Felipe Gonz¨¢lez prometi¨® la ley de asistencia letrada para 1983

Las organizaciones profesionales o humanitarias que vienen propiciando la necesidad de la regulaci¨®n de la asistencia letrada al detenido, manifestaron a EL PAIS su rechazo por un nuevo retraso del desarrollo pleno de este derecho constitucional, en especial su irrenunciabdidad y su aplicaci¨®n a los incomunicados. Entre otras cosas, recordaron que esta regulaci¨®n fue prometida por Felipe Gonz¨¢lez en la sesi¨®n parlamentaria de investidura para el a?o actual.En respuesta al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Vicens, el entonces candidato a presidente del Gobierno contest¨® el pasado 1 de diciembre ante el pleno del Congreso que la asistencia letrada quedar¨ªa regulada en 1983. En el mismo debate, el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, record¨® que en Espa?a segu¨ªa existiendo la tortura y que su desaparici¨®n exig¨ªa, entre otras medidas, "la elaboraci¨®n de la ley de asistencia letrada obligatoria al detenido". Felipe Gonz¨¢lez contest¨® a Bandr¨¦s que se presentar¨ªa al Parlamento dicho proyecto de ley para "cubrir una previsi¨®n constitucional absolutamente necesaria y exigible".

El presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH), Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, manifest¨® a este peri¨®dico que, teniendo en cuenta que la asistencia letrada ya est¨¢ establecida por la ley de 4 de diciembre de 1978, el compromiso de Felipe Gonz¨¢lez hay que vincularlo a una regulaci¨®n acorde con la Constituci¨®n, que contemple su car¨¢cter irrenunciable y su aplicaci¨®n sin limitaciones, incluso en los casos de incomunicaci¨®n del detenido.

Para Mohedano, cualquier devaluaci¨®n del anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia "ser¨ªa una frustraci¨®n que ir¨ªa en contra del propio programa de gobierno del PSOE y del discurso de investidura de Felipe Gonz¨¢lez". A?adi¨® que, en respuesta al informe anual de la APDH correspondiente a 1982, varios dirigentes socialistas, incluido el presidente del Congreso de los Diputados y algunos ministros, "unos p¨²blicamente y otros en privado, nos han comunicado que se solucionar¨ªa el problema de la irrenunciabilidad y de la asistencia letrada a los incomunicados, en un r¨¦gimen especial, pero que no les privar¨ªa de la asistencia. Esperamos que se confirmen estas promesas".

Entre las recomendaciones a los poderes p¨²blicos contenidas en el informe anual citado, figuraba una por la que se solicitaba "que se garantice legalmente la irrenunciabilidad del derecho de asistencia al detenido, sin excepci¨®n". Asimismo, en el informe sobre la legislaci¨®n terrorista espa?ola elaborado por la misma asociaci¨®n se ped¨ªa que quedara "sin efecto la prohibici¨®n a la asistencia letrada para los detenidos por sospecha en relaci¨®n con bandas armadas organizadas".

El presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, se pronunci¨® en favor de la irrenunciabilidad de la asistencia letrada, por entender que el titular de este derecho no es s¨®lo el detenido, sino tambi¨¦n la sociedad espa?ola". Tambi¨¦n el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, se ha expresado reiteradamente en favor de la irrenunciabilidad de este derecho.