Efectos socioecon¨®micos de la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica

La reforma de la Administraci¨®n se justifica porque numerosos servicios no cumplen satisfactoriamente las funciones que tienen encomendadas. El organigrama de la Administraci¨®n es confuso y tiene duplicaciones; las tareas no est¨¢n bien coordinadas; la selecci¨®n del funcionariado no se adec¨²a a las necesidades de la gesti¨®n p¨²blica; muchos empleados de la Administraci¨®n est¨¢n infrautilizados. Estos problemas deber¨ªan haber sido abordados desde hace mucho tiempo con una racionalizaci¨®n administrativa.Al Gobierno socialista se le puede reprochar que las primeras medidas que ha puesto en marcha para reformar la Administraci¨®n -ley de Incompatibilidades y cumplimiento de la jornada- son mec¨¢nicas; puestos a modernizar la Administraci¨®n, es mucho m¨¢s eficaz establecer las dedicaciones y los tiempos de trabajo en funci¨®n de las tareas, los rendimientos y los incentivos, en el marco de una gesti¨®n por objetivos.

No obstante, lo que no cabe discutir es la conveniencia de la racionalizaci¨®n, que podr¨ªa haber sido llevada a cabo por cualquier otro Gobierno modernizante, sin necesidad de invocar un programa socialista. Porque el cambio de la Administraci¨®n, para aumentar su eficiencia, es una racionalizaci¨®n que pertenece a la l¨®gica del sistema capitalista.

En el supuesto de que la reforma administrativa tenga ¨¦xito, el capital privado ser¨¢ el beneficiario directo del cambio, dado nuestro sistema socioecon¨®mico.

La anterior afirmaci¨®n se justifica en las leyes de la econom¨ªa pol¨ªtica. Los funcionarios y, en general, los trabajadores pagados con cargo al presupuesto del Estado -ense?antes, recaudadores, fuerzas de orden p¨²blico, etc¨¦tera- no se dedican a la producci¨®n, sino a la reproducci¨®n del sistema productivo. En consecuencia, la racionalizaci¨®n de la Administraci¨®n podr¨¢ tener efectos econ¨®micos a medio y a largo plazo sobre el conjunto de la sociedad espa?ola; pero esos efectos depender¨¢n de la manera en la que el sector productivo, mayoritariamente en manos del capital privado, sepa utilizar unos servicios p¨²blicos m¨¢s eficientes.

Si se lograse la racionalidad administrativa en el sector p¨²blico, y persistiese la racionalidad del beneficio privado en el sector productivo, el resultado final ser¨ªa un aumento de la acumulaci¨®n de capital, que ir¨ªa a parar, sobre todo, a los grandes grupos econ¨®micos que pueden utilizar mejor los servicios del Estado. La reforma administrativa, sin reforma de la econom¨ªa de mercado, favorece al capital monopolista y explica el benepl¨¢cito con el que se la contempla desde la c¨²pula de las organizaciones empresariales y financieras.

As¨ª no se crea empleo

Todav¨ªa no sabemos si la reforma administrativa va a acompanarse o no de una acci¨®n igualmente en¨¦rgica sobre el sector privado. Incluso cabe que alg¨²n gobernante piense que llevando a cabo la primera puede ahorrarse la segunda. Conviene dejar claro que, aplicando la ley de Incompatibilidades y exigiendo el cumplimiento de la jornada completa a los funcionarios, ni se van a crear nuevos puestos de trabajo ni se va a disponer de m¨¢s dinero p¨²blico para atender otras necesidades sociales. La obtenci¨®n del capital necesario para el equipamiento colectivo y el logro del pleno empleo requieren medidas pol¨ªticas socialistas que transformen la distribuci¨®n del producto social, y no meras medidas de gesti¨®n administrativa.

He se?alado que la dedicaci¨®n exclusiva de los funcionarios no va a incrementar los puestos de trabajo. Si la racionalizaci¨®n de la Administraci¨®n se lleva coherentemente y los funcionarios trabajan m¨¢s horas, se necesitar¨¢n menos empleados en el sector p¨²blico. Los puestos de trabajo liberados en la Administraci¨®n y en el sector privado por los pluriempleados a quienes se les apliquen las incompatibilidades, a nivel macroecon¨®mico, son puestos de trabajo excedentes; aunque en alg¨²n sector concreto, como la medicina p¨²blica, concurra al mismo tiempo insuficiencia de plazas y una mala repartici¨®n de las mismas.

Por tanto, ser¨ªa una ligereza crear falsas expectativas en una situaci¨®n de paro como la nuestra, insinuando que la ley de Incompatibilidades va a abrir un mercado de trabajo en la Administraci¨®n: el balance final, en n¨²mero de empleos, del Estado, ser¨¢ negativo, excepto si se opta por una pol¨ªtica artificial de generaci¨®n de empleos p¨²blicos, contradictoria con los objetivos de la reforma. Habr¨¢, sin duda, funcionarios que prefieran abandonar su cargo y pasar con exclusiva dedicaci¨®n a la empresa privada. Pero estos casos liberan un puesto de trabajo en la Administraci¨®n para disminuir la oferta en el sector privado. Desde el punto de vista de la oferta global de trabajo, el saldo final tender¨¢ a cero.

Comidos por servidos

Por lo que respecta al coste total de los salarios de la Administraci¨®n p¨²blica para el pa¨ªs, no cabe esperar una econom¨ªa, a menos que el Estado se convierta en un patr¨®n que vulnere no s¨®lo los principios socialistas, sino los del mercado laboral. Salvando los casos muy excepcionales de quienes hayan vivido a costa del Estado, el conjunto de los funcionarios, como cualquier otro colectivo de trabajadores, cambia un tiempo de trabajo por unos ingresos. Los Gobiernos precedentes no pudieron o no quisieron pagar el valor que tiene todo el tiempo de trabajo de un bedel, una mecan¨®grafa, un m¨¦dico o un catedr¨¢tico; valor que nunca puede estar por: debajo de lo que cada uno de esos trabajadores necesita para reproducir sus condiciones de vida y las de su famil¨ªa.

En consecuencia, y como no se puede ocupar todo el tiempo productivo de un bedel con 30.000 pesetas, ni de un catedr¨¢tico con 110.000 pesetas, la dedicaci¨®n efectiva de estos funcionarios, como no podr¨ªa ser menos, descendi¨® hasta equilibrarse con el valor de los salarios. Las pr¨¢cticas laborales que se generalizan en un colectivo, obedecen a razones estructurales, y no morales, como debe de saber cualquier pol¨ªtico que haya le¨ªdo un manual de sociolog¨ªa. Se comprende que en el momento en el que la Administraci¨®n reclame para s¨ª todo el tiempo de trabajo de sus funcionarios tendr¨¢ que terminar pag¨¢ndoles de acuerdo con su valor. En conse cuencia, la econom¨ªa que sehabr¨¢ producido al eliminar los puestos de trabajo excedentes quedar¨¢ compensada con los incrementos, salariales: el balance final, nuevamente, tender¨¢ a cero.

Podr¨ªa decirse, con frase castiza, despu¨¦s de estos an¨¢lisis, que la reforma de la Administraci¨®n nos deja comidos por servidos. Sin embargo, no es verdad. Si la racionalizaci¨®n administrativa se lleva a t¨¦rmino con funcionarios justamente pagados y ocupados a tiempo completo en las tareas p¨²blicas necesarias, aumentar¨¢ la productividad en el sector privado. Yo no veo contradicci¨®n en que un. Gobierno socialista se empe?e en modernizar la Administraci¨®n, a sabiendas de qui¨¦nes van a ser los beneficiarios del esfuerzo. La cuesti¨®n est¨¢ en saber s¨ª, una vez que el capital privado comience a obtener los beneficios de una Administraci¨®n que le permita producir con m¨¢s eficiencia, se le va a seguir atribuyendo la propiedad del incremento del producto social resultante.

Ser¨¢ in¨²til recordar que los fondos necesarios para la inversi¨®n en servicios sociales y para el erripleo se acumulan con m¨¢s abundancia en las cuentas de resultados de los bancos y de las grandes empresas multinacionales que en las cuentas corrientes de los empleados del Estado. Una reforma administrativa que fuese la alternativa a un cambio del sistema de acumulaci¨®n de capital excedente en Espa?a ser¨ªa el mejor servicio que podr¨ªa hacerse al gran capitalismo.

La historia proporciona ejemplos de Gobiernos socialistas que apelaron a la ¨¦tica social para llevar a cabo los cambios adm¨ªnistrativos y econ¨®micos desagradables; cambios que, en cualquier caso, el propio capital tendr¨ªa que haber realizado para reajustarse a las crisis econ¨®micas que ¨¦l mismo genera. Cuando esos Gobiernos socialistas postergaron para despu¨¦s de las reformas morales de la Administraci¨®n las reformas sociales en la distribuci¨®n de las plusval¨ªas, nunca pudieron lograr un reparto m¨¢s justo del producto social, porque, una vez hecho el trabajo ingrato, los poderes econ¨®micos reinstalaron en el Gobierno a sus representantes, mandando a casa a los socialistas, con el agradecimiento por los servicios prestados.