Reforma administrativa: las contradicciones de una medida

Uno de los objetivos de la reforma administrativa es conseguir restablecer una productividad del trabajo en los distintos departamentos de la Administraci¨®n. Si esto se lograra, podr¨ªa decirse que el ¨¦xito de la operaci¨®n estaba asegurado. Pero, si bien el objetivo resulta deseable para el pa¨ªs, el procedimiento normativo a aplicar para su consecuci¨®n est¨¢ siendo materia de opini¨®n y discusi¨®n entre el funcionariado y, en algunos casos, generando cierto rechazo, como es el de la jornada laboral homologada a la de la empresa privada.Cierto es que el Gobierno no precisa de una nueva ley para legitimar su prop¨®sito, pues en la legislaci¨®n vigente est¨¢ contemplado el horario que se ha implantado. Simplemente, se trata de corregir un desajuste producido entre lo real y lo legal que, por habitual, era ya asumido por los gobiernos anteriorees, permiti¨¦ndose una jornada media de seis a seis horas y media diarias de trabajo, m¨¢s o menos. Pero es evidente que no se trata aqu¨ª de un enfoque contencioso de la legitimidad o de la implantaci¨®n del nuevo horario de siete horas por jornada, esgrimiendo el argumento de los derechos adquiridos, sino de ponderar y valorar la idoneidad de la medida y, por tanto, del procedimiento a seguir para la reforma administrativa, as¨ª como sus consecuencias, sus pros y sus contras, tomando como punto de referencia no s¨®lo los deseos del funcionario, sino los del pa¨ªs, por supuesto, ya que el objetivo com¨²n que responde a un compromiso adoptado no puede desviarse de lo se?alado al comienzo de este escrito.

C¨®mplices de la situaci¨®n

Conviene, en cualquier caso, tener presente que la retribuci¨®n media de cualquier categor¨ªa en la Administraci¨®n viene a ser un 10-20 % m¨¢s baja que en el sector privado. En cierto modo, los gobiernos anteriores, c¨®mplices de la situaci¨®n de ineficacia administrativa, mantuvieron un nivel de crecimiento salarial inferior al del sector privado. Este es el argumento m¨¢s esgrimido por el funcionariado cuando se le llama privilegiado.

Desde hace unos a?os, la opini¨®n p¨²blica viene siendo objeto de una campa?a, m¨¢s o menos sistem¨¢tica, en la que se la ha condicionado contra el funcionario p¨²blico. Un papel predominante en esta campa?a lo ha desempe?ado la nueva doctrina del neoliberalismo econ¨®mico que preside la pol¨ªtica econ¨®mica de los gobiernos m¨¢s conservadores de Occidente, a instancias y por presiones de las macroasociaciones patronales, y en concreto la CEOE en nuestro pa¨ªs.

Por lo general, tanto el funcionario medio como buena parte de la opini¨®n p¨²blica, no han calibrado a¨²n esta relaci¨®n y sus efectos: las campa?as del neoliberalismo econ¨®mico contra el d¨¦ficit de los Presupuestos Generales del Estado y contra la inversi¨®n p¨²blica, est¨¢n dentro de la misma onda que la reducci¨®n de la plantilla de funcionarios, su potencial despido, la p¨¦rdida de su actual estado, etc... Parad¨®jicamente, esa doctrina econ¨®mica pide por su ala extrema derecha la abolici¨®n del Estado y sus servicios p¨²blicos. Cierto que ¨¦sta es la posici¨®n m¨¢s extrema, pero de su filosof¨ªa se alimentan las posiciones m¨¢s moderadas de la patronal, que no ceja en reivindicar la privatizaci¨®n de los sectores p¨²blicos rentables: ense?anza, sanidad, etc...

Funcionarios de ayer y hoy

Cuando resurgi¨®, en 1976-77, el movimiento reivindicativo de los trabajadores p¨²blicos o funcionarios, antes incluso de quedar legalizados los sindicatos en la Administraci¨®n, uno de los principios animadores del movimiento era el de la equiparaci¨®n en derechos sindicales con el sector privado de la econom¨ªa. L¨²cidamente, la reivindicaci¨®n de homologaci¨®n no se planteaba por el rasero inferior de las condiciones del sector privado, sino por el superior: el de los derechos de asociaci¨®n sindical. Se consideraba a aqu¨¦l, como sector de condiciones superiores. Pero la estabilidad en el empleo se vino abajo, con las restructuraciones, la desinversi¨®n, los expedientes de crisis y el Estatuto del Trabajador. Al cabo de estos seis a?os, el crecimiento del desempleo a¨²n no ha tocado fondo, y van dos millones censados. Ahora, las miradas de los aspirantes a un puesto de trabajo se han centrado en el sector p¨²blico, donde la estabilidad a¨²n resiste el embate. ?Qui¨¦n no envidia a un funcionario p¨²blico por su fijeza laboral? Explotar esta crisis de trabajo, contra los trabajadores p¨²blicos, forma parte de la campa?a neoliberal, que acumula progresivamente condiciones favorables a sus intereses de reducir la Administraci¨®n a su m¨ªnima expresi¨®n.

En este contexto de crisis de trabajo es f¨¢cil explotar un enfrentamiento entre los trabajadores del sector privado y los privilegiados del sector p¨²blico.

El chantaje aflora con la siguiente f¨®rmula: "Tendr¨¦is que pagar vuestro estado de fijeza trabajando las cuarenta horas semanales, aunque seguir¨¦is cobrando por las 31 que ven¨ªais trabajando"; o lo que es lo mismo: "Se os va a homologar con el sector privado ¨²nicamente en las cuarenta horas, pues la fijeza vale tanto como las nueve horas de plus-trabajo que ahora ten¨¦is que entregar al Estado-patr¨®n".

Cuesti¨®n de m¨¦todo

Una cosa es la ineficacia administrativa v¨ªa ineptitud de la jerarqu¨ªa administrativa, incapaz de organizar el trabajo de los curritos funcionarios en cada departamento, como ha venido sucediendo hasta ahora (salvo honrosas excepciones), y otra muy distinta el relajamiento, la inhibici¨®n o la vagancia del funcionario que, por carecer de un plan de trab de un clima, de una organizacion y, en general, de unas condiciones favorables para trabajar, se ha convertido en v¨ªctima de esa ineficacia.

El problema ha venido generado m¨¢s por la no organizaci¨®n del trabajo en la jerarqu¨ªa que por el absentismo de las bases. Adem¨¢s, otro c¨²mulo de problemas ligados provocan la par¨¢lisis, como es la falta de trabajo en equipo, la carencia de una reglamentaci¨®n de los ascensos, falta de una profesionalidad y causa administrativa, favoritismo, compra de fidelidades, enormes desigualdades retributivas, complicidades arriba y abajo, y otras tantas corruptelas. ?C¨®mo salir de ah¨ª? Desde luego, no resuelve nada tomar como primera medida el alargamiento de la jornada de trabajo actual, cuando a¨²n no se han barrido esos obst¨¢culos que obstruyen la actividad administrativa normal o impiden la deseada eficacia.

La medida no concuerda con los principios de la pol¨ªtica socialista actual de reducir la jornada como medio para repartir el trabajo socialmeente disponible. Es contradictorio que, por un lado, el Gobierno tenga que enfrentarse a la patronal para regular por ley un acortamiento de la jornada laboral en el sector privado y, por otro, tenga que enfrentarse como patr¨®n a sus propios trabajadores p¨²blicos para alargarles el tiempo de trabajo personal. ?Por qu¨¦ esta doble estrategia? ?C¨®mo van a entender los funcionarios a un Gobierno que, en base al s¨®lido argumento estrat¨¦gico de que "trabajando menos horas habr¨¢ m¨¢s trabajo para todos", les pide a sus funcionarios estar m¨¢s horas en el centro de trabajo?

La reducci¨®n de jornada no es fruto de reivindicar el derecho individual a la pereza, sino una imposici¨®n del cambio tecnol¨®gico incesante, aunque tambi¨¦n es verdad que este objetivo ha de llevar parejo el otro de car¨¢cter social: el reparto del trabajo asalariado socialmente existente. Entonces, ?por qu¨¦ el Gobierno socialista, patr¨®n p¨²blico, no opta por esta v¨ªa de avance con sus propios trabajadores asalariados, los funcionarios? ?No se estar¨ªa entonces en condiciones de realizar una profunda reforma administrativa gan¨¢ndose al funcionario para el logro de la eficacia deseada?