M¨¢s de 90.000 desaparecidos, en Latinoam¨¦rica en los ¨²ltimos a?os
En Am¨¦rica Latina hay m¨¢s de 90.000 detenidos-desaparecidos. Cerca de 50.000 son fruto de*las sucesivas dictaduras en Guatemala; 30.000 son atribuibles a siete a?os de Gobierno militar en Argentina; 2.500 casos se han producido en Chile; 120, en Uruguay; un n¨²mero incalculable, en Paraguay, El Salvador, Honduras y Hait¨ª. Siguen sin ser esclarecidas algunas desapariciones en Brasil, Colombia y Venezuela. En M¨¦xico, por ¨²ltimo, hay 507 desaparecidos, de los que la mayor parte pertenecen a poblaciones ind¨ªgenas.Estos son los datos que ha hecho p¨²blicos en Madrid la Federaci¨®n Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), que ha celebrado en la capital espa?ola una sesi¨®n de trabajo antes de inciar una gira por varias cap?tales europeas, incluida una presentaci¨®n ante la Comisi¨®n de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Esta Federaci¨®n, creada en noviembre de 1981 en Caracas, est¨¢ integrada por asociaciones de familiares de desaparecidos de trece pa¨ªses latinoamericanos, entre las que se encuentra la de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Su sede permanente se encuentra en la capital venezolana.
La gira europea de su presidenta y vicepresidenta Pamela Pereira (chilena) y Elida Bursi (argentina), incluye una escala fundamental en Italia, donde intentar¨¢n obtener un compromiso del Gobierno italiano para que presente a debate en la Comisi¨®n de Derechos Humanos d¨¦ las Naciones Unidas el proyecto de Convenci¨®n sobre Desaparecimiento Forzado, elaborado por la Federaci¨®n en su tercer congreso, celebrado en Lima en noviembre de 1982.
Impedir la disidencia
El proyecto de Convenci¨®n pretende, b¨¢sicamente, determinar el "desaparecimiento forzado de personas (...), llevado a efecto con la intenci¨®n de reprimir, impedir o entorpecer la oposici¨®n o disidencia por quienes desempe?an funciones gubernativas..." como "un delito de derecho internacional y un crimen de lesa humanidad". Como tal, "no admite la calificaci¨®n de delito pol¨ªtico ni de delito com¨²n", sus autores no gozar¨¢n del derecho de asilo territorial ni diplom¨¢tico, ni podr¨¢n ser afectados por ninguna medida de gracia, y "tanto la acci¨®n penal como la pena impuesta son imprescriptibles".En las entrevistas mantenidas en Madrid, la comisi¨®n de FEDEFAM ha expuesto la conveniencia de que el Gobierno espa?ol respalde la eventual presentaci¨®n de la Convenci¨®n en la ONU por parte de Italia.
Elida Bursi, que forma parte tambi¨¦n de las Madres de Mayo, destac¨®, asimismo, la importancia que tendr¨ªa para su federaci¨®n una declaraci¨®n del Parlamento espa?ol considerando a la ¨¢esaparici¨®n por motivos pol¨ªticos como un ctimen de lesa humanidad, como ya ha hecho el Parlamento de Venezuela y como esperan que haga pronto la C¨¢mara legislativa italiana.
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