El mapa auton¨®mico y la goma de borrar

AUNQUE QUEDA pendiente el tr¨¢mite del Senado, la aprobaci¨®n, la pasada semana, por el Congreso de los Diputados de los Estatutos de Baleares, Castilla-Le¨®n, Extremadura y Madrid cierra virtualmente la configuraci¨®n jur¨ªdica del Estado de las Autonom¨ªas. Parad¨®jicamente, el acontecimiento coincide con una seria ofensiva de la derecha conservadora dirigida a alterar, con fines electoralistas, el mapa auton¨®mico concluido por la C¨¢mara Baja para dar cumplimiento al mandato contenido en el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n. Desgraciadamente, la maniobra pol¨ªtica en curso puede esgrimir h¨¢bilmente en su favor que el dise?o global de las comunidades aut¨®nomas, al arrancar del pie forzado de tener que cubrir por entero el territorio espa?ol, no ha sido realizado -ni pod¨ªa serlo- seg¨²n criterios homog¨¦neos. El art¨ªculo 144 de la Constituci¨®n, que faculta a las Cortes Generales para sustituirse en la inciativa auton¨®mica provincial y acordar incluso un Estatuto a los territorios que no lo hubiesen solicitado, es la manifestaci¨®n legal de esa especie de horror al vac¨ªo institucional que los profesores de Derecho Administrativo transmitieron en su d¨ªa a nuestros pol¨ªticos.Dejando a un lado a las llamadas nacionalidades hist¨®ricas, definidas en buena medida por la supervivencia de lenguas espa?olas (el catal¨¢n, el gallego y el eusquera) diferentes del castellano, y a las regiones caracterizadas geogr¨¢fica y culturalmente de forma n¨ªtida (como es el caso de Andaluc¨ªa), los delineantes tuvieron a veces que trazar las fronteras del mapa auton¨®mico mediante decisiones forzosamente arbitrarias. All¨ª donde la conciencia de singularidad de una comunidad se asociaba con demarcaciones provinciales -de siglo y medio de antig¨¹edad, por lo dem¨¢s- antes que con espacios regionales m¨¢s amplios, las inclusiones o las exclusiones cartogr¨¢ficas no pod¨ªan ser deducidas de la aplicaci¨®n de criterios indudables aportados por la memoria hist¨®rica o las realidades econ¨®micas. Por voluntad de sus habitantes, Santander dej¨® de ser la Monta?a de Castilla para convertirse en Cantabria, mientras que Logro?o opt¨® por la solter¨ªa auton¨®mica con el nombre de La Rioja. Mucho m¨¢s complicado es el caso de las comunidades-¨®mnibus que, como Castilla-Le¨®n y Castilla-La Mancha, dif¨ªcilmente pueden suscitar el patriotismo regional de sus habitantes. La comunidad madrile?a, separada de las provincias circundantes por el justificado temor a que su peso demogr¨¢fico las aplastase, tampoco puede aspirar razonablemente a que los vecinos de los pueblos serranos se identifiquen espont¨¢neamente con los habitantes de la capital.

Sobre el trasfondo de esa inevitable imprecisi¨®n, las maniobras partidistas y las redes caciquiles de la derecha tradicional han comenzado a poner en marcha en algunas regiones, con ayuda de los agravios comparativos y las rencillas de campanario, los rechazos provinciales al actual marco auton¨®mico. La debilidad de los criterios para justificar unos l¨ªmites, en vez de otros, en el dise?o de algunas comunidades concede plausibilidad negativa a las tentativas de alterar unos ¨¢mbitos regionales cosidos con alfileres, pero trasmite id¨¦ntica artificialidad a las propuestas de promover un reagrupamiento alternativo. Los argumentos extra¨ªdos con forceps de la historia para justificar el derecho de Segovia a la autonom¨ªa uniprovincial, se mueven en el mismo plano de fantas¨ªa que las razones esgrimidas por sus adversarios para sustentar su obligaci¨®n de integrarse en Castilla Le¨®n. Para seguir con los ejemplos, ?corresponde a la historia decidir que Le¨®n forme parte de Castilla-Le¨®n, aspire a la autonom¨ªa uniprovincial o incorpore a su unidad de destino a Zamora y Salamanca? Las protestas de algunos Ayuntamientos cacere?os contra la representaci¨®n proporcional en las instituciones auton¨®micas dif¨ªcilmente pueden apoyarse en la ficci¨®n de que C¨¢ceres tenga derecho a exigir una confederaci¨®n con Badajoz, pero tampoco pueden ser combatidas con la idea de una Extremadura metaf¨ªsica situada por encima de las dos provincias que la componen. El irredentismo de quienes sostienen que Burgos debe ser la capital de una comunidad que excluya a Le¨®n pero abarque a Santander y Logro?o pertenece a ese mismo mundo, ni verdadero ni falso, sino simplemente irreal, que el electoralismo de UCD y del PSOE, los agravios comparativos contra las nacio nalidades hist¨®ricas y el arbitrismo de los profesores de Derecho Administrativo (los ¨²ltimos constructores de Estados desde el jacobinismo de los despachos) crearon durante las dos ¨²ltimas legislaturas. La c¨¦lebre pol¨¦mica entre Am¨¦rico Castro y Claudio S¨¢nchez Albornoz quedar¨ªa en agua de borrajas si los historiadores aficionados y los eruditos locales al servicio de los caciques comenzaran a discutir los fundamentos seculares de sus contrapuestos mapas.

La tentaci¨®n de pescar votos en las aguas revueltas del particularismo puede mover a Manuel Fraga a respaldar todos y cada uno de los esfuerzos orientados a desguazar las comunidades-¨®mnibus y a enconar las rivalidades interprovinciales. Esa estrategia obligar¨ªa a Alianza Popular a ser anticastellana en Le¨®n y Segovia, antileonesa y antisegoviana en el resto de las provincias castellanas, antiburgalesa en Cantabria y La Rioja, antipacense en C¨¢ceres, anticacere?a en Badajoz, etc. Ante este panorama, s¨®lo cabe confiar en que el sentido del Estado y la responsabilidad pol¨ªtica disuada a los l¨ªderes de Alianza Popular, por rosadas que sean sus perspectivas de restar votos al PSOE, de la idea de respaldar a sus caciques provinciales en la demag¨®gica tarea de lanzarse, con una goma de borrar y un tiral¨ªneas, a reformar el mapa auton¨®mico. La actual configuraci¨®n de las comunidades territoriales es, fuera de las nacionalidades hist¨®ricas y de algunas regiones con indudable identidad, el fruto de una convenci¨®n pol¨ªtica. No hay razones, sin embargo, para afirmar que otras articulaciones territoriales alternativas resultasen menos artificiales que las hoy existentes. Es cierto que Alianza Popular no particip¨®, por su m¨ªnima representaci¨®n parlamentaria, en la discusi¨®n de las fronteras del mapa auton¨®mico y que tampoco fue invitada a suscribir los pactos firmados por el Gobierno Calvo Sotelo y el PSOE en el verano de 1981. Pero la contradicci¨®n entre la patri¨®tica imagen que de s¨ª mismo suministra Fraga como hombre de Estado y la s¨®rdida miseria que se derivar¨ªa del despliegue hasta sus ¨²ltimas consecuencias de esa estrategia de campanario, ya iniciada por Alianza Popular en Le¨®n, Segovia, Burgos y Caceres, da fundamentos para creer que la responsabilidad pol¨ªtica ganar¨¢ finalmente la batalla, pese a todo, en el principal partido de la oposici¨®n. De otra forma habr¨ªa que concluir que la derecha espa?ola est¨¢ dispuesta a convertirse en la c¨ªnica heredera de los reinos de Taifas y el cantonalismo de la Primera Rep¨²blica por motivos estrictamente electoralistas.