Pol¨ªtica de prioridades

Si en el pasado se ha venido poniendo un acento, quiz¨¢ excesivo, en la plasmaci¨®n del principio de libertad de ense?anza, entendido casi exclusivamente en el sentido de que el Estado deber¨ªa garantizar el derecho a la libertad de creaci¨®n y de elecci¨®n de centros, el Gobierno del PSOE, a la luz del programa expuesto ayer en el Parlamento por su ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall, parece inclinarse por el establecimiento de un orden claro de prioridades como principio inspirador de toda su pol¨ªtica educativa, incluido el cap¨ªtulo de las relaciones con el sector privado de la ense?anza.En este contexto, el derecho a la elecci¨®n ha de ceder su lugar de importancia a los prioritarios derechos a la educaci¨®n y a la gratuidad, de donde cabe deducir que "no existe un derecho a la subvenci¨®n indiscriminada por parte de los centros", puesto que las ayudas del Estado deben responder a ese orden previo de clar¨ªsimas prioridades.

Una interpretaci¨®n precipitada podr¨ªa llevar a la conclusi¨®n de que la atenci¨®n a los problemas de la ense?anza estatal se vaya a hacer en perjuicio de la ense?anza privada, sobre todo si se tiene en cuenta el ¨¦nfasis en la dispar evoluci¨®n que han seguido en los ¨²ltimos a?os las inversiones en un sector y otro, que el ministro ha puesto de relieve en casi todas sus intervenciones p¨²blicas desde su nombramiento y sobre la que ayer mismo volvi¨® a insistir. Pero del discurso de ayer lo que parece desprenderse con claridad es la intenci¨®n de someter la pol¨ªtica de subvenciones a ese mismo orden de prioridades, en virtud del cual no pueden esperar el mismo tratamiento, por ejemplo, los centros situados en las zonas nobles de las grandes urbes que aquellos otros, que se encuentran cumpliendo un servicio de escolarizaci¨®n en las zonas rurales o en los suburbios y cinturones industriales de las ciudades.

El ministro record¨® ayer el escaso o nulo cumplimiento de las ¨®rdenes ministeriales de enero de 1972 que regulaban los criterios para la adjudicaci¨®n de las subvenciones ("ubicaci¨®n en zonas rurales o en n¨²cleos de poblaci¨®n de modesta econom¨ªa y selecci¨®n del alumnado entre residentes pr¨®ximos a la zona donde est¨¢ ubicado el centro"), as¨ª como el incumplimiento de la normativa sobre comisiones de control de las usodichas subvenciones.

En definitiva, todo parece indicar que la anunciada legislaci¨®n al respecto, que el ministro ha prometido enviar al Parlamento antes del verano, va a seguir una estricta direcci¨®n en este sentido, as¨ª como en el de recoger las oportunas garant¨ªas para el respeto a cierto nivel del pluralismo interno en los centros, compatible con el car¨¢cter propio de los mismos, expresi¨®n que parece ir adquiriendo carta de naturalezaen sustituci¨®n del controvertido ideario.