Una huelga en las alturas

LOS ALTOS cuerpos de la Administraci¨®n del Estado amenazan con la huelga, la primera de su historia laboral. El motivo de procedimiento aducido es su falta de representaci¨®n en una mesa de negociaciones en la que se discutir¨¢ el aumento de las retribuciones salariales para este a?o y, al parecer, una serie de criterios sobre la reforma de la Administraci¨®n. Pero los altos cuerpos se han movilizado tambi¨¦n por razones de fondo, ya que rechazan de antemano cualquier posibilidad de subida lineal de los sueldos en la Administraci¨®n P¨²blica y temen una dr¨¢stica alteraci¨®n en el sistema de retribuciones, mantenido hasta ahora en la discreta penumbra de los despachos ministeriales.Unos diez mil altos funcionarios de una veintena de cuerpos, que constituyen la flor y nata de la Administraci¨®n y lucen los mayores coeficientes en su paga mensual y no pocos beneficios hist¨®ricos, han sido convocados para secundar el paro. Los ciudadanos mas ingenuos se preguntar¨¢n con cierto asombro c¨®mo esas miles de personas, que dicen representar ante la sociedad la continuidad, la permanencia y la responsabilidad del Estado, se vuelven contra ese Estado que ellos mismos pretenden servir. En medio de una gigantesca crisis de empleo, con m¨¢s de dos millones de parados que suspiran por un puesto de trabajo, el clamor de nuestros funcionarios de ¨¦lite podr¨ªa sonar como algo resueltamente on¨ªrico si no fuera porque su protesta se ampara en la confusi¨®n existente en torno al reconocimiento de la acci¨®n sindical dentro de la propia Administracci¨®n p¨²blica y en la ausencia de un Estatuto de la Funci¨®n Publica.

El reciente anuncio del ministro de Trabajo en el Congreso sobre una pr¨®xima legislaci¨®n reguladora de la sindicaci¨®n de los funcionarios y su derecho de huelga se ha cruzado con esa reclamaci¨®n de los trabajadores p¨²blicos m¨¢s privilegiados que no se consideran representados por las centrales sindicales UGT, CCOO y la Confederaci¨®n Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Las elecciones sindicales se han desarrollado entre los funcionarios de un modo parcial e indirecto. Una de las consecuencias de este proceso ha sido que los cuerpos superiores tuvieron diversas opciones para presentar candidatos individual o colectivamente. Algunos de estos funcionarios de ¨¦lite formaron parte como independientes de las listas del CSIF. Ahora, sin embargo, protestan porque quieren mantener su repesentaci¨®n corporativa, la misma que durante decenios les permiti¨® controlar las partidas presupuestarias a trav¨¦s de la junta de retribuciones que repart¨ªa los complementos y las dotaciones especiales haciendo gala de una cierta concepci¨®n patrimonialista del Estado.

La huelga se inscribe as¨ª, parcialmente, en una confusa discusi¨®n sobre la representatividad de los sindicatos convocados por la Administraci¨®n para negociar sus niveles de retribuci¨®n y su sistema de reparto. Pero la acci¨®n de estos singulares huelgistas, sin experiencia sindical, se suma a otras salpicaduras de diversa ¨ªndole causadas por el retraso del Gobierno en acometer la reforma de Administraci¨®n en toda regla y por el suced¨¢neo improvisado e incompleto de aplicar la mano dura tan s¨®lo en cuestiones de horario o incompatibilidades. La brecha abierta por esta huelga sin precedentes podr¨ªa llevar al Gobierno y a no pocos sectores de nuestra sociedad a considerar la necesidad de unificar estos reinos superiores de taifas en un s¨®lo cuerpo de la Administraci¨®n p¨²blica y de destinar los complementos e incentivos a premiar lo que hacen -y no lo que son- nuestros funcionarios. Sin embargo, justo es reconocer que el Gobierno comenz¨® por el tejado la reforma de la Administraci¨®n y que hubiera sido bueno que las Cortes Generales tuvieran ya en su poder el proyecto de ley encargado de desarrollar el mandato constitucional inclu¨ªdo en el art¨ªculo 103 de nuestra norma fundamental.

La oportunidad de pasarle una gruesa factura a los funcionarios de altos cuerpos de la Administraci¨®n espa?ola no carece, por lo dem¨¢s, de justificaciones, entre otras su apacible convivencia con el anterior r¨¦gimen autoritario y su tendencia, en el sistema actual, a brincar primero desde la funci¨®n p¨²blica a la pol¨ªtica y despu¨¦s, en obligado regreso cuando se pierden unas elecciones, desde los cargos electos a los escalafones administrativos a los que pertenecen con car¨¢cter vitalicio. En nuestro pa¨ªs, el servicio civil y la pol¨ªtica a secas est¨¢n intercomunicados por mil canales que privan de autonom¨ªa a la funci¨®n p¨²blica y la hipotecan con criterios partidistas y politizaciones interesadas. La patrimonializaci¨®n del Estado, en unos casos m¨¢s claros que en otros, es una de las acusaciones de la sociedad hacia quienes hubieran debido promover de manera continua y eficaz el desarrollo de las instituciones y el mejor funcionamiento del sistema. Porque, en ocasiones, estos presuntos servidores del Estado se comportan m¨¢s bien como si fuesen sus due?os.

Pero, en ¨²ltima instancia, en 1983 no se est¨¢ juzgando el pasado, sino que se trata de configurar el futuro con el concurso de todos. La impetuosa llegada del Gobierno socialista a la Administraci¨®n, con la nueva reglamentaci¨®n de las incompatibilidades y los horarios, no ha sido demasiado mal acogida por los propios afectados, pese a su alto grado de improvisaci¨®n. Existe entre muchos la sana presunci¨®n de que el restablecimiento de la normalidad en el funcionamiento del Estado quiz¨¢ precise unos cuantos correctivos ejemplificadores. Ahora bien, la discriminaci¨®n de las minor¨ªas en materia de representaci¨®n y en su capacidad para opinar sobre las subidas de sueldos y los criterios de reforma de la Administraci¨®n entra?a el riesgo de un agravio comparativo, con sus correspondientes cargas de humillaciones. El divorcio de los representantes electos de la soberan¨ªa popular con los cuerpos especiales de la Administraci¨®n puede dejar desguarnecido uno de los flancos m¨¢s vulnerables de la sociedad en la hora en que se avecinan importantes decisiones pol¨ªticas, sociales y econ¨®micas. El Gobierno y su mayor¨ªa parlamentaria, que disponen de legitimidad pol¨ªtica suficiente para reformar el aparato del Estado, deben actuar con firmeza, pero tambi¨¦n con prudencia, al adoptar decisiones importantes en el trato con el personal que tiene el deber (tan mal entendido por tantos de ellos), de estar al servicio de todos los ciudadanos. La huelga de hoy reviste por eso peligrosos caracteres pol¨ªticos que no conviene perder de vista.