La pol¨ªtica auton¨®mica del nuevo Gobierno

LOS PRIMEROS pasos del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez por el minado terreno de las relaciones entre la Administraci¨®n central y las instituciones auton¨®micas se han caracterizado por la inteligencia y la prudencia. De los contactos mantenidos, antes de las fiestas navide?as, por Tom¨¢s de la Quadra, ministro de Administraci¨®n Territorial, con Miquel Roca y Mario Fern¨¢ndez cabe deducir un positivo cambio de actitud del poder ejecutivo respecto a los reg¨ªmenes de autogobierno catal¨¢n y vasco. Esas conversaciones iniciales pueden desembocar en la apertura de un di¨¢logo sincero orientado a facilitar la reanudaci¨®n de las transferencias de competencias (proceso parcialmente congelado durante la ¨²ltima etapa del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo) y la interpretaci¨®n convergente de la pol¨¦mica ley org¨¢nica para la Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico, aprobada por las Cortes Generales con el voto en contra de las minor¨ªas nacionalistas y pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional.En repetidas ocasiones se ha dicho que uno de los factores decisivos para la consolidaci¨®n de la Monarqu¨ªa parlamentaria en Espa?a es la definitiva soluci¨®n del viejo litigio (nacido bastante antes de la guerra civil, pero agravado por el centralismo uniformista del anterior r¨¦gimen) que enfrenta a la realidad de la unidad supranacional espa?ola -basada en la homogeneidad del mercado, los trasvases de poblaci¨®n, las migraciones laborales, las instituciones estatales y los condicionamientos geopol¨ªticos- con las tensiones centr¨ªfugas nacidas de un proceso de integraci¨®n hist¨®rica insuficientemente soldado y de la afortunada pervivencia de idiomas y culturas propios en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco. La equ¨ªvoca forma en que las Cortes Constituyentes afrontaron el problema y la audacia intuitiva con la que Adolfo Su¨¢rez negoci¨® los estatutos de Guernica y de Sau dejaron en el aire, pese a sus aciertos globales, cabos sueltos y l¨ªneas de fuga.

De un lado, la posibilidad de generalizar los reg¨ªmenes auton¨®micos de las nacionalidades hist¨®ricas, aunque trabada por los obst¨¢culos de procedimiento del art¨ªculo 151, suscit¨® una desaforada puja de agravios comparativos y multiplic¨® las se?as de identidad al servicio de intereses partidistas. De otro, los dif¨ªciles acuerdos alcanzados durante el verano de 1979 entre el Gobierno y los nacionalismos catal¨¢n y vasco descansaron en muchos casos sobre la ambig¨¹edad. El movimiento reactivo posterior al 23 de febrero trat¨® no s¨®lo de reconducir las extremosidades de las regiones o provincias que no quer¨ªan quedar rezagadas en la lucha simb¨®lica por la llamada autonom¨ªa plena, sino tambi¨¦n de equiparar los estatutos de Guernica y de Sau, en nombre de una solidaridad abstracta pero despreciadora de las diferencias concretas, con el resto de las cartas de autogobierno. Los pactos auton¨®micos entre el Gobierno de Calvo Sotelo y el PSOE y el proyecto de la LOAPA fueron los instrumentos ideados para cubrir esos objetivos.

Las elecciones del 28 de octubre no s¨®lo proporciona ron a Felipe Gonz¨¢lez el respaldo global de diez millones de votos en toda Espa?a, sino que, de a?adidura, dieron a los socialistas la victoria en Catalu?a y el segundo puesto en el Pa¨ªs Vasco.

Desaparecido cualquier temor razonable a la exteriorizaci¨®n de la pol¨ªtica auton¨®mica catalana y vasca respecto al resto de la vida p¨²blica espa?ola, dado que el PSOE puede tener una amplia o decisiva presencia en los Parlamentos de ambos territorios, el Gobierno socialista est¨¢ en condiciones de replantearse, sin complejos ni recelos, el regreso al esp¨ªritu inicial de los estatutos de Sau y de Guernica. Es evidente que s¨®lo al Tribunal Constitucional corresponde decidir sobre el car¨¢cter inconstitucional de la LOAPA como resultado de las eventuales modificaciones operadas sobre ambos Estatutos (que exigir¨ªan en cualquier caso, como establece el art¨ªculo 152, un refer¨¦ndum popular) o de su injustificada catalogaci¨®n como ley org¨¢nica.

Aun dejando claro que el respeto hacia el Tribunal Constitucional le impide al nuevo poder ejecutivo reabrir el expediente de la LOAPA hasta tanto no se produzca la sentencia, Tom¨¢s de la Quadra ha manifestado a los nacionalistas vascos y catalanes la voluntad del Gobierno socialista de alcanzar interpretaciones convergentes sobre los puntos ambiguos de la ley y, sobre todo, de negociar las leyes de bases, anunciadas por Felipe Gonz¨¢lez en su discurso de investidura, que desarrollar¨ªan su contenido y garantizar¨ªan que los techos auton¨®micos no ser¨ªan rebajados.

Ese clima de entendimiento precisar¨¢, por supuesto, que los nacionalistas vascos y catalanes correspondan a la voluntad negociadora del Gobierno con una posici¨®n que renuncie a los ventajismos, sepa comprender que las propias razones han de conjugarse con las razones del interlocutor y tome en cuenta las necesidades funcionales de un Estado moderno en una sociedad compleja. En la cuesti¨®n de las transferencias, el ministro de Administraci¨®n Territorial se ha comprometido tambi¨¦n a establecer un nuevo calendario que asegure a las dos comunidades aut¨®nomas, cuyas instituciones comenzaron a funcionar en la primavera de 1980, la recepci¨®n de todas las competencias estatutarias a lo largo de 1983. Las obvias dificultades de transformar los h¨¢bitos de una Admin¨ªstraci¨®n fuertemente centralizada tendr¨¢n que ser superadas, en este terreno, con id¨¦ntica voluntad de comprensi¨®n mutua. Mientras el Gobierno habr¨¢ de tomar en consideraci¨®n que las instituciones auton¨®micas tambi¨¦n son Estado, los nacionalistas deber¨¢n renunciar a identificar a Catalu?a y al Pa¨ªs Vasco con sus propios partidos y huir de las tendencias feudalizantes en la administraci¨®n de unas competencias que forzosamente se inscriben en un marco mucho m¨¢s complejo.

Sorprenden temente, la esperanzadora din¨¢mica pues ta en marcha por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez ha recibido el jarro de agua fr¨ªa de las cr¨ªticas de Rafael Escuredo, encolerizado por el supuesto agravio comparativo que significar¨ªa el calendario menos apremiante de transferencias en favor de la comunidad andaluza, de la que es presidente. La circunstancia de que el Parlamento andaluz haya sido elegido en mayo de 1982 establece, sin embargo, unas diferencias temporales obvias respecto a las necesidades de los reg¨ªmenes auton¨®micos catal¨¢n y vasco, en funcionamiento desde marzo de 1980. Dada la escasa justificaci¨®n de la protesta formal e inconvincen temente expresada, cabe interrogarse sobre la eventual existencia de otras razones que pudieran explicar la intemperancia de Rafael Escuredo, personaje desde siempre m¨¢s preocupado por la imagen y la ret¨®rica del poder que por las obligaciones de los gobernantes en tanto que administradores de los recursos p¨²blicos. La exhorta ci¨®n a la solidaridad entre los territorios espa?oles no deber¨ªa ser, en ninguna circunstancia, una bandera de mag¨®gica al servicio del clientelismo personalista de los pol¨ªticos, ni una f¨®rmula agresiva destinada a fomentar la desuni¨®n bajo capa de combatir los privilegios. Las elecciones generales del 28 de octubre pasado demostra ron que los comicios andaluces del 23 de mayo de 1982 no fueron el ¨¦xito carism¨¢tico de un l¨ªder regional, sino el anuncio de la victoria socialista en toda Espa?a. En cual quier caso, ser¨ªa grave que las baron¨ªas dentro del PSOE, considerablemente atemperadas dentro de su grupo parlamentario, recobraran su significado estrictamente territorial y, precisamente cuando se vislumbra un acuerdo global del Gobierno de Felipe,Gonz¨¢lez con los nacionalistas vascos y catalanes, feudalizaran el e ercicio del poder estatal en las autonom¨ªas controladas por l¨ªderes socialistas ambiciosos o simplemente vanidosos.