El Estado, los ciudadanos y los secuestros

LA MAYORIA de los indicios hacen suponer que el secuestro de Miguel Ignacio Echeverr¨ªa ha sido perpetrado por ETA-VIII Asamblea, tras el grave contratiempo de la liberaci¨®n de Orbegozo, en una operaci¨®n terrorista destinada a salvar la imagen de su siniestra eficacia criminal. Las palabras usualmente utilizadas para expresar la condena, el desprecio y el horror que merecen las acciones de barbarie cometidas por las diversas ramas de ETA corren el riesgo de sonar a rutinarias y de sufrir el desgaste de la repetici¨®n.Resulta obvio que las amenazas contra la vida del joven Echeverr¨ªa proceden exclusivamente de la banda terrorista que ha convertido en mercanc¨ªa una existencia humana y la ha etiquetado con un precio exacto. Los historiadores del futuro que estudien nuestra ¨¦poca se asombrar¨¢n de que unas organizaciones delictivas dedicadas exclusivamente al crimen, la extorsi¨®n y el secuestro no s¨®lo trataran de justificar sus actuaciones mediante coartadas ideol¨®gicas, sino que consiguieran que sus absurdas explicaciones doctrinarias fueran cre¨ªdas por un sector minoritario pero significativo de la poblaci¨®n. El secuestro de Miguel Ignacio Echeverr¨ªa y el brutal chantaje del que pende su vida se suman a los cientos de asesinatos y tropel¨ªas cometidos en los ¨²ltimos a?os por las diversas ramas de ETA y reducen todav¨ªa m¨¢s a la miseria moral a quienes busquen un atisbo de sentido pol¨ªtico en lo que no es sino barbarie indecente.

En momentos como los presentes, sin embargo, hay que rechazar la tentaci¨®n, sim¨¦tricamente brutal, de postular la existencia de abstractas razones de Estado que permitan impedir, mediante sanciones penales y persecuciones policiacas, a la familia del reh¨¦n el pago de un rescate para tratar de salvar la vida del secuestrado. El numantinismo ante un secuestro puede darse tal vez cuando la v¨ªctima es un servidor del Estado, y resulta irremediable cuando los extorsionadores piden contraprestaciones pol¨ªticas de imposible cumplimiento. En modo alguno constituye una obligaci¨®n indiscutiblemente c¨ªvica cuando los extorsionadores plantean su nauseabundo negocio en t¨¦rminos exclusivamente monetarios y buscan como ¨²nicos interlocutores a los familiares de la v¨ªctima. Los asesinos del ingeniero Ryan sab¨ªan que la demolici¨®n de Lem¨®niz era una exigencia de realizaci¨®n imposible. Pero las autoridades hicieron cuanto estaba en sus manos para salvar la vida de Javier Rup¨¦rez, lo mismo que Benito Craxi, l¨ªder del socialismo italiano, propugn¨® con acierto y valor la negociaci¨®n con las Brigadas Rojas para impedir el asesinato de Aldo Moro. El peculiar sentido de la abstracta dignidad del Estado que sus administradores ostentaron en aquel momento impidi¨® tal negociaci¨®n y dej¨® a uno de los pol¨ªticos europeos m¨¢s ilustres en las manos de la violencia criminal. En cualquier caso, los altos cargos del Estado, que reciben protecci¨®n policial en sus domicilios, oficinas y desplazamientos, no pueden pretender que el hero¨ªsmo sea un deber ciudadano, en vez de una elecci¨®n moral que compete exclusivamente a la conciencia de cada individuo. Ni siquiera estamos seguros de que el hero¨ªsmo valga en estas circunstancias para nada, si no es para que el Ministro del Interior ejerza de moderno Guzm¨¢n el Bueno a costa de los dem¨¢s. Todav¨ªa m¨¢s insensato ser¨ªa, como insinuaron la semana pasada el Ministro del Interior y el Director General de la Seguridad del Estado, que las conductas no heroicas en caso de secuestro fueran perseguidas por la polic¨ªa, sancionadas por la ley y condenadas por los tribunales. Que nadie esgrima la seguridad del Estado, o la dignidad de las instituciones p¨²blicas o cualquier otra abstracci¨®n ret¨®rica para impedir que la familia Echeverr¨ªa decida libremente la conducta a seguir en el asunto del secuestro de su hijo. Esta es la ¨²nica soluci¨®n pol¨ªtica racional y l¨ªcita. Lo dem¨¢s es autoritarismo barato, de cuya ineficacia la historia ofrece abundantes pruebas.