Arriba y abajo

LA DECISION del nuevo Gobierno de exigir a los funcionarios de la Administraci¨®n p¨²blica el cumplimiento de sus horarios y obligaciones es la congruente aplicaci¨®n de una parte del programa electoral del PSOE. Los ciudadanos que padecieron alguna vez las ineficiencias y las. corrupciones de algunas oficinas p¨²blicas mientras trataban de resolver un asunto o de ejercer un derecho se alegrar¨¢n de esas directrices, pero tambi¨¦n sentir¨¢n el temor a que la animosa agitaci¨®n inicial de los reformadores termine siendo tragada por las arenas movedizas de los h¨¢bitos rutinarios, las resistencias corporativas y la picaresca profesional.No es este el primer Gobierno que comienza su gesti¨®n con en¨¦rgicas declaraciones y espectaculares medidas orientadas a conseguir una mejor¨ªa en el rendimiento del sector p¨²blico. Ser¨ªa deseable que fuera, en cambio, el primer Gobierno en conseguir de verdad que esas actitudes program¨¢ticas abandonaran el estadio de los buenos prop¨®sitos y del moralismo abstracto para materializarse en una aut¨¦ntica reforma de la Administraci¨®n. En vez de diluirse, con el paso del tiempo, en un resignado acomodo a las inveteradas costumbres de una burocracia cuya ¨²nica compensaci¨®n a la escasa paga es, precisamente, el derecho vitalicio al empleo y la bondadosa flexibilidad para la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones. En esa perspectiva, los agravios comparativos poseen una capacidad de corrosi¨®n tal que pueden derrumbar, con un solo ejemplo negativo, esa tarea de moralizaci¨®n de la vida p¨²blica que Felipe Gonz¨¢lez, con tanto ¨¦xito, predic¨® durante su campa?a electoral.

No parece, en ese sentido, demasiado oportuno que una de las primeras iniciativas del presidente del Congreso haya sido la propuesta de equiparar los honorarios de los 350 diputados con los sueldos de los directores generales. Sin duda, la aplicaci¨®n de un riguroso r¨¦gimen de incompatibilidades a los parlamentarios cortar¨¢, en el futuro, saneadas fuentes de ingreso a algunos representantes de la soberan¨ªa popular, para quienes el sueldo de .diputado era una minucia. Sorprende, sin embargo, que el propio presidente del Congreso defienda la compatibilidad entre la actividad parlamentaria y la ense?anza, como si el criterio para aplicarla fuera la oferta de gratuidad de los generosos incompatibles y no las exigencias de un servicio p¨²blico que precisa ense?antes y diputados de tiempo completo. En cualquier caso, es una lamentable falta de tacto que, mientras el Gobierno exhorta a la sociedad espa?ola a apretarse el cintur¨®n, portavoces del Poder Legislativo consideren que una remuneraci¨®n de tres millones de pesetas anuales es algo as¨ª como el salario m¨ªnimo vital de un profesional de la pol¨ªtica. La vida p¨²blica puede significar -y de hecho lo significa para una parte de los hombres y mujeres que a ella se dedican- una merma de sus ingresos monetarios o de su tiempo disponible, si bien hay sobrados ejemplos en nuestra historia contempor¨¢nea de la armoniosa complementariedad entre la actividad pol¨ªtica y la hacienda personal. Pero un an¨¢lisis de la conducta humana ense?a, en cualquier caso, que existen rentas psicol¨®gicas y expectativas de poder a las que mucha gente sacrifica gustosamente otro g¨¦nero de gratificaciones materiales o de ocio.

No parecer¨ªa muy sensato, as¨ª pues, que los pol¨ªticos instalados en los centros de poder, cuyo s¨®lo ejercicio satisface aspiraciones y sentimientos muy profundos, construyeran la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica sobre la ret¨®rica del servicio o del sacrificio. Aunque el ministro de la Presidencia haya avanzado la audaz hip¨®tesis de que las retribuciones no son el ¨²nico incentivo de los funcionarios, deber¨ªan ser los propios interesados -cerca de mill¨®n y medio de personas en las diferentes administraciones p¨²blicas- quienes confirmaran, una vez que sean desarrollados los mandatos constitucionales que les garantizan sus derechos de sindicaci¨®n y huelga, esa conjetura. En cualquier caso, el nuevo Gobierno socialista no deber¨ªa limitar su loable ¨ªmpetu reformador a los centenares de miles de miembros de los cuerpos subalternos y medios de la Administraci¨®n, tomados globalmente como empleados m¨¢s bien remolones de una enorme empresa a los que hay que meter en cintura, sino extenderlo a -y tal vez iniciarlo con- los reducidos cuerpos de elite, a los que nadie regatea vacaciones, controla horarios o impone incompatibilidades. Es evidente que los ciudadanos desean que las ventanillas est¨¦n abiertas y existan p¨®lizas disponibles para estamparlas en las instancias cuando acuden a los ministerios y dem¨¢s centros oficiales. Pero todav¨ªa m¨¢s importante es que, al final del tr¨¢mite procesal, se encuentre una cabeza decisoria enfrascada ¨²nicamente en los asuntos de su despacho.

No parece tener mucho sentido, en suma, que la reforma de la Administraci¨®n comience con los sectores m¨¢s numerosos y d¨¦biles del funcionariado, poniendo en la picota con indelicada sa?a unos h¨¢bitos generalizados que vienen de lejos y que les fueron ense?ados a los de abajo por los de arriba, mientras deja inc¨®lumes los privilegios, disfrazados de derechos adquiridos, de los cuerpos de elite. Los nombramientos que realice ma?ana el Consejo de Ministros para cubrir los altos cargos de las empresas p¨²blicas podr¨¢n servir tambi¨¦n de pauta para comprobar hasta qu¨¦ punto pueden quedar exceptuados de los rigores de la reforma aquellos de quienes se presume admirativamente que tienen derecho a desempe?ar un elevado puesto por el simple hecho de haberlo ocupado antes, aun a costa de inundar de n¨²meros rojos las cuentas de resultados del sector estatal.