Convalidado el decreto de pr¨®rroga de los Presupuestos sin perjuicio de su tramitaci¨®n como proyecto de ley

El Pleno del Congreso convalid¨® ayer el decreto-ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria -que supone la pr¨®rroga de los Presupuestos de 1982-, aunque acept¨® tambi¨¦n la sugerencia del Grupo Popular de tramitar el texto como proyecto de ley, con car¨¢cter urgente. Estos hechos, junto con la presentaci¨®n del cuadro macroecon¨®mico para 1983, fueron los aspectos m¨¢s destacados del debate sobre el citado decreto-ley. La controversia en s¨ª, se centr¨® sobre la constitucionalidad y conveniencia de haber regulado por decreto temas fiscales y financieros, sobre el aumento o no de la presi¨®n tributaria derivada de tales medidas y sobre el cumplimiento o no de los compromisos electorales por parte del Gobierno.

El resultado de la votaci¨®n fue de 186 votos a favor (de los diputados socialistas), 107 en contra (de la Minor¨ªa Catalana, UCD, Grupo Popular y los diputados comunistas del Grupo Mixto) y 6 abstenciones (entre ellas las de los dos parlamentarios del CDS).El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, present¨® y justific¨® el decreto a convalidar. Dijo que hab¨ªa sido necesario prorrogar los presupuestos de 1982 y hacer ciertas adaptaciones en materia tributaria y financiera para el funcionamiento de la maquinaria del Estado hasta que pueda ser elaborada y debatida por las Cortes la ley ordinaria de presupuestos del Estado para 1983. Arguy¨® la autorizaci¨®n constitucional para prorrogar los presupuestos y explic¨® que a su juicio ninguno de los puntos regulados por el decreto ca¨ªa en la inconstitucionalidad. El decreto, seg¨²n dijo, se concibi¨® en tres grandes bloques: posibilidades financieras (deudas y avales); medidas de car¨¢cter tributario (pr¨®rroga y modificaci¨®n de disposiciones); y financiaci¨®n de las necesidades urgentes de las haciendas territoriales.

En el primer bloque aparecen las normas precisas para el funcionamiento del Estado hasta la aprobaci¨®n definitiva de la ley de presupuestos del 83 -"que dif¨ªcilmente se producir¨¢ antes de la primavera"-. Se trata de ampliar el techo de gastos y avales, normas relativas al cr¨¦dito oficial, empresas p¨²blicas, deuda del Estado y pagar¨¦s del Tesoro. En el segundo bloque, el tributario, se consolidan las normas anteriores que estaban ya vigentes en los presupuestos del 82 y se clarifica el marco fiscal para 1983 que ser¨¢ ratificado en la ley de presupuestos de este a?o. Boyer habl¨® de una mayor progresividad en la escala de grav¨¢menes en el Impuesto sobre la Renta de, las Personas F¨ªsicas, destac¨® que por primera vez se ha elevado la deducci¨®n general y resalt¨® las mejoras introducidas en el tratamiento fiscal de las familias. Coment¨® tambi¨¦n que el decreto concede incentivos a la inversi¨®n privada desde un punto de vista de rentabilidad. Se trata de potenciar la desgravaci¨®n a las inversiones reales y no a las meramente financieras (potenciar el mercado de las emisiones y suprimir la obligatoriedad de mantener durante tres a?os los t¨ªtulos para favorecer el mercado secundario).

Pr¨®xima ley de tasas por el uso de servicios

La limitaci¨®n del 30% de la renta para deducciones por inversi¨®n en valores o inversiones en viviendas fue justificada afirmando que "no son las familias modestas las que pueden dedicar m¨¢s de un 30% de su renta al ahorro". Explic¨® el aumento de la imposici¨®n indirecta en la necesidad de facilitar la pr¨®xima implantaci¨®n del Impuesto sobre el Valor A?adido y de que sea a trav¨¦s de ¨¦ste como se financie en buena medida la Seguridad Social. Como novedad anunci¨® la pr¨®xima presentaci¨®n a las Cortes de una ley de tasas que gravar¨¢ a los usuarios de servicios y no al colectivo nacional. La incidencia de la presi¨®n fiscal es seg¨²n Boyer, s¨®lo de un 0.002% del Producto Interior Bruto estimado para 1983.

Tras la exposici¨®n de la herencia econ¨®mica de 1982 y de los objetivos para 1983 por parte de Boyer (que se detallan en otra informaci¨®n), Pedro Schwartz replic¨® en nombre del Grupo Popular. En un discurso que provoc¨® numerosas reacciones de indignaci¨®n e hilaridad, puso en duda la constitucionalidad de este decreto al que se opuso porque introduce, a su juicio, un peligroso cambio en las costumbres financieras p¨²blicas, al dejar de regir los presupuestos la vida econ¨®mica del Estado.

Critic¨® tambi¨¦n las limitaciones a las deducciones por compra de vivienda, la desaparici¨®n de las desgravaciones por inversi¨®n en bolsa, y afirm¨® que "el exceso de recaudaci¨®n obtenido por la persecuci¨®n del fraude se podr¨ªa utilizar para aligerar la carga fiscal de los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones con Hacienda".

Schwartz dijo que "se est¨¢ queriendo conjugar unas medidas de pol¨ªtica econ¨®mica ortodoxa, conservadora, con otras contrapuestas destinadas a contentar a los seguidores socialistas (reducci¨®n de jornada, aumento de la edad de retiro, etc¨¦tera). "?C¨®mo puede ocurr¨ªrsele a ning¨²n economista en su sano juicio que unas medidas que aumentan el coste unitario de la hora de trabajo, puedan aumentar establemente la demanda de mano de obra?". Schwartz dijo que "tres promesas de los socialistas les van a perseguir como furias vengadoras hasta destruirles: la promesa de detener la subida de precios; la promesa de gobernar eficazmente; y la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo netos en cuatro a?os", augurios recogidos con carcajadas por los socialistas.