La familia que ocup¨® una vivienda en San Blas ser¨¢ desalojada hoy
Jos¨¦ Manuel Valdivia, de veintitr¨¦s a?os, en paro, su esposa, Ana Isabel Alameda y el hijo de ambos, Jos¨¦ Trist¨¢n, de dos meses de edad, pueden ser desalojados hoy de la vivienda de protecci¨®n oficial situada en la calle Aparejadores, 10, que ocuparon hace apenas mes y medio de forma ilegal. La vivienda en cuesti¨®n, seg¨²n declaraciones de Valdivia, estuvo habitada durante bastantes a?os por Vicente Vivas D¨ªez, que la dej¨® hace unos tres meses para instalarse en un nuevo piso concedido por el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo(MOPU), en el barrio de Santa Ana, en Fuencarral.Jos¨¦ Manuel Valdivia es barnizador de profesi¨®n, pero no encuentra trabajo desde que termin¨® de cumplir el servicio militar, en el mes de febrero del a?o pasado. Est¨¢ inscrito en la oficina de empleo, esperando que le llegue alguna oferta y, mientras tanto, no recibe ninguna ayuda econ¨®mica, ni tampoco puede, ni ¨¦l ni su mujer, recurrir a sus respectivas familias, quienes, siempre seg¨²n sus propias palabras, "nos echan una mano para comprar comida o para peque?os gastos urgentes, pero no pueden hacer mucho m¨¢s".
A principios de enero recibieron una nota oficial firmada por el director provincial del MOPU en la que se les avisaba que deb¨ªan desalojar la vivienda hoy, a las 10.30, y advert¨ªa que la operaci¨®n de desahucio estar¨ªa protegida por fuerzas. de la Polic¨ªa Municipal y Nacional. Al parecer, la denuncia relativa a la ocupaci¨®n ilegal de la vivienda parti¨® de una vecina del mismo inmueble.
Jos¨¦ Manuel Valdivia esgrimi¨® ayer el derecho a disfrutar de una vivienda digna, reconocido en la Constituci¨®n, como base en la que se apoya para justificar su actitud. A¨²n reconociendo que la patada a la puerta es un sistema ilegal de acceder al disfrute de ese derecho, no deja de denunciar que ha sido el propio MOPU, a lo largo de los a?os, quien primero ha permitido una serie de irregularidades que constituyen un grav¨ªsimo agravio comparativo para las personas que, como ¨¦l, se encuentran con una familia a la que cobijar y sin posibilidades para hacerlo.
En su mismo inmueble, a?adi¨®, existe otro piso desocupado desde hace dos a?os, propiedad de un polic¨ªa nacional destinado, al parecer, fuera de Madrid. Otra vivienda, en la calle Tejedores, 41, bajo D, est¨¢ ocupada por un perro, cuya misi¨®n es, precisamente, impedir que otro necesitado se introduzca en ella por la fuerza. Casos como estos se conocen por decenas en San Blas, directamente achacables a las autoridades ministeriales por su escasa preocupaci¨®n en lo relativo a vigilar que las viviendas se adjudicaran realmente a las personas m¨¢s necesitadas. Desde este punto de vista, insisti¨®, Valdivia, es el MOPU quien menos autoridad moral tiene para desalojarnos.
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