Sentencia sobre la Caja Popular de Catalu?a, que puede motivar el procesamiento de Jos¨¦ Sol¨ªs

La Sala Segunda del Tribunal Supremo deber¨¢ decidir si hay que procesar al ex ministro Jos¨¦ Sol¨ªs Ruiz por su presunta implicaci¨®n en el esc¨¢ndalo de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a. Jos¨¦ Sol¨ªs fue durante trece a?os ministro secretario general del Movimiento y durante dieciocho delegado nacional de Sindicatos. En la ¨¦poca en que se encontraba desempe?ando este ¨²ltimo cargo se detectaron las anomal¨ªas que determinaron la quiebra de la entidad. La Caja de Cr¨¦dito fue creada en mayo de 1957, bajo los auspicios de la Organizaci¨®n Sindical. Diez a?os m¨¢s tarde la Audiencia declar¨® su quiebra.

Esta es una de las medidas adoptadas por la secci¨®n primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona al dictar sentencia sobre el caso de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a. La vista oral del juicio se celebr¨® en Barcelona los pasados d¨ªas 17, 18 y 19 de diciembre. La resoluci¨®n judicial, firmada por los magistrados Manuel Derqu¨ª, Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a y Jos¨¦ Luis Barrera, fue hecha p¨²blica ayer y comunicada a las partes.En la sentencia se condena tambi¨¦n a diez a?os de prisi¨®n al ex delegado provincial de Sindicatos en Gerona, Juan Manuel de Santisteban y Bernaldo de Quir¨®s, por un delito de insolvencia fraudulenta. Juan Manuel de Santisteban, desde su cargo oficial, fue uno de los promotores de la Caja de Cr¨¦dito Popular y sobre ¨¦l recayeron gran parte de las acusaciones vertidas en el transcurso del juicio oral. El ministerio Fiscal solicit¨® que se le impusiera una pena de catorce a?os de prisi¨®n.

Insolvencia fraudulenta y estafa

Otro de los procesados condenado por esta sentencia es Vicente Fisas, que desempe?ara el cargo de director general de la entidad, a quien le ha sido impuesta una pena de doce a?os por insolvencia fraudulenta y seis m¨¢s por un delito de estafa. El fiscal hab¨ªa solicitado para Vicente Fisas una pena total de cuarenta a?os de c¨¢rcel, por una serie de delitos relacionados con la gesti¨®n de esta entidad.Jos¨¦ Mar¨ªa Casadejust Codina, que fue vocal de la junta rectora de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a, tesorero y subdirector general, ha sido tambi¨¦n condenado a la pena de diez a?os de c¨¢rcel por el delito de insolvencia fraudulenta. El fiscal hab¨ªa reclamado para este acusado una pena de catorce a?os.

El ¨²ltimo de los condenados es el sacerdote Juan F¨¤bregas Bassegany¨¤, que en aquella ¨¦poca era Ministro Provincial de los Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Coraz¨®n de Mar¨ªa, y al que le ha sido impuesta una pena de seis a?os de prisi¨®n por un delito de estafa.

Todas estas penas de privaci¨®n de libertad, que ser¨¢n mitigadas generosamente gracias a los numerosos indultos dictados desde la fecha en que se perpetraron los hechos, van acompa?adas en la sentencia de una indemnizaci¨®n de seiscientos treinta millones de pesetas que deber¨¢n ser pagadas a las v¨ªctimas que resultaron perjudicadas por los procesados Fisas, Santiesteban y Casadejust. Por su parte los condenados Fisas y F¨¢bregas deber¨¢n hacer frente a una segunda indemnizaci¨®n de 900.000 pesetas.

Siete absueltos

Otros siete implicados en el fraude, entre los que se encontraba el letrado Joan Ignasi Sard¨¤ Ant¨®n, han sido absueltos de diferentes delitos, por considerar que su actuaci¨®n profesional estuvo al margen de las maquinaciones realizadas por los dirigentes de la entidad.Los magistrados concluyen su sentencia ordenando llevar el texto de la resoluci¨®n hasta el Tribunal Supremo, por si considera oportuno incoar una causa criminal contra el Delegado Nacional de Sindicatos y al Jefe Nacional de la Obra Sindical de Cooperaci¨®n. Esta resoluci¨®n se env¨ªa al Supremo porque los presuntos implicados estaban aforados en el momento de suceder los hechos. La misma sentencia ser¨¢ trasladada al Juzgado de Guardia,con la orden concreta de que se incoe un sumario y se investigue la actuaci¨®n de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Caja de Cr¨¦dito Popular de Catalu?a, por si de su intervenci¨®n en los hechos se dedujeran indicios de conducta delictiva o ilegal.

Con estas ¨²ltimas medidas, los perjudicados por la quiebra de la entidad podr¨¢n iniciar una reclamaci¨®n pidiendo la devoluci¨®n del dinero perdido, que en total asciende a unos ochocientos millones de pesetas.

El fiscal pidi¨® 170 a?os

El fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Mena solicit¨® en el transcurso del juicio oral un total de 170 a?os de prisi¨®n para los once acusados. Esta pena se ha reducido ostensiblemente, ya que en total la condena impuesta a los implicados es de cuarenta a?os. Pena que se ver¨¢ disminuida si la sala aplica los indultos.