El porvenir de las autonom¨ªas

Los constituyentes de 1978 tuvieron clara conciencia de la envergadura de este gran problema de la convivencia espa?ola y de su inseparable y rec¨ªproca relaci¨®n con el nuevo sistema de democracia pol¨ªtica. La regionalizaci¨®n del Estado, la autonom¨ªa de las distintas comunidades espa?olas, ha pasado a ser, as¨ª, la clave de b¨®veda del entero edificio constitucional.Desde un plano te¨®rico, el modelo de organizaci¨®n auton¨®mica del Estado que la Constituci¨®n dise?a en su t¨ªtulo octavo ha sido objeto de las m¨¢s duras cr¨ªticas doctrinales. Ambiguo, oscuro, equ¨ªvoco, t¨¦cnicamente incorrecto, pol¨ªticamente ecl¨¦ctico y hasta nefasto son calificativos que se repiten una y otra vez en los estudios dedicados al mismo y tambi¨¦n, aunque en menor medida e intensidad, a los estatutos de autonom¨ªa que lo han desarrollado (el vasco y el catal¨¢n, en particular). No ser¨ªa razonable negar alg¨²n valor a muchas de esas cr¨ªticas, pero tampoco lo ser¨ªa seguir insistiendo sesgadamente en las mismas, a despecho de los saludables efectos que la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa han producido ya, de consuno, en la organizaci¨®n pol¨ªtica de la sociedad.

Suele decirse que las leyes son a menudo m¨¢s inteligentes que los legisladores, con lo que quiere darse a entender que la bondad de las normas no ha de medirse ni valorarse tanto por su mayor o menor perfecci¨®n t¨¦cnica (aun siendo ¨¦sta siempre muy deseable), cuanto por su aptitud y utilidad pr¨¢ctica para encauzar y resolver los problemas sociales. Si observamos con objetividad el camino recorrido en la creaci¨®n y desarrollo de lo que se ha dado en llamar el Estado de las autonom¨ªas, habr¨¢ de reconocerse que, aun con todos sus defectos y aspectos negativos, el avance ha sido gigantesco y, sin duda, irreversible. En el terreno de la pr¨¢ctica, por tanto, el t¨ªtulo octavo de la Constituci¨®n y los estatutos han probado -est¨¢n probando- satisfactoriamente su eficacia.

Descenso del clima autonomista

No es posible ignorar, sin embargo, que desde hace alg¨²n tiempo se ha operado un descenso de temperatura en el clima autonomista. La experiencia auton¨®mica de Catalu?a y del Pa¨ªs Vasco -con su indiscutible vis, atractiva para otras comunidades- empieza a ser contemplada con desasosiego y preocupaci¨®n en los poderes centrales del Estado. La euforia autonomista de los primeros momentos se ha ido enfriando paulatinamente. El rec¨ªproco entusiasmo inicial se est¨¢ trocando en mutuo recelo, el desarme emocional comienza a ser acechado por viejos atavismos de agresividad, y hasta el sereno lenguaje de la tolerancia pol¨ªtica est¨¢ siendo desplazado con demasiada frecuencia por verbalismos ret¨®ricos ba?ados en la linfa de la irritaci¨®n y, a menudo, de la irracionalidad sectaria y mediocre.

Ante todo, entre los protagonis tas del proceso en Catalu?a y Euskadi, de un lado, y el Gobierno central y algunos partidos nacionales, de otro, ha surgido la desconfianza. Desconfianza de aqu¨¦llos en la sinceridad de las convicciones autonomistas de estos ¨²ltimos, expresada en la imputaci¨®n de frenar el ritmo del proceso e intentar la rectificaci¨®n del modelo auton¨®mico constitucional para reconducirlo hacia una especie de seudorregionalizaci¨®n a la italiana. Desconfianza no menor de las instancias centrales y fuerzas pol¨ªticas mayoritarias de implantaci¨®n estatal hacia el modo de entender y practicar el autonomismo por los partidos nacionalistas de Catalu?a y del Pa¨ªs Vasco, a los que se acusa de deslizarse peligrosamente hacia un autonomismo centr¨ªfugo, insolidario, aislacionista, tendencialmente discriminatorio y aupado en la grupa del privilegio m¨¢s descarado.

Para algunos (?para muchos?) en definitiva, pura y simple antesala del separatismo (o del federalismo) y grave amenaza para el entero sistema democr¨¢tico. Parece como si, transcurrido un siglo, volvieran a resonar con fuerza las palabras con que C¨¢novas se dirig¨ªa a los autonomistas hispano-cubanos para descalificar sin contemplaciones sus propuestas pacificadoras: "Empezad por inspirarnos confianza". Los interlocutores han cambiado, pero la actitud de recelo es la misma.

De este modo, y en poco menos de tres a?os de andadura autonomista, la patolog¨ªa amenaza con ense?orearse del proceso. En lo que concierne a Catalu?a y Pa¨ªs Vasco, el Gobierno central representa con excesiva frecuencia el papel de un contradictor institucional que contemplara toda manifestaci¨®n del ejercicio de los poderes regionales como un hecho potencialmente da?oso para el Estado, y cuyas manifestaciones m¨¢s visibles ir¨ªan desde el copioso n¨²mero de conflictos y recursos planteados ante el Tribunal Constitucional -la presunci¨®n de incompetencia de las instituciones auton¨®micas empieza a ser aqu¨ª norma de conducta habitual- hasta la confrontaci¨®n en temas tan triviales y pintorescos como la cilindrada de los veh¨ªculos policiales o las pol¨¦micas sobre cuestiones sem¨¢nticas. En lo que toca a otras comunidades aut¨®nomas, la coherencia y la racionalidad han brillado por su ausencia en no pocos casos: ah¨ª est¨¢n para probarlo las pendulaciones y peripecias de los estatutos de Galicia, Andaluc¨ªa y Pa¨ªs Valenciano, la floraci¨®n de comunidades aut¨®nomas uniprovinciales, el mantenimiento de territorios aislados sin regionalizar (Segovia) o la creaci¨®n de alguna comunidad aut¨®noma sobre bases preconstitucionales (Navarra).

Proyectadas sobre este tel¨®n de fondo de preocupaciones, incoherencias y recelos, pueden entenderse mejor ciertas iniciativas pol¨ªticas orientadas hacia la b¨²squeda de una nueva l¨®gica auton¨®mica que complete las presuntas insuficiencias del t¨ªtulo octavo de la Constituci¨®n y de los estatutos de autonom¨ªa, desvanezca sus ambig¨¹edades y enderece, en fin, con las rectificaciones que sean necesarias, la construcci¨®n del modelo autonomista de organizaci¨®n del Estado sobre pautas m¨¢s uniformes y menos propicias a particularismos perif¨¦ricos.

Dudas irectificadoras

Es l¨ªcito dudar que esta nueva l¨®gica rectificadora y uniformadora del modelo auton¨®mico y de su proceso aplicativo sea la opci¨®n pol¨ªtica m¨¢s adecuada para poner orden donde, desde una discutible ortodoxia auton¨®mica, se dice que reina el desorden. Y es l¨ªcita la duda, no s¨®lo porque sea exageradamente falsa la tesis que ve en la incipiente pr¨¢ctica de las autonom¨ªas catalana y vasca un factor de inestabilidad del sistema democr¨¢tico y una amenaza potencial a la unidad de Espa?a, sino tambi¨¦n, y sobre todo, porque los virajes uniformistas y las rectificaciones centralizadoras del proceso de reforma del Estado corren el peligro de frustrar en su propia ra¨ªz -o, al menos, de obstaculizar gravemente- la consecuci¨®n de uno de los objetivos esenciales que el discutido t¨ªtulo octavo de nuestra Constituci¨®n permite y propicia: la paulatina mitigaci¨®n de la efervescencia de los nacionalismos hist¨®ricos -de cuya radicalizaci¨®n ha sido responsable en no poca medida el r¨¦gimen franquista- y su progresiva armon¨ªa y fecunda compatibilidad con los valores, sentimientos y prop¨®sitos comunes de toda la naci¨®n. Pura ingenuidad, dir¨¢n algunos; simple realismo, pensamos muchos.

Para ser fieles al reto de nuestro tiempo, es urgente romper las barreras de la desconfianza, sumar fuerzas en vez de restar. Sin abandonarse a est¨¦riles pesimismos, evitando las huidas hacia adelante de quienes, con notoria miop¨ªa y exceso de irresponsabilidad, demandan a la autonom¨ªa pol¨ªtica m¨¢s de lo que aqu¨¦lla puede dar, y soslayando los frenazos y desviaciones que rompen el equilibrio y dan rigidez al sistema constitucional de distribuci¨®n del poder pol¨ªtico entre el Estado central y las comunidades aut¨®nomas. Acompasando, en suma, el ritmo del proceso de regionalizaci¨®n a las graves dificultades econ¨®micas y sociales con que hoy se enfrenta la sociedad espa?ola y a las propias exigencias t¨¦cnicas que dicho proceso comporta, es preciso recomponer ante todo el clima de confianza que hizo posible el pacto constitucional y los pactos estatutarios.

No por ello se mitigar¨¢n las dificultades ni se evaporar¨¢n los problemas. Pero m¨¢s asequible ser¨¢ la disponibilidad al compromiso y m¨¢s hacedero el hallazgo de soluciones, si todas las fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas aceptan sin reticencias ni reservas el desarrollo de todas las potencialidades que el modelo auton¨®mico constitucional encierra, si se conviene, en suma: que el Estado es unitario y que no es discutible la superioridad de los intereses generales, cuya tutela corresponde ex Constitutione a los ¨®rganos centrales, lo que comporta un determinado nivel de centralizaci¨®n, aceptable y aceptado por todos, pero que al propio tiempo el Estado es plural y que tampoco es discutible el autogobierno -potencialmente diferenciado- de los intereses colectivos territoriales que la propia Constituci¨®n y los estatutos reconocen a las comunidades aut¨®nomas; que debe haber solidaridad, cooperaci¨®n y apoyo rec¨ªproco entre todas las comunidades y el Estado central, pero no a expensas, en todo caso, de las leg¨ªtimas peculiaridades y diferencias de cada nacionalidad o de cada regi¨®n; que, ciertamente, la lealtad a la Constituci¨®n y al modelo de Estado auton¨®mico debe inspirar y presidir todas las conductas y todas las acciones de los nuevos poderes territoriales, pero que igual lealtad es exigible a los poderes centrales del Estado, cuyas decisiones -legislativas, gubernativas y judiciales- no ser¨ªan leg¨ªtimas si se adoptaran, por decirlo con palabras del Tribunal Constitucional, "en da?o del principio de autonom¨ªa, que es uno de los principios estructurales b¨¢sicos de nuestra Constituci¨®n".