Gobierno Civil, Diputaci¨®n y Coplaco coordinan sus esfuerzos para acabar con las urbanizaciones ilegales

El Gobierno Civil, la Diputaci¨®n Provincial y la Comisi¨®n de Planeamiento y Coordinaci¨®n del Area Metropolitana (Coplaco) han llegado a un acuerdo para atajar y encauzar uno de los fen¨®menos m¨¢s preocupantes de la provincia de Madrid: la proliferaci¨®n, en los ¨²ltimos tres a?os sobre todo, de m¨²ltiples urbanizaciones supuestamente ilegales, situadas en terrenos calificados como r¨²sticos o aptos para la explotaci¨®n agr¨ªcola, y que han dado lugar a numerosos conflictos de orden p¨²blico y han llevado la angustia a cientos de familias modestas que invirtieron sus ahorros en la compra de las parcelas.

La plaga de parcelaciones de suelo r¨²stico, que luego eran ofrecidas con posibilidad de construir una vivienda, se ha extendido, sobre todo, por los pueblos del segundo cintur¨®n de Madrid. Los promotores contaban a su favor con varios factores. El primero, una legislaci¨®n ambigua, con numerosas lagunas legales, sobre lo que se entend¨ªa por n¨²cleo urbanizado. El segundo, la tradicional postura de inhibici¨®n seguida por las autoridades de Coplaco y del Gobierno Civil, que desoyeron durante meses las iniciativas de la Diputaci¨®n y aseguraban, de hecho, un cierto grado de impunidad a las empresas.La victoria socialista en las elecciones generales y la consiguiente renovaci¨®n de puestos en la administraci¨®n provincial supuso un cambio radical. Actualmente, tanto el gobernador civil, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, anterior presidente de la Diputaci¨®n, como el presidente actual, C¨¦sar Cimadevilla, y el delegado del Gobierno en Coplaco, Eduardo Mangada, son hombres que ya sosten¨ªan de entrada ideas y planteamientos coincidentes en este tema. Tambi¨¦n la actitud de los propios compradores comienza a dar un giro apreciable: si al principio se opon¨ªan fuertemente a las medidas municipales -con lo que, de hecho, se alineaban con los promotoras-, se advierte ahora la tendencia contraria de exigir a las empresas responsabilidades por la v¨ªa judicial.

Se reconocen los derechos

En la primera reuni¨®n mantenida en el Gobierno Civil entre Rodr¨ªguez Colorado, Eduardo Mangada y Javier Garc¨ªa Bellido, director de los servicios urban¨ªsticos de la Diputaci¨®n, se acord¨® afrontar el problema desde dos l¨ªneas complementarias. Por un lado, se parte de la base de reconocer y amparar el derecho de los madrile?os menos favorecidos econ¨®micamente a disfrutar de una segunda vivienda en el campo, por modesta que sea, acompa?ada de una peque?a parcela en la que puedan tener su huerto. La comisi¨®n tripartita constituida est¨¢ trabajando ya en la localizaci¨®n de ¨¢reas de la provincia en las que, por no afectar a terrenos de ¨®ptimo aprovechamiento agr¨ªcola o de inter¨¦s ecol¨®gico, podr¨ªan destinarse a parcelaci¨®n y venta.

Por otro, se adoptar¨¢n medidas de dureza contra aquellas promotoras que han hecho o¨ªdos sordos a las campa?as informativas de la Diputaci¨®n y a las denuncias presentadas por los ayuntamientos respectivos. Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado declar¨® ayer que se est¨¢n revisando todos los expedientes atrasados abiertos por presuntas infracciones, y en aquellos en que se compruebe la existencia de infracci¨®n se ordenar¨¢ la paralizaci¨®n de las obras y se impondr¨¢n fuertes sanciones econ¨®micas, que pueden llegar hasta el tope de cincuenta millones de pesetas. Para multas superiores a esta cantidad, el Gobierno Civil elevar¨¢ la propuesta de sanci¨®n al Gobierno. En estos momentos hay ya una propuesta de sanci¨®n de 75 millones.

Otro cap¨ªtulo en el que los tres organismos han mostrado su conformidad es el apoyo a las autoridades municipales, tambi¨¦n en una doble direcci¨®n: prestar asesoramiento t¨¦cnico y jur¨ªdico para la apertura y tramitaci¨®n de expedientes y, por otra parte, poner a disposici¨®n de los alcaldes las fuerzas de orden p¨²blico necesarias para que se cumplan realmente los decretos municipales de paralizaci¨®n de obras sin licencia e incluso de demolici¨®n de viviendas construidas irregularmente. Hasta ahora, seg¨²n palabras de Rodr¨ªguez Colorado, era impensable que un ayuntamiento modesto pudiera controlar estos aspectos con una dotaci¨®n de unos pocos polic¨ªas municipales.