corresponde para poder desempe?ar esa importante labor.

P. Los anteriores Gobiernos tambi¨¦n han reconocido, de palabra al menos, que la dotaci¨®n presupuestaria para la justicia es pobre y escasa. El problema es si el nuevo ministro de Justicia y el Gobierno del que forma parte tienen decidido ya aumentar esa asignaci¨®n en los pr¨®ximos presupuestos generales.

R. En el momento en que estoy hablando con usted todav¨ªa no se ha reunido el Gobierno y, por consiguiente, no hay ninguna decisi¨®n tomada. Esta es, evidentemente, una decisi¨®n propia del Gobierno. Lo que s¨ª est¨¢ ah¨ª es el programa electoral del partido, y en las declaraciones del que hoy es presidente del Gobierno est¨¢ la afirmaci¨®n de que la Administraci¨®n de Justicia debe r¨¦cibir un tratamiento, en los niveles jur¨ªdicos y econ¨®micos, distinto del que ha recibido hasta ahora, lo que implica el reconocimiento de una prioridad que desde luego no ha tenido hasta el momento. El compromiso est¨¢ contra¨ªdo en el programa electoral y, l¨®gicamente, el programa electoral dise?a, determina y fija cu¨¢les son los objetivos a seguir. No puede haber ninguna incoherencia entre lo que all¨ª se dijo y lo que luego, en definitiva, ser¨¢..

P. Concretamente Felipe Gonz¨¢lez habl¨® en la sesi¨®n de su investidura de la gratuidad de las tasas judiciales.

R. Esa ser¨¢ una decisi¨®n que en el momento que estime oportuno el Gobierno se adoptar¨¢, lo cual naturalmente supone un intrumento que facilitar¨¢ el acceso de los ciudadanos al servicio de la justicia. Se remueve de esta manera un obst¨¢culo que puede oponerse al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Con la gratuidad de las tasas judiciales esa barrera desaparece y la posibilidad del amparo se presenta como algo m¨¢s pr¨®ximo.

Naturalmente, se tiene muy presente que esa barrera no es la ¨²nica de car¨¢cter econ¨®mico, que existen otras, pero ¨¦sta, que depende de una decisi¨®n pol¨ªtica, est¨¢ claramente contemplada en el programa electoral del partido.

P. Una cuesti¨®n que preocupa a los ciudadanos es la lentitud de los procedimientos judiciales. ?Qu¨¦ instrumentos piensa utilizar el nuevo equipo del Ministerio de Justicia para crear las condiciones necesarias que hagan posible la agilizaci¨®n de la maquinaria judicial?

R. La lentitud de la maquinaria judicial se produce como consecuencia de la conjunci¨®n de una serie de factores. Por una parte, se aplica en general en todos los ¨®rdenes jurisdiccionales un procedimiento escrito, lleno de ritos y de tr¨¢mites, en el que, adem¨¢s, las partes tienen siempre a su alcance la posibilidad de impedir que el proceso avance con la celeridad deseable. Luego, existe un reparto o divisi¨®n del trabajo que no han sido puestos al d¨ªa. Cuando hablo de divisi¨®n del trabajo me refiero a la divisi¨®n entre unidades jurisdiccionales. En tercer lugar, existe una oficina judicial anacr¨®nica, sin medios tecnol¨®gicos adecuados. Puede tambi¨¦n influir en la lentitud un sentimiento de desilusi¨®n, de que da igual que el asunto se retrase como consecuencia de la inexistencia de elementos que realicen un seguimiento de la eficacia del servicio prestado.

Todo esto se corrige a trav¨¦s de la introducci¨®n en los procesos de la inmediaci¨®n judicial, de la oralidad, de un mayor contacto humano y de una mayor audiencia personal. Se corrige a trav¨¦s de unos procesos en los que se puedan evitar los tr¨¢mites que lo alargan, dando mayores poderes al juez para que pueda evitar las lentitudes provocadas intencionadamente. Se corrige tambi¨¦n con la introducci¨®n de la inform¨¢tica y con instrumentos de control de la prestaci¨®n del servicio.

P. ?Podr¨¢n ser ejecutadas todas estas medidas en los cuatro a?os de mandato del actual Gobierno?

R. Creo que s¨ª. Desde el momento en que en el programa legislativo electoral se prev¨¦ la reforma de los procesos, la potenciaci¨®n econ¨®mica de los recursos adscritos a la justicia, se prev¨¦ una nueva demarcaci¨®n judicial y una nueva ley de planta y existe una preocupaci¨®n por la selecci¨®n y perfeccionamiento de los funcionarios judiciales, se est¨¢n concretando los mecanismos y las t¨¦cnicas para resolver esos males. Esas medidas curativas se aplicar¨¢n al ritmo que sea posible, teniendo en cuenta el tiempo para la preparaci¨®n de las leyes y las posibilidades financieras.

P. El tema de las c¨¢rceles viene siendo conflictivo desde hace a?os. ?Qu¨¦ medidas a corto plazo puede aplicar el nuevo equipo de justicia para resolver la situaci¨®n?

R. Est¨¢ prevista una reforma parcial del C¨®digo Penal que proceda a una nueva regulaci¨®n de la valoraci¨®n de algunas circunstancias que concurren en los delitos contra la propiedad, en el sentido de que se considera que las penas privativas de libertad deben ser en la medida de lo posible evitables. Eso supone, por consiguiente, la reducci¨®n de la prisi¨®n provisional y las reformas necesarias para dicha reducci¨®n. Junto a esto, y cuando se produzca la entrada inevitable en los establecimientos penitenciarios, debe asegurarse de que en el interior de los mismos se aplica exclusivamente la pena de privaci¨®n de libertad, conserv¨¢ndose toda una serie de derechos que tienen que ser protegidos y que est¨¢n puestos bajo el amparo del juez de vigilancia de penas.

Es decir, hay que acabar con la idea de que el principio de legalidad es un principio que funciona fuera de los establecimientos penitenciarios. No, tambi¨¦n tiene que actuar y desarrollar todas sus exigencias en el interior de la c¨¢rceles.

P. ?Pero qu¨¦ se va a hacer en concreto para terminar con el desproporcionado n¨²mero de presos preventivos, pendientes de juicio durante meses, y en muchos casos durante a?os, que pueblan las c¨¢rceles espa?olas?

R. Se reduce el tiempo de duraci¨®n de la prisi¨®n provisional, desde el momento en que se proceda a dar cumplimiento al art¨ªculo de la Constituci¨®n que establece la duraci¨®n limitada de dicha prisi¨®n. Rebasado ese tiempo, l¨®gicamente no puede mantenerse la situaci¨®n de prisi¨®n provisional. Eso supone ya, por consiguiente, una reducci¨®n, y al mismo tiempo est¨¢ imponiendo a los tribunales la necesidad de concluir las actuaciones sumariales con mayor celeridad.

Por otra parte, desde el momento en que se proceda a la creaci¨®n de nuevos ¨®rganos judiciales se generar¨¢ una mayor capacidad de trabajo y, consiguientemente, se producir¨¢ una mayor aceleraci¨®n. Porque el problema est¨¢ centrado fundamentalmente en las Audiencias de los grandes n¨²cleos de poblaci¨®n. Esas Audiencias son las que deber¨¢n tener un tratamiento preferente en cuanto a la composici¨®n de sus ¨®rganos y a los medios que se les asignen.