Persisten la tortura y las dificultades para la asistencia al detenido, seg¨²n la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos

El informe sobre los derechos humanos en Espa?a correspondiente a 1982, que se hizo p¨²blico ayer, constata la persistencia en nuestro pa¨ªs de torturas a los detenidos, la reiteraci¨®n de detenciones indiscriminadas y los comportamientos arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, as¨ª como las dificultades para la asistencia letrada al detenido y el deterioro de la libertad de expresi¨®n. El informe es obra de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a, que cuenta entre sus miembros a juristas prestigiosos como Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, Enrique Gimbernat, el juez Clemente Auger y el friscal Mart¨ªn Pall¨ªn, as¨ª como el actual Ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer.

El informe constata tambi¨¦n la inexistencia de una ley de derecho de asilo, la generalizaci¨®n de prolongadas reclusiones preventivas, las inadecuadas condiciones de las prisiones y la extensi¨®n del incumplimento del derecho al trabajo. El per¨ªodo considerado en el informe comprende desde octubre de 1981 hasta octubre de 1982.Para la desaparici¨®n de tales puntos negros, la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a considera imprescindible que los poderes p¨²blicos arbitren las siguientes medidas: supresi¨®n de los preceptos legales que autorizan la incomunicaci¨®n del detenido durante diez d¨ªas en el centro de interrogatorio y detenci¨®n policial; garant¨ªas por ley de la irrenunciabilidad del derecho de asistencia letrada al detenido, sin excepci¨®n; y que el Ministerio de Justicia curse instrucciones a los directores de las prisiones para que no pongan dificultades a la libre comunicaci¨®n entre abogados y sus clientes presos.

La Asociaci¨®n encuentra tambi¨¦n necesario que el juez de vigilancia visite regularmente las c¨¢rceles de su jurisdicci¨®n y controle la aplicaci¨®n de la ley y reglamento penitenciario; que se d¨¦ prioridad a la discusi¨®n y aprobaci¨®n del proyecto de C¨®digo Penal; que se cumpla el mandato establecido en el art¨ªculo 17.4 de la Constituci¨®n y que se fije el plazo m¨¢ximo de la prisi¨®n provisional. Asimismo, solicita que se derogue el decreto que atribuye a la Audiencia Nacional el fuero para enjuiciar el delito de desacato a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social y que el fiscal general del Reino d¨¦ instrucciones a las fiscal¨ªas de las audiencias territoriales para que atemperen la interposici¨®n de querellas por supuestos delitos p¨²blicos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresi¨®n.

Igualmente, la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos pide que se regule el derecho de asilo para los perseguidos en pa¨ªses extranjeros por la defensa de las libertades reconocidas en la Constituci¨®n; que se reforme urgentemente el C¨®digo de Justicia Militar, de modo que se traslade a la jurisdicci¨®n ordinaria el delito de rebeli¨®n militar y que el procedimiento militar permita la intervenci¨®n como querellantes de los perjudicados y de quienes ejerzan la acci¨®n popular. Finalmente, considera urgente la promulgaci¨®n de una ley reguladora de la objeci¨®n de conciencia y de la prestaci¨®n social sustitutoria del servicio militar.

Ha mejorado el trato a los detenidos

El citado texto asevera que la tortura se sigue practicando todav¨ªa en Espa?a, pero precisa que, desde luego, el trato a los detenidos ha mejorado desde el a?o 1978 y que las denuncias por malos tratos a detenidos en dependencias de la Guardia Civil son su periores a las producidos en comisar¨ªas de Polic¨ªa. Dentro del listado de personas que han sufrido torturas policiales en el presente a?o, la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos dice tener "constancia directa" o "informes documentados y verificados" de casos como los de Jos¨¦ Arregui, Mikel Navascu¨¦s y Nicol¨¢s Santiurde Alhedo,Sobre el caso de Arregui, se afirma que las presuntas torturas se produjeron "durante su detenci¨®n en la comisar¨ªa en febrero de 1981"; Mikel Navascu¨¦s, hermano del presidente de la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco, "denunci¨® haber sufrido torturas durante su estancia en la comandancia de la Guardia Civil de San Sebasti¨¢n en julio de 1982"; y Nicol¨¢s Santiurde "present¨® denuncia en el juzgado de Laredo (Santander) contra los miembros de la Guardia Civil que le hicieron objeto de malos tratos durante su permanencia en la comandancia de ese cuerpo en Castro Urdiales. De acuerdo con el informe emitido por el m¨¦dico de Laredo, Jos¨¦ Ram¨®n Ortiz, Santiurde presentaba, tras su detenci¨®n, diversos hematomas, uno de ellos en el labio, as¨ª como molestias en la regi¨®n lumbar". El mismo informe menciona tambi¨¦n el caso de Mart¨ªn Izaguirre Arguiza, quien fue excarcelado por la Guardia Civil con el pretexto de practicar diligencias judiciales.

Las 526 detenciones del Rastro

Por otra parte, el informe refleja el arresto con violencia de 526 personas en el Rastro madrile?o en mayo de 1982, la carga policial con botes de humo contra los asistentes y vendedores ambulantes en una verbena en el parque del Retiro de Madrid y la violencia empleada contra los asistentes al festival de los Rolling Stones, en Madrid, en julio de 1982, denunciada por Jos¨¦ Ram¨®n Naranjo, hijo de un comisario del Cuerpo Superior de Polic¨ªa.Tambi¨¦n se menciona el intento de arresto de Juan Infante en diciembre de 1981, en virtud de una orden de busca y captura dictada por las autoridades militares en 1971, la detenci¨®n del abogado Luis Mar¨ªa Figueroa por impedir que la polic¨ªa golpeara a dos personas y el disparo de un agente recibido por el letrado Carlos Slepoy por mediar en un incidente similar.

El informe expone que en Madrid renuncia a asistencia letrada el 46% de los detenidos, por haber sido mayoritariamente inducidos a pensar que puede serles perjudicial, y dice que ese porcentaje supera el 80% en la mayor parte de las poblaciones. El "marcado deterioro" de la libertad de expresi¨®n queda ejemplificado con el amplio listado de ciudadanos procesados, arrestados o condenados al ejercitar dicho derecho, sea a trav¨¦s de la Prensa -casos del coronel Gra¨ª?o o Xavier Vinader-, del cine -caso del director de Roc¨ªo- o de la canci¨®n -como El Cabrero-.