Larga y complicada operaci¨®n para sustituir a los gobernadores civiles

La operaci¨®n del partido en el Gobierno para sustituir a los gobernadores de todas las provincias espa?olas por gentes nuevas, sin ligazones con la anterior Administraci¨®n y con clara proximidad o adscripci¨®n al PSOE, est¨¢ resultando larga y complicada. Los responsables del Ejecutivo no han podido, casi un mes despu¨¦s de constituirse el Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez, elaborar listas completas de gobernadores -hasta ahora han nombrado treinta y seis- y ello por la inexistencia de personas competentes o fiables (excepto en casos conflictivos, se ha tendido a nombrar responsables sin vinculaci¨®n anterior con la provincia correspondiente) o por la propia renuncia de quienes podr¨ªan ocupar dichos puestos, como ocurri¨® con el candidato a la delegaci¨®n del Gobierno en Navarra.Junto con las dificultades del Ejecutivo para completar la relaci¨®n de gobernadores -personas absolutamente ajenas a la Administraci¨®n, e incluso al PSOE, se han visto sorprendidas con inopinadas ofertas de puestos- ¨¦stos han sido revestidos de una doble funci¨®n, aparentemente contradictoria. Tanto el vicepresidente, Alfonso Guerra, como el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, han insistido en los actos de toma de posesi¨®n de las dos primeras tandas de nombramientos en que el papel de los gobernadores civiles es doble: contribuir a la descentralizaci¨®n del poder pol¨ªtico y a la conclusi¨®n del Estado de las autonom¨ªas y, al mismo tiempo, reafirmar la presencia del Estado, del propio Gobierno, en las provincias. Una tarea con dos vertientes, por lo tanto, que parece concentrar y desdoblar, simult¨¢neamente, las funciones de los titulares de los gobiernos civiles.

Los primeros pasos de los nuevos responsables han estado llenos de gestos y declaraciones sobre el cambio de actitud que representan: apertura de sus actos de toma de posesi¨®n a sectores hasta ahora ajenos a dichas instituciones, visitas pensadas, aseveraciones en el sentido de que se consideran "los primeros servidores" de la sociedad; intenciones, en suma, demostradoras de la bocanada de aire fresco, de renovaci¨®n que ha llegado a los gobiernos civiles espa?oles. Todo ello contrasta con la agria cr¨ªtica -que no es nueva- de los nacionalistas catalanes y vascos contra la pervivencia de la figura de aquellos. Coincidiendo con los nombramientos de la primera tanda, Miquel Roca y Carlos Garaikoetxea han coincidido al manifestar su criterio de que, en nombre de la Administraci¨®n del Estado, los delegados del Gobierno son ya representaci¨®n suficiente.

D¨ªas despu¨¦s de que la direcci¨®n del PNV se?alara que los gobernadores civiles est¨¢n "fuera de lugar" ante la existencia de un de legado del Gobierno para el Pa¨ªs Vasco, el lendakari Garaikoetxea declaraba a EL PAIS: "Los gobernadores civiles sobran; su existencia da la impresi¨®n de provocar una hipertrofia del aparato de Estado en un momento en que se van transfiriendo las com petencias a las comunidades aut¨®nomas". El nombramiento de unas personas que tie nen que asumir el cargo de gobernadores civiles, "cada vez m¨¢s ausentes de compe tencias", en opini¨®n del lendakari, "obedece a una obstinaci¨®n en mantener atributos de poder central".

Tambi¨¦n los partidos catalanes, en su casi totalidad, son partidarios de vaciar de competencias a los gobiernos civiles, en beneficio de la Delegaci¨®n del Gobierno. De hecho, s¨®lo los centristas catalanes no apoyaron, en 1980, una proposici¨®n de ley presentada por el Parlamento catal¨¢n en la Mesa del Congreso de los Diputados que, de acuerdo con el art¨ªculo 154 de la Constituci¨®n, regulaba las competencias del delegado y supon¨ªa, en la pr¨¢ctica, que los gobernadores perd¨ªan sus atribuciones. Esa proposici¨®n no lleg¨® a ser debatida en la anterior legislatura. La Minor¨ªa Catalana (grupo de Converg¨¦ncia i Uni¨® en el Congreso) ha retomado ahora aquella iniciativa.

El catalanismo se ha opuesto, por tradici¨®n, a la divisi¨®n provincial de Catalu?a, y, como consecuencia, a las diputaciones provinciales y a los gobernadores civiles. Aunque la Constituci¨®n ha consagrado la existencia de las provincias, no han faltado las iniciativas para acomodar el texto constitucional a las reivindicaciones nacionalistas. Una ley del Parlamento auton¨®mico que regulaba el traspaso de competencias de las diputaciones a la Generalitat fue anulada por el Tribunal Constitucional, derrota que dej¨® huella en la pol¨ªtica catalana.

La Minor¨ªa Catalana, al abrirse las Cortes elegidas el pasado 28 de octubre, present¨® una proposici¨®n deley en el mismo sentido, "para poner a prueba a los socialistas", en palabras de Miquel Roca. Los comurtistas catalanes est¨¢n dispuestos a resucitar la vieja iniciativa unitaria para evitar que los nacionalistas de CiU se apropien de la bandera del antiprovincialismo.

En algunos casos, los medios para actuar parecen escasos. El nuevo gobernador de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, ha invertido sus primeros d¨ªas en estudiar a fondo la situaci¨®n de la provincia. Las conclusiones, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al nuevo gobernador, son alarmantes: no hay personal suficiente ni convenientemente preparado para llevar adelante su gesti¨®n.