La Audiencia Provincial de Valencia reabre dos actuaciones contra el Instituto de Investigaciones Citol¨®gicas

La Sala Primera de la Audiencia Provincial, de Valencia ha revocado sendos autos del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos que sobrese¨ªan actuaciones judiciales contra los responsables del Instituto de Investigaciones Citol¨®gicas, dependiente de la Caja de Ahorros de Valencia. De esta forma, se ha vuelto a iniciar la investigaci¨®n por presunta imprudencia contra el director del centro, Santiago Grisol¨ªa, y los miembros del patronato en virtud de una querella presentada por Francisco Garc¨ªa Garc¨ªa, padre de una ni?a, Amparo Garcia Escrich, que padece subnormalidad.

A juicio de los padres, el defecto que padece la ni?a podr¨ªa no haber aparecido si se hubiese aplicado por el Instituto en los plazos previstos el Plan Nacional de Prevenci¨®n de la Subnormalidad en las provincias de Alicante y Castell¨®n, para lo que contaba con subvenci¨®n del Estado.La otra investigaci¨®n judicial que se ha vuelto a abrir est¨¢ en funci¨®n de una denuncia que present¨® el doctor Te¨®filo D¨ªez Caballero, que trabajaba en el Instituto como director de la aplicaci¨®n del plan, contra el subdirector del centro, Antonio Hern¨¢ndez Yago, por apropiaci¨®n indebida. D¨ªez Caballero le acusa de haber sustra¨ªdo la documentaci¨®n relacionada con el Plan que hab¨ªa en el Instituto, entre la que figuraban, seg¨²n el denunciante, an¨¢lisis cl¨ªnicos realizados documentos que evidenciaban que se hab¨ªa incumplido un convenio suscrito con la Direcci¨®n General de Salud P¨²blica para aplicar el plan.

La misi¨®n del Instituto consist¨ªa en realizar an¨¢lisis sobre deficiencias tiroideas en reci¨¦n nacidos para corregirlas, en caso de ser detectadas, y evitar que produjesen subnormalidad. Hab¨ªa recibido siete millones y medio de pesetas de la Administraci¨®n para comprar el material adecuado. Sin embargo, a la ni?a, que hab¨ªa nacido el 18 de diciembre de 1980, momento en que el Hospital General de Valencia no contaba con el material que deb¨ªa haber proporcionado el Instituto, se le descubri¨® la subnormalidad en marzo de 1981, cuando ya era irreversible. En virtud del reinicio de las actuaciones judiciales, ya ha prestado declaraci¨®n Santiago Grisol¨ªa, y la acusaci¨®n particular ha solicitado que tambi¨¦n lo hagan Marcelino Alamar, presidente de la Caja de Ahorros y del patronato que administra el Instituto, y el resto de los miembros del mismo.

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos hab¨ªa basado el sobreseimiento de las actuaciones relativas a la querella de Francisco Garc¨ªa en la "convicci¨®n de que no existe el delito que se intenta imputar a los querellados, sino m¨¢s bien provocar una actuaci¨®n judicial encaminada a promover en otras instancias o estamentos de la Administraci¨®n la consecuci¨®n de medios materiales superiores a los existentes, encaminados a la prevenci¨®n de la subnormalidad infantil, finalidad muy loable, pero que no corresponde a los Tribunales de Justicia".

En el auto de la Audiencia por el que se revoca el sobreseimiento, se indica, sin embargo, que les innegable que se ha producido un resultado lesivo en la persona de un familiar del querellante, seg¨²n aparece en la documentaci¨®n aportada en la querella", y, por ello, "antes de rechazar la pretensi¨®n del querellante, que atribuye determinada responsabilidad a los miembros directivos de la entidad querellada, debieran practicarse las pruebas propuestas ( ... ) dada la trascendencia pol¨ªtica y social de las imputaciones que se hacen".